Unos meses después del tercer expediente de regulación de empleo en seis años llega la negociación del nuevo convenio colectivo para los 4.000 empleados de Vodafone en España. La operadora se recupera de una de sus mayores caídas en los últimos años en este mercado. Y los sindicatos que conforman el comité de empresa estudian si prorrogar ese documento un año más para tratar de mejorar todo el contexto económico del grupo -tras un año y medio complicado- y, por tanto, lograr unas mejores condiciones económicas.
La cuenta atrás ha comenzado. Queda apenas un mes y medio para que los sindicatos o la empresa denuncien el actual convenio y arranque la negociación de un nuevo. El que aprobaron en el año 2016 concluye su vigencia el 31 de diciembre de este año. Y ambas partes pueden reclamar un proceso de diálogo social al menos con una antelación mínima de un mes a la fecha de terminación de ese periodo de tres años o de cualquiera de sus prórrogas.
Ese convenio de 2016 se negoció en un contexto diferente al actual. En aquella fecha, Vodafone seguía siendo el segundo operador por ingresos después de Telefónica y por encima de Orange. Y su estrategia se orientaba a ser un operador más centrado en la gama más premium de productos, con un grupo Másmóvil -hoy uno de sus más duros competidores- aún en ciernes. En aquel momento se arrancaron unas condiciones positivas, como una subida salarial del 2% para ese año y de un mínimo del 1% para los siguientes ejercicios, incluso con condiciones de negocio más negativas.
El entorno actual es muy diferente. La compañía lleva un año y medio en una particular 'travesía en el desierto' después de ejecutar, a mediados del año pasado, un reposicionamiento estratégico con un guiño hacia el 'low cost' y un adiós al fútbol por su alto precio para sustituirlo por una apuesta por el cine y las series. Sólo en el segundo trimestre de este año -primero de su ejercicio fiscal- sufrió una caída del 10% en los ingresos hasta situarlos en casi 1.100 millones de euros.
Con todos estos ingredientes sobre la mesa, la negociación de un nuevo convenio se antoja complicada para los sindicatos. Fuentes de los dos mayoritarios del comité -liderado por UGT- confirman a La Información que en las próximas semanas deberán decidir si reclaman posponer ese pacto a dentro de un año. "La duda es la de siempre: si negociar ahora implicará unas peores condiciones que si se pospone", apuntan desde uno de los sindicatos.
Hay un problema para esta prórroga, según precisan algunas de esas fuentes. El convenio colectivo aprobado en 2016 no refleja la reorganización laboral que llevó a cabo la compañía de telecomunicaciones después de ejecutar el ERE de algo más de 1.000 personas hace varios meses. Esa nueva organización iba destinada a eliminar duplicidades y simplificar toda la estructura, lo que ha conllevado cambios en el plano laboral con la reducción de los centros regionales o el reparto de las funciones de su área de Operaciones de Cliente en otros departamentos.
La situación económica
En los últimos meses, en el seno de Vodafone confían en que se esté produciendo una ligera recuperación comercial -gracias al empuje también de su segunda marca 'low cost' Lowi- que se verá reflejada con mayor fortaleza en los dos próximos trimestres. En concreto, en septiembre, según datos aún no oficiales, ha vuelto a la ganancia de clientes con contrato móvil provenientes de otras operadores (portabilidad): en total algo más de 15.000 más. Se trata del tercer mes consecutivo con mejoras. Queda por ver si este buen desempeño se ve reflejado en los ingresos y logra compensar las caídas acumuladas. Y queda por ver si, finalmente, los ahorros por no haber comprado el fútbol -y por la reducción de costes laborales tras el ERE- permiten mejorar las ganancias y el ebitda.
La plantilla de la compañía de origen británico se ha enfrentado en los últimos seis años a la ejecución de tres expedientes de regulación de empleo (ERE) con los que ha ido reduciendo la plantilla. Antes del primer despido colectivo en 2013 contaba con casi 4.200 empleados, lo que supone algo más de los 4.000 con los que se quedará tras el último que se ejecutó antes del verano.
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