En un escenario global que marca el objetivo de reducir las emisiones de efecto invernadero en un 20% en el año 2030 (en comparación a las cifras que se alcanzaban en 1990), conseguir un mix energético que lo permita se convierte en prioridad. Una de las bazas para lograrlo, por la que apuesta el sector, es el gas renovable aunque, hacer que sea uno de los ejes sobre los que pivote la industria, conlleva pasos imprescindibles.
Uno de estos movimientos necesarios es la creación de un marco legal nacional que permita la inyección de biometano en la red. Esa es una de las conclusiones del Primer Foro Tecnológico para impulsar y desarrollar el gas renovable en España, convocado por la Fundación Naturgy.
Lo que distingue al gas renovable es que se genera a partir de desechos orgánicos, ya sean ganaderos, agrícolas o industriales. También, con los precedentes de vertederos y plantas de aguas residuales, lo que permite acelerar la apuesta por una economía circular y reducir emisiones de CO2.
Su impulso conlleva no sólo cambios regulatorios, también la creación de estándares y certificados de origen, además de avanzar en las posibilidades de uso, como fertilizante, del digestato, el residuo, rico en materia orgánica, que se genera en la producción del biogás. Aspectos que analizaron este martes representantes de los principales actores del sector, como Enagas, Sedigas, Naturgy, Nedgia, Cener, Ciemat, HTN Biogas, del Parque Tecnológico Valdemingómez o del Ministerio de Transición Ecológica, entre otros.
Un nuevo marco
España va por detrás de otros países europeos a la hora de configurar un modelo legal, un marco legislativo que permita la inyección de biometano (gas renovable) en la red de gas natural. La directiva europea que ampara al sector ya marca un sistema de acceso a terceros a las redes de transporte y distribución. Sin embargo, no hay a escala comunitaria, una normativa uniforme específica respecto a la inyección de biometano.
Esa carencia no ha impedido que países como Alemania, Francia, Reino Unido u Holanda ya tengan sus propios modelos. Los cuatro regulan no sólo la estructura de propiedad de este sistema, también el acceso a las redes y cómo se estructura el reparto de costes.
¿En qué se diferencian? A rasgos generales, Alemania ha apostado por un marco de "todo regulado, donde el operador de la red es el que tiene mayores responsabilidades", según explicó Álvaro Feliu, consultor externo de la Fundación Naturgy. En ese esquema, el regulador también asume la mayor parte de los costes de conexión. A cambio, recibe un pago específico que se aplica a los consumidores y a los distribuidores de gas.
En cambio, en Francia, el operador también tiene responsabilidades, pero una menor regulación y se facilitan los acuerdos entre las partes, entre los productores de gas renovable y los operadores de la red. En el otro extremo de la intervención alemana se sitúan Holanda y Reino Unido, donde los operadores de la red tienen una amplia discrecionalidad, de manera que los trabajos y los costes recaen, casi siempre, en el productor de biometano.
En ese abanico de opciones, España debe definir su propio modelo. "Un plan que contemple todas las áreas y a todos los usuarios", según indicó Sergio López, subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica. También apuntó que el Ejecutivo está trabajando en ese marco, que prevé una estimación de costes y que el Ministerio lo estima para los próximos meses.
Un esquema que es necesario porque, según señaló Francisco Torres, responsable del Desarrollo Nuevos Negocios de Nedgia, hay actores del sector interesados en apostar e invertir en este modelo de inyección de gas renovable al sistema. "Para que haya viabilidad tiene que haber un plan", asumió.
Certificados de origen
La apuesta por el gas renovable también requiere pasos enfocados hacia la emisión de certificados de origen, que permitan garantizar que el gas se ha inyectado en la red en una fecha y con unas características concretas. Un movimiento por el que aboga el grupo automovilístico Seat. "La automoción puede beneficiarse a dos o tres años vista. Hay que empezar a andar y para eso tiene que existir un certificado a nivel nacional", expuso Ramón Calderón, responsable de Relaciones Institucionales de Seat.
Esos certificados no sólo garantizan que ese gas se ha obtenido con fuentes de energía renovables, también fomenta a los productores a inyectar el gas en la red. Otro aspecto a tratar es el uso del digestato, el residuo que se genera en la producción del biogás, como fertilizante en determinadas zonas geográficas.
En España, parte del territorio es excedentario en nutrientes orgánicos, pero algunas zonas del centro y el sur de la Península son deficitarias y podrían aprovecharse de esta alternativa, que también requiere un marco regulador. En este sentido, Gema Gonzalo, representante de la Subdirección General de Residuos del Ministerio de Transición Ecológica, recordó que su uso tendrá que estar acorde y no superar los requisitos que marca el Reglamento que está elaborando la Unión Europea.
En esta línea, María Luisa Castaño, directora del Departamento de Energía del Ciemat, apuntó que el digestato crecerá como recurso en la medida en la que sea reconocido como fertilizante y caminemos hacia una economía digital. De nuevo, en su uso, se requiere la colaboración y la negociación entre agentes públicos y privados y el desarrollo de un marco estable de regulación.
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