A la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) no le va a faltar trabajo en 2021. En el año que acaba, la fiebre de las renovables, que ha disparado los planes de inversión y la compraventa de activos, ha provocado también un aluvión de quejas por las dificultades para administrar los derechos de enganche a la red. En estos momentos, según fuentes del regulador, hay 158 expedientes en tramitación de los 168 acumulados desde enero. La media de tramitación se sitúa en un año cuando el plazo previsto es de tres meses. Un señor atasco.
El Gobierno y la CNMC, a través de decretos y circulares, trata de poner orden en un sector energético afiebrado en el que empresas y fondos se emplean con intensidad en la carrera para instalar 60 GW "verdes" en los próximos 10 años. El Ejecutivo tiene previsto aprobar en el último Consejo de Ministros del año el decreto de acceso y conexión que debe poner orden en el proceso de instalación. El decreto pendiente de aprobación, junto con la circular elaborada por la CMC -pendiente todavía de dictamen del Consejo de Estado-, son los broches al proceso de limpieza de la burbuja renovable que se inició en el mes de junio.
El primer dique contra la especulación se armó con el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprobaron medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. El decreto facilitó al gestor de la red de electricidad, Red Eléctrica de España (REE), la limpeza del escenario especulativo. Revisó derechos, plazos y condiciones y ofreció una retirada a tiempo -recuperando avales- a las adjudicaciones menos sólidas. De la noche a la mañana desaparecieron 40 GW en solicitudes de acceso. Fue el primer hito y se fijó en septiembre. Antes de fin de año, hay otro en marcha.
Una forma de expurgar
En concreto, antes del 25 de diciembre, las instalaciones que tengan derechos de acceso y conexión concedidos entre el 1 de enero de 2018 y el 24 de junio de 2020, no solo deberán haber presentado su solicitud de autorización administrativa previa, sino que, además, habrán de lograr que dicha solicitud sea expresamente admitida a trámite por la Administración competente. Una forma de expurgar que animará más reclamaciones, según señalan fuentes jurídicas.
A estos requisitos se añadirán los previstos en el nuevo decreto que va a aprobar el Gobierno. El criterio general para el otorgamiento de los derechos de conexión será la prelación temporal. No obstante, se establecen excepciones en el caso, por ejemplo, de que se convoquen concursos de capacidad o para aquellos promotores con permisos caducados o si renunciaron a ellos con el decreto de junio. También se establecen exenciones para el autoconsumo y se reducen los plazos y trámites en los casos de hibridación de plantas y de pequeñas instalaciones.
El tema es muy sensible. Hay mucho dinero en juego. Habitualmente, las informaciones muestran a un puñado de sociedades con proyectos renovables en marcha. Son las que ganaron las subastas de renovables de los años 2016 y 2017. Se trata de compañías como Cobra (ACS), Enel Green Power, Forestalia, X-Elio, Naturgy, Solaria, Siemens Gamesa... Pero al sector se han ido incorporando muchos otros grupos y fondos que olfatean un suculento negocio en los próximos años.
Efervescencia y enganches
Toda esa efervescencia explica que REE llegara a registrar solicitudes de enganche equivalentes a un total de 121,7 GW de potencia eólica y fotovoltaica con derechos de acceso y conexión concedidos. A ellos había que sumar otros 47,6 GW en tramitación. Toda esa potencia duplicaba las previsiones de nueva energía verde del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hasta el año 2030.
Los codazos por acceder a los puntos de enganche han acabado en expedientes sancionadores. En concreto, la CNMC ha decidido actuar contra Enel Green Power, S.L. (Enel) y su matriz Endesa Generación, S.A. por presuntas prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia. La investigación se centra en un posible abuso por parte de Enel de su posición dominante en el mercado de acceso.
La compañía lo niega. Según la eléctrica, no tiene posición de dominio en ningún caso, puesto que representa menos de un 10% de los nudos y, además, no perjudicó a ninguna empresa porque existían alternativas de acceso al nudo por parte de los solicitantes. Más allá de la discusión, el caso de Enel ilustra la guerra por tener acceso a la red para vender la energía que se va a generar con renovables.
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