Competencia cambia el reparto de cargas del recibo de la luz para animar el ahorro

Gráfico peajes.
Gráfico peajes.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha aprobado la circular de peajes eléctricos que debe entrar en vigor el 1 de enero. La norma reparte entre los consumidores los costes del sistema eléctrico, unos 7.000 millones de euros. Tras un intenso debate interno, Competencia ha decidido modificar la estructura del recibo de la luz de los consumidores domésticos, con menos de 15 Kw de potencia contratada, de forma que los costes no recaigan por completo sobre el término fijo -potencia- del recibo sino que dependan en un 25% del consumo del usuario para estimular el ahorro.

El cambio en la estructura del recibo de la luz es un asunto polémico. España tiene el término fijo de la factura eléctrica más caro de Europa. Todo por la reforma que aprobó el Gobierno del PP en el año 2013 que prácticamente duplicó el coste del peaje de potencia. La reforma tenía como objetivo aumentar la recaudación y también hacer que los ingresos del sistema eléctrico fuesen menos dependientes del consumo en un momento de caída de la demanda. 

El incremento de la parte fija del recibo para segurar los costes fijos del sistema -y los ingresos de las compañías- recibió numerosas críticas de expertos y organizaciones de consumidores. Argumentaban que aumentar el término fijo de la factura en lugar de reducirlo no fomenta el ahorro y tampoco contribuye a combatir el cambio climático. Por el contrario, los defensores de la medida de 2013, sostienen  que al meter más costes en la parte variable del recibo, es posible que se reduzca el ahorro de electricidad... pero sólo para consumir otras fuentes de energía como gas, diésel o gasolina.

Gestión de peajes

En mitad del debate, los técnicos de la CNMC, que estrenó en enero las  competencias que le permiten gestionar los peajes, hicieron una propuesta de máximos: descargar la totalidad de los costes de las redes eléctricas en el término fijo de la factura de la luz. Justificaban la propuesta en que las redes están diseñadas para cubrir toda la potencia que demandan los clientes hasta las horas punta e independientemente de que el resto de las horas del año la demanda sea nula. Eso justificaría que el coste de las redes fuera mayoritariamente fijo y, por lo tanto, asignado al término fijo del recibo. La propuesta no ha pasado filtro.

Se ha impuesto la idea de animar el ahorro, algo que pactaron en su día PSOE y Unidas Podemos para el sistema eléctrico. Su análisis: A mayor coste del kWh, más incentivo para reducirlo y más razones para instalar bombillas LED, electrodomésticos eficientes o, sencillamente, ahorrar, por no hablar del interés por al autoconsumo. Está muy presente lo sucedido desde la reforma de 2013, tras el cambio en “la ponderación de la facturación de los términos de potencia y energía activa".

Reforma y subidas

Con la reforma subió un 36% el término fijo del recibo mientras cayó un 40% el de consumo. El resultado, apenas un año después, fue demoledor: la potencia contratada costaba el doble en apenas un año. Se pasó de 21,8 euros kilovatio/hora en febrero de 2013 a 42 euros en febrero de 2014. Y lo que es peor, se extendió el mensaje de que ahorrar más no significaba pagar menos.

El debate está cerrado en la parte que afecta a los pequeños consumidores. Para la industria, los cambios son especialmente sensibles. En España, la mitad del consumo eléctrico se concentra en apenas un millón de consumidores. La mayor parte son empresas, que se podrían ver muy afectadas si se apostara por hacer recaer los costes regulados sobre el consumo. La situación política ha impedido la aprobación de un estatuto propio para los grandes consumidores industriales y estos advierten periódicamente sobre los riesgos de deslocalización. 

Los peajes que aprueba la CNMC y su reparto es sólo una parte de la factura eléctrica final. En la parte fija del recibo pesan también los cargos destinados a pagar a las renovables, la deuda eléctrica y las instalaciones fuera de la península de las compañías eléctricas. Son alrededor de 10.600 millones y sobre ellos decide el Ministerio de Trasición Ecológica.

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