El sistema de subvención eléctrica más o menos encubierta que beneficia a grandes empresas consumidoras de electricidad siempre ha sido polémico. Por una doble vía. Porque las grandes compañías han presionado para no perderlo y porque Bruselas duda de su legalidad. Para evitar el choque, el Gobierno retocó el sistema de interrumpibilidad el pasado año y ha anunciado que volverá a hacerlo en el segundo semestre. Para ello ha solicitado el preceptivo informe a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La comisión no da su brazo a torcer, cuestiona el sistema y aboga por su reforma, según fuentes del organismo.
Para empresas como Alcoa, Arcelor Mittal, Asturiana de Zinc, Celsa o Ferroatlántica, por mencionar sólo algunas, lo que suceda con el sistema de subvenciones es un problema serio. Hasta 2014, la gran industria se beneficiaba de rebajas en la factura por la mera disposición a desconectarse de la red en caso necesario. El apoyo era importante: en una década, los consumidores -el manantial del que surgen todos los apoyos- han contribuido con más de 4.700 millones.
En 2014 se introdujo un sistema de subastas, muy polémico, para mantener el sistema en pie y en 2017 se aprobó otro criterio: las empresas podían ser desconectadas de la red -por decisión de Red Eléctrica de España-no sólo por la necesidad de cuadrar oferta y demanda, sino para modular los precios de la electricidad en caso necesario. Para adjudicar las compensaciones, las empresas debían pujar en subasta sobre dos productos de potencia interrumpible: uno consistente en reducciones de consumo de 5 MW y otro de 90 MW. Todo ello, mediante un sistema informatizado de subastas de precio descendente gestionado por REE.
El sistema -previsto para cinco meses- no gustó a la CNMC. El organismo cargó en su informe contra el diseño de la subasta. Entre otras críticas, advirtió del elevado coste del sistema, de su complejidad y de que la división en bloques de 90MW de la subasta favorecía a las grandes industrias.
Ante las críticas, el Ministerio reaccionó y anunció una rebaja de los bloques a subastar de 90 MW a 40 MW. El propósito de la medida, según el Ministerio de Energía, es “aumentar la competencia en el procedimiento de subastas que permite asignar el servicio, aspecto que ha sido sugerido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en diferentes informes emitidos desde la puesta en marcha de este mecanismo competitivo”.
El nuevo mecanismo estará en vigor en el segundo semestre del año. Para la CNMC es un avance. Pero no acaba con el problema. Por ello, apuntan fuentes internas del organismo, el informe encargado con carácter de urgencia por Energía sobre el nuevo sistema mantendrá el tono crítico. Más cuando tampoco agrada a Bruselas. España está bajo la lupa de la Comisión Europea, junto a Alemania, Francia, Italia, Polonia, Suecia, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Irlanda y Croacia por utilizar mecanismos en el sistema eléctrico para favorecer indebidamente a productores y empresas.
Tensiones en Asturias
Es un asunto delicado. En el pasado, cuando se cuestionaron los pagos por interrumpibilidad, se registraron tensiones. Asturias, donde se ubican grandes industrias consumidoras de electricidad como Alcoa, ArcelorMittal o Asturiana de Zinc, es una de las regiones más afectadas.
Para las empresas de gran consumo eléctrico, los pagos por interrumpibilidad son importantes. Un ejemplo: en 2013, Bruselas forzó al Gobierno italiano a devolver lo que consideró ayudas ilegales y provocó el cierre de Alcoa en la localidad de Fusina. Pero justificar el apoyo no es fácil. A pesar de los más de 500 millones de coste anual, el sistema, tal y como estuvo concebido durante más de una década sólo fue necesario utilizarlo en un par de ocasiones desde 2008.
El apoyo a determinadas empresas mediante ayudas más o menos encubiertas ha provocado también sonados encontronazos políticos. Para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017, PP y PNV pactaron rebajas en la factura para 1.200 empresas, 800 de ellas vascas, por importe de 50 millones de euros. Pero el pacto está en el aire. La Generalitat de Cataluña lo ha denunciado en la UE y Ciudadanos lo ha criticado con dureza.
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