La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha empezado a preparar el terreno para suavizar la rebaja de retribuciones a las empresas gasistas que han propuesto sus técnicos para el periodo 2021-2026. El primer movimiento ha sido una reunión de la poderosa Asociación Española del Gas (Sedigas) con la vicepresidenta de la CNMC, María Fernández, responsable de la Sala de Regulación de Competencia. En Sedigas se integran las dos compañías más afectadas: Naturgy y Enagás. La tensión es máxima. Naturgy fue la primera empresa que anunció una suspensión de inversiones en nuevas redes por los recortes.
Las empresas están dolidas con la CNMC. Por la propuesta de recortes -de entre el 18,8% y el 21,8%- y por la forma en que Competencia ha llevado el proceso. Las empresas sostienen que la CNMC ha actuado sin consultar, de forma acelerada, sorpresiva y sin necesidad. Porque el próximo periodo regulatorio del gas, a diferencia del eléctrico (2020-2025) no se inicia hasta dentro de dos años (2021-2026). Se duelen porque, según explican, la CNMC ha tocado el nervio del negocio al cambiar un modelo de retribución que tenía en cuenta la demanda a otro en el que lo que considera es la vida útil de los activos.
En la CNMC se aceptan de entrada algunos de los argumentos ya expuestos por las empresas. El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, lo ha expresado públicamente al afirmar que mantiene "la puerta abierta" a que en el periodo de información pública se pueda suavizar la propuesta de recortes. Las empresas tienen de plazo hasta el 9 de agosto para presentar alegaciones. Saben que el terreno es propicio a sus argumentos, por lo que están en plena siembra.
Nervios a flor de piel
Los nervios están a flor de piel. Las grandes compañías, como Narturgy o Enagás, se juegan mucho en el envite. Pero también las pequeñas que han entrado en el negocio como Engie, Alpiq, Shell o Bizkaia Energía. Algunas, como es el caso de Madrileña de Gas o Gas de Extremadura, se han sumado a la moratoria de inversiones que anunció Naturgy.
El peso de la pugna con la CNMC y en menor medida con el Ministerio de Transición Ecológica lo lleva la patronal gasista . Esta se ha declarado "decepcionada" por la propuesta de la CNMC que, en su opinión, pone en riesgo los objetivos medioambientales del Gobierno. Aunque no todo el mundo cuestiona las circulares de Competencia. Hasta 11 asociaciones industriales -GasIndustrial, Acogen, Anfevi, Anffecc, AOP, Ascer, Aspapel, Consejo Intertextil Español, Confevicex, Feique y Unesid- han mostrado su apoyo a la revisión de retribuciones de las gasistas para equipararlas, dicen, a las del resto de Europa.
Las industrias que dependen del gas para su producción consideran que los recortes de la CNMC al sector están bien planteados. Creen que las empresas gasistas han cobrado de más durante años. Adelantan números. La sobreretribución, sostienen, asciende a 586,4 millones de euros por activos ya amortizados. Además, destacan que el nuevo modelo permite adecuar el cobro por punto de de suministro a los que sean realmente rentables.
La presión de las compañías de gas para evitar los recortes también se dirige al Gobierno. Representantes de Sedigas han tanteado a la ministra Teresa Ribera para "colocar" sus argumentos en la CNMC. Pero ese camino está cegado porque Competencia sólo ha hecho uso de las funciones que estrenó en enero. El regulador está en su papel y el Ministerio de Transición Ecológica no ve motivo de pelea. Al contrario de lo que ha sucedido con el trato a las renovables, el ministerio no ve razones para ir al choque con la CNMC por la regulación al gas.
Alarmadas y también muy enfadadas, las empresas advierten al Ejecutivo de que sin su contribución no podrá sacar adelante los planes medioambientales. La secretaria general de Sedigas, Marta Margarit, sostiene que los cálculos de la CNMC "ponen en riesgo la consecución de las metas del Plan Nacional Integrado de Energíay Clima (PNIEC)". En su opinión, los recortes, impiden que el gas contribuya a abordar los retos de la transición ecológica, que resume en la descarbonización de la economía, la mejora de la calidad del aire y el impulso de la economía circular.
Detrás del debate están las profundas diferencias acerca del futuro de los combustibles fósiles. El sector del gas defiende su papel como garantía durante la transición hacia el modelo energético descarbonizado. Pero la cuestión es cuánto debe durar el viaje. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dejado claro en sus intervenciones en el Congreso que el gas debe asumir que tiene fecha de caducidad. Hace un año, Ribera pidió públicamente "cautela" frente a los "delirios" de quienes creen que una energía de transición (el gas) puede extenderse "ad infinitum", lo que lleva a posibles excesos "tanto en la generación [de electricidad] como en infraestructuras". Doce meses después, el debate está en todo lo alto.
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