Los planes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para recortar la retribución a las empresas gasistas han provocado un revuelo sin precedentes. Las grandes compañías como Naturgy y Enagás, pero también las pequeñas, encabezadas por Madrileña Red de Gas, iniciaron antes del verano una campaña intensa para evitar un hachazo en los ingresos de hasta 500 millones al año entre 2021 y 2016. Dicha campaña, en la que también ha participado la patronal gasista Sedigas, ya da frutos. En la CNMC hay consejeros –la mitad está en funciones- que ven con buenos ojos la posibilidad de retrasar la tramitación de la circular de recortes al gas para centrar los trabajos en la revisión de las retribuciones al sector eléctrico, un proceso menos conflictivo. El debate está en todo lo alto y se puede decidir en la reunión del Consejo prevista para la próxima semana.
El calendario para aprobar los recortes en el sector energético que planea Competencia tiene fecha límite el 31 de diciembre. Pero hay diferencias. Mientras que las nuevas normas que afectan a la electricidad, con sus peajes y sus cargos, tienen que estar aprobadas forzosamente el 1 de enero de 2020 para el periodo 2020-2025, el caso del gas es diferente. La polémica circular de los recortes afecta al próximo periodo regulatorio del sector gasista, que comprende del año 2021 al año 2026. Hay menos prisa.
La polémica ha acompañado la propuesta de la CNMC desde el inicio. Las empresas han paralizado inversiones y han advertido sobre posibles recortes de empleo. Los fondos que han invertido en las compañías también han presentado sus quejas por escrito. Y, en mitad de la pelea, el Consejo de Estado ha rechazado la petición de la CNMC para que dictamine sobre sus propuestas antes de ser tramitadas. El Consejo considera que la solicitud la tiene que hacer el Gobierno. Es un palo más en una rueda que no acaba de girar.
Plazos apretados
Ante la controversia y lo apretado de los plazos para aprobar hasta 14 circulares, fuentes internas del organismo que preside José María Marín Quemada defienden la posibilidad de retrasar la tramitación de la normativa que afecta al gas. Para las empresas, la posibilidad suena a música celestial. Las empresas están dolidas con la CNMC. Por la propuesta de recortes -de entre el 17,8% y el 21,8%- y por la forma en que Competencia ha llevado el proceso.
Las empresas sostienen que la CNMC ha actuado sin consultar, de forma acelerada, sorpresiva y sin necesidad. Porque el próximo periodo regulatorio del gas, a diferencia del eléctrico, no se inicia hasta dentro de dos años (2021-2026). Se duelen porque, según explican, la CNMC ha tocado el nervio del negocio al cambiar un modelo de retribución que tenía en cuenta la demanda a otro en el que lo que considera es la vida útil de los activos.
Los nervios están a flor de piel. Las grandes compañías, como Naturgy o Enagás, se juegan mucho en el envite. Pero también las pequeñas que han entrado en el negocio como Engie, Alpiq, Shell o Bizkaia Energía. Algunas, como es el caso de Madrileña de Gas o Gas de Extremadura, se han sumado a la moratoria de inversiones que anunció Naturgy.
Máxima tensión
En las alegaciones presentadas a la circular elaborada por la CNMC y en los contactos con responsables de Competencia, las pequeñas empresas han trasladado un mensaje rotundo: si Competencia no revisa el tijeretazo, las empresas corren riesgo de desaparición. El tono de las alegaciones que presentaron ante la CNMC es alarmante, según admiten fuentes al tanto de las mismas. Y la conclusión, unánime: las pequeñas compañías no pueden hacer frente al recorte. Madrileña de Red de Gas considera que daña a la financiación del sector y a la seguridad jurídica.
La CNMC está recibiendo una avalancha de presiones. Y no sólo de las empresas del gas. Del organismo que preside Marín Quemada han salido mensajes hacia Naturgy con una recomendación: ojo con pasarse de frenada al tratar con el empleo. En la Comisión no todo el mundo está de acuerdo con la aparente decisión de Marín Quemada de mantener los recortes planteados. Consideran que hay tiempo para buscar un acuerdo. En el recuerdo, apunta un analista de una gran consultora, está el recorte de 280 millones que se aplicó en el año 2014. Entonces, con el sector gasista en déficit, no hubo tanto revuelo. Claro que aquel recorte tampoco se llevaba por delante el 50% del beneficio bruto (ebitda) de alguna de las compañías afectadas.
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