Ante la próxima temporada

Competencia revisará este año el plazo tope de Telefónica para comprar LaLiga

La CNMC prevé analizar si amplía de 3 a 5 años el periodo máximo para adquirir derechos en exclusiva. La operadora se vio obligada a comprometerse a ese lustro para competir con Dazn.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas
El presidente de LaLiga, Javier Tebas.
Isabel Infantes

No se esperará hasta el año 2023. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizará este mismo ejercicio el tope máximo de tres años para Telefónica en la compra de derechos de retransmisión de LaLiga en su televisión de pago. La operadora se comprometió con la patronal de los clubes a adquirir los dos principales paquetes de la subasta por un periodo de cinco años en caso de que el organismo regulador presidido por Cani Fernández le diera 'luz verde'. De esta forma, se tendrá que retratar un año antes de que tenga que analizar si pone en marcha nuevos 'remedios' seis años después de la compra de Digital+.

Desde la compañía habían fijado la fecha de 2023 para ese alza de tres a cinco años. El propio consejero delegado de la compañía, Ángel Vilá, aseguró el pasado mes de febrero durante la presentación de resultados que esperaba que esta revisión se sumaría también a la de los 'remedies'. Sin embargo, según explican fuentes oficiales de la Comisión a La Información no se va a esperar y el pleno del consejo decidirá sobre el caso en los próximos meses después de que se esté estudiando toda la situación de mercado por parte de la Dirección de Competencia. No existe un plazo estipulado. La petición se hizo formal por parte de Telefónica a finales del año pasado.

La Comisión se mostró muy crítica con La Liga en un demoledor informe sobre las condiciones de la subasta impulsada por Javier Tebas. Y la razón principal fue la ampliación hasta los 5 años en los plazos para pujar, que se establecieron precisamente para llamar la atención de operadores internacionales como Dazn que buscan más margen para poder rentabilizar la fuerte inversión inicial. "Las supuestas eficiencias que argumenta la LNFP para ese incremento de la duración de los contratos son argumentos válidos para justificar la propia comercialización centralizada, pero no para avalar un incremento de la duración de los contratos contrario a la normativa de competencia de la UE", aseguró en el documento.

Ese informe, en el que no sólo había críticas a los plazos sino también a otros aspectos como la "discrecionalidad" en la valoración de las ofertas o la limitación por la que sólo los operadores de televisión de pago podían explotar los lotes, era consultivo. LaLiga mantuvo el pulso y no modificó de manera sustancial los pliegos de la puja. Telefónica no pudo competir en igualdad de condiciones respecto a otros operadores no regulados como dominantes de la televisión de pagos como la propia Dazn u otras como la estadounidense Relevent -que hizo las veces de 'liebre'-. Prueba de ello es que ahora es la CNMC la que tiene que autorizar a la ampliación a los cinco años. Algunos de los rivales más directos en el terreno audiovisual esperan que en caso de que haya luz verde por parte del regulador, algo que entra dentro de lo posible, implique una compensación para ellos, según explican fuentes del sector.

Una negativa de la CNMC a ampliar el plazo no golpearía tanto a Telefónica, sino a LaLiga que tendría que volver a subastar esos dos paquetes

La existencia de esta posición tan clara del regulador de la competencia respecto a las condiciones de la subasta abría la puerta a una escenario en el que se plantearan demandas por parte de ofertantes que se quedaran fuera. Sin embargo, esto no ha sucedido. Además de Telefónica y Dazn participaron otros dos: Relevent, que no pudo plantear una oferta competitiva en el lado de la distribución, y Mediapro, que puso sobre la mesa una oferta alejada de las dos ganadoras. Amazon finalmente no acabó pujando, tal y como reconoció el propio Tebas, pese a los guiños continuos. Ninguna de las dos ha que se quedaron fuera han movido ficha.

Con una potencial negativa de la Comisión tras este examen hay una de las partes que saldría sensiblemente más perjudicada. Es La Liga que tendrá que sacar a subasta en tres años sólo los paquetes que se han quedado 'colgados' frente a Dazn, que tiene el suyo de cinco partidos durante cinco años. En el caso de Telefónica no existe una prisa excesiva y no verían con malos ojos quedarse esos derechos durante los tres años iniciales, pues dos años más 'obligatorios' con las condiciones a las que se ha cerrado esta subasta -sin una gran deflación- pesan en sus cuentas. Aún así, su discurso público ha sido siempre en los últimos meses de crítica dura respecto a la regulación que se le ha impuesto como operador dominante.

Nueva regulación y nueva subasta

El telón de fondo de este nuevo frente de la CNMC con el fútbol televisado es la regulación de Telefónica como operador con posición relevante en la televisión de pago. En julio de 2020 la CNMC aprobó con cierta polémica la ampliación durante tres años más de todas las limitaciones y restricciones impuestas por la compra de Digital+ en el año 2015. Y lo hizo con polémica porque dos consejeros emitieron un voto particular en contra de la decisión al entender que se hace con posterioridad a la finalización del periodo de vigencia inicial de cinco años lo que la hace "inválida por extemporánea". Sea como sea, lo que resulta evidente es que a partir de 2023 es improrrogable esta serie de restricciones, aunque se podrían plantear nuevas exigencias en base a la situación de mercado. Desde la teleco se ha abierto todo un frente contra la Comisión, defendiendo que su posición ha cambiado debido a la irrupción y consolidación de gigantes del streaming como Netflix, HBO o Prime Video.

Como era de esperar, la Comisión ha ido manteniendo su posición invariable respecto a las condiciones de todas las subastas que ha ido ejecutando LaLiga en los últimos meses, más allá de España. La última fue la pasada semana. Aprobó un informe sobre la puja de los derechos de la competición doméstica para cuatro países europeos (Malta, Italia, Portugal y Países Bajos) en el que volvió a criticar la duración de cinco años. Y esgrimió de nuevo la compatibilidad con los precedentes establecidos por la aplicación de las normas de la competencia en la UE. "Reforzarían los efectos de cierre del mercado en beneficio de los incumbentes y en detrimento de los que resultaran no adjudicatarios", concluyó.

Mostrar comentarios