En el año 2018, el nuevo Gobierno de Pedro Sáchez atendió las quejas de las organizaciones de consumidores y prohibió a las comercializadoras eléctricas y de gas natural publicitar o contratar sus productos puerta a puerta, a no ser que la visita hubiera sido solicitada por el consumidor. La intención era acabar con la picaresca, generalizada, que llevaba a los consumidores a la confusión en tarifas y en contratos. En general, las comercializadoras eliminaron las prácticas comerciales agresivas. Pero no todas. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ultima un expediente sancionador contra el grupo Audax Renovables por haber mantenido las prácticas prohibidas.
El vicepresidente del grupo energético, Eduard Romeu, asegura desconocer cualquier investigación. "No nos consta nada específico (por parte de la CNMC) más allá de lo que es habitual cuando dependes de determinados canales comerciales" asegura. "Quizá hay cosas (en relación con la CNMC), pero las propias de una operativa normal".
Audax se define como "una compañía energética integrada verticalmente que se dedica a comercializar y generar energía 100% renovable". Opera en ocho países, cuenta con 350.000 clientes y trabaja para expandirse en España, Italia y Portugal. El problema es cómo lo ha hecho hasta ahora. Según fuentes del supervisor, el grupo ha aplicado una política comercial agresiva. Ha practicado el puerta a puerta, ha sido cuestionada por grandes comercializadoras ante la CNMC y acumula una largo historial, con decenas de denuncias, especialmente en Barcelona. También cuenta con denuncias en Huelva.
El grupo no sólo comercializa energía sino que, desde hace cuatro años, también la produce. Sus resultados, según ha explicado su presidente José Elías a Estrategias de Inversión, han sido muy buenos en los últimos años, con crecimientos de hasta el 40% en los beneficios brutos anuales. El problema es que la rápida expansión ha tropezado en Competencia. El expediente sancionador está prácticamente listo, hay hechos probados y las sanciones por cada práctica prohibida pueden ser elevadas, sin descartar la inhabilitación para operar en el mercado.
Activa con las pymes
La investigación se cruza en los objetivos de la compañía, muy activa en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. Audax ha presentado un plan de contingencia para hacer frente a la crisis del Covid y garantizar su solvencia financiera. Mantiene en el escaparate sus fortalezas: comercialización de electricidad y gas en España, Portugal, Italia, Alemania, Polonia y Holanda y una cartera de generación de 127 MW en España, Francia y Polonia en parques eólicos.
El expediente de Audax revela que las prácticas irregulares en el mercado eléctrico para atraer clientes no han desaparecido por completo, aunque sí ha habido algunos avances. Las grandes comercializadoras eléctricas prácticamente desmantelaron los "comandos de ventas" que disputaban contratos a la competencia casa por casa. La prohibición de comercializar electricidad puerta a puerta obligó a cambiar de tarea a entre 5.000 y 6.000 trabajadores subcontratados por las grandes compañías eléctricas como comerciales.
Hasta ese momento, la competencia feroz y la subcontratación contribuyeron eficazmente a convertir el mercado eléctrico en un espacio difuso en el que los clientes ni siquiera sabían si estaban suministrados en el mercado liberalizado o en el regulado. Aunque la Ley Eléctrica de 2013 obliga a separar de forma clara las comercializadoras de referencia, que tienen obligación de suministrar a los consumidores la tarifa regulada -Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)-, de las comercializadoras del mismo grupo que ofrecen la electricidad en el mercado libre, la confusión fue total durante mucho tiempo.
Casos ¿aislados?
Las compañías se defienden. Sostienen que las malas prácticas son casos aislados, cometidos además por empresas subcontratadas para realizar la labor de captación. Añaden que llevan años adoptando medidas para prevenir las malas prácticas. Pero la desconfianza viene de atrás. Competencia aprobó en septiembre de 2018 una resolución que obliga a las eléctricas a diferenciar claramente ante el consumidor con qué parte de la compañía negocia: con la que vende electricidad a precio regulado o con la filial que opera en el mercado libre.
En general, según coinciden en señalar las fuentes consultadas, la picaresca en el mercado ha disminuido. Pero las irrgularidades no han desaparecido por completo y afectan también a las grandes eléctricas. En marzo, la CNMC aprobó imponer a la eléctrica Endesa una sanción de 100.000 euros por cada uno de los tres contratos de suministro irregulares que denunciaron los familiares de un abonado de Barcelona ya fallecido. La multa -300.000 euros en total- estuvo muy alejada de la propuesta inicial de sanción que llegaba a 600.000 euros por cada documento presuntamente alterado.
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