Jueves, 27.02.2020 - 19:39 h
Investigación en el mercado eléctrico

Competencia suma seis años de espera en la multa de 25 millones a Iberdrola

La sanción sigue en el limbo y la CNMC continúa sin cobrar porque el caso llegó a la Audiencia Nacional en el año 2017.

Central de Aldeávila, propiedad de Iberdrola.
Central de Aldeávila, propiedad de Iberdrola.

Hace cinco años y ocho meses, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) abrió un expediente sancionador a la eléctrica Iberdrola por un hecho muy grave: la posible "manipulación fraudulenta" de los precios en el mercado de la electricidad. Un año después, la Comisión sancionó a la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán con 25 millones de euros. La multa sigue en el limbo y la CNMC continúa sin cobrar porque el caso llegó a la Audiencia Nacional en 2017 por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se ha reactivado después de tres años. 

La multa a Iberdrola, pendiente de cobro, abre y cierra un ciclo. Se impuso por un organismo recién creado -la CNMC- y seis años después, con cinco consejeros que han cumplido su mandato, incluido el presidente José María Marín Quemada y la vicepresidenta María Fernández, sigue sin ver un euro. La multa incobrada a Iberdrola forma parte del rosario de sanciones a las distribuidoras y comercializadoras eléctricas , unas grandes, otras mínimas, que se suceden desde hace una década. Afectan, sobre todo, a las actividades desreguladas: la producción y la comercialización de electricidad. Es la prueba de que la liberalización del mercado energético, más de 20 años después, funciona con muchos problemas.

Un caso muy grave

El caso que afecta a Iberdrola y que investiga el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional es especialmente grave. La CNMC consideró probado que la compañía manipuló el precio de la energía en 2013. En concreto, según el organismo, la eléctrica manipuló fraudulentamente el mercado –reteniendo agua embalsada-, lo que provocó incrementos del precio de la oferta de energía de las centrales hidráulicas de los ríos Duero, Sil y Tajo, entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013. Las sospechas de manipulación  llevaron al Gobierno a cambiar todo el sistema de fijación de precios para evitar que la luz subiera de golpe casi el 11%, en lo que se llamó 'el tarifazo' de la subasta.

El escándalo -el entonces ministro José Manuel Soria llegó a hablar de "burdas manipulaciones"- obligó a eliminar el sistema trimestral de fijación de precios que existía en diciembre de 2013: las subastas Cesur.  Si el Ministerio de Industria no hubiera decidido poner patas arriba todo el sistema, la subida de enero hubiera sido insoportable para muchos hogares. La conmoción forzó la intervención de la CNMC, alarmada al conocer que grandes empresas, siderúrgicas y cementeras, habían paralizado total o parcialmente 21 plantas de producción por las importantes subidas en los precios del kilovatio.

La investigación sin conclusión de la supuesta manipulación de precios no deja en muy buen lugar a España. El regulador sancionó, pero el caso sigue abierto y la multa está en suspenso. Los organismos reguladores comunitarios están al tanto. La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (Acer), el regulador europeo, planteó un requerimiento de información a la CNMC por el caso que afecta a la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán.

Por primera vez

Fue la primera vez que un organismo supranacional se interesaba por el (mal) funcionamiento del mercado eléctrico en España. Según detalló la CNMC en una resolución, el superregulador europeo fue informado del caso el 17 de junio de 2014. Competencia informó a Acer contra la opinión de la eléctrica, que siempre negó los cargos y recurrió la sanción ante la Audiencia Nacional.

Iberdrola (23 centrales, 8.847 MW instalados) y Endesa (4.759 MW) son las empresas que controlan el negocio del agua. Las centrales son clave para su negocio. A diferencia de otro tipo de centrales (carbón, fuel o gas) las centrales hidroeléctricas son muy flexibles. Se pueden poner en marcha rápidamente en caso de que el sistema lo necesite y están bien retribuidas.

Teniendo en cuenta que utilizan un bien público, por el que pagan muy poco, cobran el precio que marca la tecnología más cara. Para las empresas es un chollo. Ninguna norma puede inmiscuirse en cómo gestionan el agua. Las empresas embalsan y desembalsan para mover turbinas y convertir energía potencial en kilowatios y euros. Y lo hacen a su libre albedrío, sin demasiado control. Al menos hasta la fecha.

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