¿Líos urbanísticos? España tiene 72 municipios con problemas de este tipo. "2,5 millones de personas, el 5% de la población española está afectada por alguna incidencia en el plan urbanístico de la localidad en la que vive", afirma Juan Fernández-Aceytuno, CEO de Sociedad de Tasación. Ayuntamientos de todos los colores políticos sufren paralizaciones o suspensiones de las regulaciones urbanísticas que atañen a su ordenación, bien sea de forma total o parcial. Pero, ¿qué pasa si alguien se compra una casa en alguno de estos municipios?
Según argumenta Luis de la Vega, abogado especialista en urbanismo, "depende de la causa de la paralización o la suspensión". "Si los problemas son subsanables, el propietario de la vivienda no tendrá ninguna responsabilidad"; en cambio, si se trata de un problema grave, "por ejemplo, por invadir zonas protegidas", es posible que "te tiren la casa", argumenta.
Uno de los más destacados es el caso de Marbella, sobre la que aún sobrevuela el fantasma de la corrupción. Esta ciudad sufre la paralización del Plan General de Ordenación Urbana de 2010. Por ello, y ante la falta de un referente legislativo, el ayuntamiento adoptó el reglamento anterior, concretamente de 1986, que trata de adaptar a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. En estos años "se han derruido varias propiedades" fuera de la normativa, comenta De la Vega.
Precisamente, el pasado mes de junio, la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, anunció el desbloqueo de 2.500 licencias de vivienda que estaban esperando una respuesta del consistorio para comenzar las obras, ya que durante la suspensión no se pueden otorgar nuevas licencias. Un informe técnico habría permitido comenzar a desbloquear una situación que aún ve lejos el fin.
En el polo opuesto está el municipio madrileño de Boadilla del Monte, con el Plan de Ordenación Urbana paralizado por "problemas de género". En la documentación del reglamento no se incluyó un informe sobre el impacto de género de la nueva modificación urbana, y un vecino decidió denunciarlo. El plan ha sido suspendido y el ayuntamiento de la ciudad está desarrollando uno nuevo.
Mientras tanto, las viviendas que estaban proyectadas en las zonas de nueva urbanización siguen adelante con la construcción, e incluso, se han comenzado a vender nuevas promociones. ¿Qué pasa si alguien se compra una de esas casas? Según De la Vega, "el propietario no tendría ninguna responsabilidad", el nuevo plan sustituiría al suspendido y las propiedades no tendrían repercusión alguna. "Se trata de una anulación por causas menores que serán fácilmente subsanables", argumenta. "Podría suponer un simple cambio de nombre", añade el abogado.
Lo que está claro es que la situación urbanística de muchos municipios españoles se encuentra en un limbo legal. Toledo, Gijón, Logroño, Benidorm, Roda, Santa Cruz de Tenerife y Tarragona, la última en unirse a la lista, son algunas de las ciudades que forman parte del largo registro de 72 municipios españoles con incidencias urbanísticas.
El caso de la Región de Murcia
Cartagena es una de las ciudades con uno de los problemas urbanísticos más enquistados. El plan de ordenación urbana está paralizado desde el año 2012 por una denuncia de Tomás Olivo, el magnate de los centros comerciales en Andalucía. La trimilenaria no puede desarrollar nuevos espacios urbanos al no contar con un reglamento actualizado y, según publicaba en 2016 'La Opinión de Murcia', las inversiones en la ciudad se han paralizado.
Lo cierto es que el Plan de Ordenación Urbana de Cartagena no es el único problema urbanístico de la Región de Murcia. El suelo se acumula en la capital y los precios se desploman, en un mercado en el que solo consigue salvar la jugada con la inversión extranjera. Todo lo contrario ocurre en otras zonas del país, como las grandes ciudadades, en las que la escasez de suelo provoca aumentos del precio de los terrenos que repercuten sobre el de la vivienda, confirma Fernández-Aceytuno.
La Comunidad Valenciana aprueba PATIVEL
Punto y aparte merece PATIVEL, Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana, un reglamento que se ha aprobado recientemente con el fin de modificar los usos del suelo en más de 7.500 hectáreas de suelo. El plan constituye una "nueva visión del territorio que tiene como principios la eficiencia y la sostenibilidad", aseguraba Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, tras su aprobación.
El nuevo reglamento incluye la protección de dos tipos de terrenos: el suelo no urbanizable de protección, es decir, los primeros 500 metros desde la orilla del mar, y el suelo no urbanizable de refuerzo, que se extiende desde el fin del primero y hasta cumplir el kilómetro de espacio.
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