Tras el no del Estado a las reparaciones patrimoniales por el estado de alarma, las hoteleras se dan también de bruces contra la voluntad de los gobiernos autonómicos de compensarle por las medidas restrictivas para frenar el contagio de la pandemia. Es lo que ha hecho la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CAM) tras conseguir el visto bueno de la Comisión Jurídica Asesora (CJA). Su órgano colegiado superior consultivo ha analizado las peticiones de compañías como Meliá, Room Mate o Grupo Gimeno a través de distintas solicitudes que, en suma, reclamaban una compensación de más de 36 millones de euros y que han sido desestimadas.
El grueso económico de esta petición corresponde a la cadena mallorquina Meliá, que divide la reclamación entre tres de sus sociedades (Meliá Hotels International SA, Inversiones y explotaciones turísticas SA y Apartotel SA) y centra su argumentación en la ley que dio lugar al segundo estado de alarma (Real Decreto 926/2020). Esta normativa, que se prorrogó en el tiempo, supuso cercenar libertad de circulación en horario nocturno, así como la restricción de entrada y salida de las comunidades autónomas y limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados.
Para Meliá, la aplicación de todas estas medidas previstas en el Real Decreto 926/2020 tuvo un "efecto singularmente gravoso" para su actividad, pues dicha limitación afectaba gravemente a la libre circulación de los ciudadanos y, por tanto, "a la llegada de potenciales clientes a los hoteles". El expediente adjunta certificados que acreditan la pérdida de ganancias de las distintas filiales en relación con los hoteles perjudicados durante un período de 196 días (6 meses y 12 días) que va desde octubre de 2020 a mayo de 2021.
Room Mate y Gimeno se suman
La compañía de la familia Escarrer no está sola en esta batalla frente a la administración. Room Mate, la compañía en manos del binomio Angelo Gordon - Westmont Hospitality desde el pasado mes de septiembre-, también ha solicitado una reparación por los daños de la pandemia. La compañía, que también buscó ayuda en la administración a través del fondo de solvencia para empresas estratégicas, pide mucho menos dinero (apenas 900.000 euros) en concepto de lucro cesante y daño emergente, ya que su control de daños se circunscribe a seis hoteles que la compañía regenta en Madrid.
Entre sus motivos, Room Mate argumenta que el 88% de sus clientes en 2019 se hospedaron en sus hoteles por razones de ocio y turismo, mientras que el resto lo hizo por motivos laborales, lo que le lleva a concluir "que con las restricciones a la movilidad se ha producido una drástica caída de su facturación entre el mes de septiembre de 2020 y el de abril de 2021". En cuanto a la cuantificación del daño sufrido, Room Mate aportó un informe económico elaborado por su propio departamento financiero en el que se reflejaban a través de dos tablas los cuadros de los ingresos brutos y gastos originados durante el periodo de las restricciones.
El listado de reclamantes se completa con otras empresas de menor tamaño. Una de ellas es el Grupo Gimeno, que presentó su petición de reparación patrimonial en 2021. La familia valenciana pidió reparar a su compañía Hotel Plaza San Martín, de su cadena Intur, que fue reformado en 2018 y se ubica en la antigua sede de la primera embajada de Estados Unidos en Madrid. Sobre la actuación de la administración, la compañía explica que la reacción específica de la administración sobre el sector hotelero "ha conllevado un elevado sacrificio materializado en drásticas bajadas de ingresos y en una situación económico-patrimonial casi de quiebra empresarial".
Pleno de desestimaciones
Los argumentos esgrimidos por la compañía fueron rebatidos por la Consejería de Sanidad, después de que su secretario general técnico pidiera a la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública un informe que analizase las medidas emprendidas. En los tres casos mencionados, este trabajo justificó las citadas medidas por "ajustarse a la legalidad vigente" y por ser "adecuadas, idóneas y proporcionales a la finalidad pretendida", a lo que hay que sumar que eran normas de "carácter temporal" y en continua revisión. Por todo ello, consideraba que "no concurren los requisitos de la responsabilidad patrimonial", pues la batería de medidas se justificaban en motivos de extraordinaria gravedad
Estos argumentos sirvieron para convencer a los expertos jurídicos de la CAM. La Comisión Jurídica Asesora (CJA) ha entendido en todos los casos que concurren todos los requisitos para apreciar que la existencia de una pandemia mundial, formalmente declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es causa de fuerza mayor. Este hecho "fue imprevisible según el estado actual de la ciencia. Además, aun siendo hipotéticamente previsible, fue, sin embargo, inevitable y la causa que lo ha motivado es extraña e independiente de la actuación administrativa", señala el CJA en los tres dictámenes.
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