La disputa mercantil por la agencia de valores Beka Values entre el empresario José Luis Blázquez y la entidad financiera Beka Finance se resolverá mediante un arbitraje extrajudicial, según ha podido saber La Información de fuentes del mercado. Ambas partes han acordado hacer uso de una de las cláusulas pactadas en el acuerdo de accionistas como forma de resolver el litigio que tienen abierto desde que Blázquez fuera destituido como CEO de Beka Values por el consejo de administración de la compañía.
Así, el proceso de arbitraje ya ha comenzado y ambas partes se reclaman importes superiores a los 5 millones de euros. Consideran que, por distintos motivos, se ha incumplido el acuerdo de accionistas y las obligaciones de cada una de las partes.
Beka Finance defiende que Blázquez, que cuenta con una participación del 30% del capital a través de su sociedad Acqua Asesora Patrimonial, bloqueó acuerdos importantes en materia de ampliación del capital de la compañía, hechos que han impedido que la sociedad pudiera financiarse.
Blázquez, por su parte, considera que Beka Finance dejó de cumplir sus obligaciones, selladas en el pacto inicial, y exige el cobro de las retribuciones salariales que ha dejado de percibir tras su cese, además de reclamar la pérdida de valor de su participación accionarial.
El pasado 22 de diciembre, la CNMV revocó la autorización para operar de la compañía, alegando "importantes discrepancias" entre los accionistas. Blázquez impugnó esta revocación presentando un recurso ante el regulador y abrió una nueva vía en el Consejo de Transparencia para conocer los motivos de su cese, que se sumaba a la judicial abierta meses antes.
Enfrentamiento por la capitalización de la entidad
José Luis Blázquez, asesor financiero que había ostentado importantes cargos en Andbank o Inversis, fichó en 2020 como consejero delegado de Beka Values con el objetivo de poner en marcha una división de banca privada para su matriz Beka Finance. Pero la relación entre ambas partes se rompió en octubre de 2021, cuando fue cesado tras una junta general extraordinaria en la que, según su versión, no se le dejó participar.
El resto de accionistas, a instancias de un minoritario, votaron a favor de ejercer una acción social de responsabilidad contra el consejero delegado, acto que, por normativa mercantil, implica su cese inmediato. En aquella junta se intentaba trazar el plan de ampliación de capital social necesario para hacer frente a los requerimientos de la CNMV, que había otorgado la autorización a Beka Values para que operase en el mercado, pero cuyos requisitos de solvencia no estaban garantizados.
El acuerdo entre accionistas fijaba un compromiso de capitalización por parte de Beka Finance que debía llevarse a cabo sin diluir al resto de socios. Para ello, la compañía concedió un préstamo participativo a su filial que, según las fuentes consultadas, nunca capitalizó, pese a que estaba obligada al formar parte del expediente con el que la CNMV otorgó la autorización para operar como agencia de valores. En cambio, elevó a la junta general una propuesta de ampliación de capital que sí diluía el del resto de socios, llegando casi de forma inevitable a un enfrentamiento directo entre ambas partes.
La dilución del capital es clave porque, según el pacto de socios, Blázquez disponía de la posibilidad de nombrar al consejero delegado de la compañía durante 7 años desde que arrancara su actividad siempre que su participación en la empresa no cayera por debajo del 5%. Hasta entonces, y según la versión que dio hace unos meses, Blázquez se había encargado de desarrollar el proyecto y su plan de negocio, contratado a varios banqueros y cerrado la llegada de clientes. Según aseguró entonces, había adelantado el 'break-even' (umbral de rentabilidad) a marzo de 2022, nueve meses antes de lo previsto en el plan inicial.
Tras la mencionada junta, Beka Values cambió su denominación a Beka Finance Private Banking y siguió recibiendo fondos de la matriz pese a que su actividad había caído sustancialmente. La CNMV revocó la autorización en diciembre del año pasado, aunque dejó abierta la puerta a devolverla en caso de que se resolviera la disputa entre accionistas, algo que podría llegar en septiembre si se cumplen los plazos del arbitraje.
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