Miércoles, 11.12.2019 - 22:22 h
Siete años de polémica por el cierre del almacén de gas

El Consejo de Estado urge al Gobierno a pagar ya a los bancos la deuda del Castor

El organismo reclama la aprobación "con premura" de una norma que ampare la devolución de los 1.350 millones adelantados por los bancos a Escal-ACS.

El almacén de gas Castor será sellado y desmantelado.
El almacén de gas Castor será sellado y desmantelado. / EFE

Es un capítulo más en la polémica que rodea la clausura del almacén de gas Castor hace ya siete años, pero puede ser un capítulo decisivo. El Consejo de Estado ha aprobado por mayoría cinco dictámenes sobre el caso en los que insta al Gobierno a resolver "con premura" las reclamaciones de Caixabank, Bankia, Banco Santander para recuperar los 1.350 millones que adelantaron en el año 2014 como compensación a la empresa promotora del proyecto, Escal UGS -participada por ACS-, tras la clausura de la instalación en 2013. Santander se juega en el caso 700 millones; Caixabank 450 y Bankia 200.

El Consejo apoya la decisión que tomó la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de reclamar las cantidades ya liquidadas a la banca y a Enagás después de que el Constitucional tumbara hace dos años  el decreto de indemnización a Escal-ACS. Pero el organismo aclara que más allá de "la pertinencia de declarar la nulidad de las liquidaciones", tanto a la banca acreedora como a Enagás (la empresa que se hizo cargo del mantenimiento de la instalación), les corresponde "percibir las cantidades" de la indemnización que adelantaron.

A juicio del Consejo, el Gobierno debe actuar con rapidez y promover "la correspondiente iniciativa legislativa" para "evitar perjuicios económicos al Estado" por la prolongación del caso. Demorar más la solución obligaría al pago de intereses y podría provocar, sostiene,  "otros eventuales efectos indeseables".

Plazos de caducidad

Sobre plazos, los dictámenes precisan que, en la fecha de su aprobación -finales de junio-, no se había agotado la caducidad del expediente sometido a consulta. Pero señala también que el Gobierno sólo tenía margen para actuar hasta el 10 de julio. La fecha ha pasado, aunque el Consejo asegura que la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 39, permite conservar las actuaciones.

Los dictámenes del Consejo de Estado suponen un importante respaldo a las reclamaciones planteadas por la banca tanto ante la Administración -en 2018 prsentaron una reclamación patrimonial-, como ante el Tribunal Supremo. Puede ser el principio del fin de una larga batalla. Los tres bancos asumieron los 1.350 millones de deuda de manos del gestor del sistema gasista Enagás  después de que las constructoras -ACS y la canadiense Dundee Energy- fueran compensadas por el cierre. El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó la vía urgente del Real Decreto-Ley para dar luz verde a la compensación a las empresas. Pero el Constitucional tumbó el decreto y, de paso, toda la operación de financiación de la deuda construida con la banca.

Golpe a la banca

Para los tres bancos implicados en la operación fue un golpe. Han visto cómo evaporaba lo que era un buen acuerdo (para sus intereses) con Enagás y el Estado: compra de deuda a cambio de un 4,3% de interés durante 30 años. Era, en suma, un préstamo de 1.350 millones con un buen rendimiento -80 millones anuales- que pagarían los consumidores de gas en sus recibos. Total, más de 3.400 millones de negocio.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aplicado hasta la fecja la estrategia que ya utilizó el Ejecutivo del PP después de que el Tribunal Constitucional tumbara el decreto de indemnización: silencio administrativo y que se pronuncien los jueces. Así lo adelantó a principios de año la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, al asegurar que la complejidad en torno al cierre del almacén de gas  acabaría judicializando el caso. Fue una forma de descartar las reclamaciones de CaixaBank, Bankia y Santander.

Tras el pronunciamiento del Consejo de Estado, los 1.350 millones del litigio con la banca penden como una espada de Damocles sobre el bolsillo de los usuarios. No será una novedad. En el BOE -órdenes de peajes- se recoge con detalle cómo una gestión del sistema gasista discutible desde hace más de una década ha afectado al bolsillo de los ciudadanos. La lista es amplia: el fracasado almacén de gas Castor; la ampliación de regasificadoras (Cartagena y Huelva); el laudo arbitral de 2010 que encareció las importaciones de gas de Argelia, y la paralización de la regasificadora de El Musel (Gijón). Suma y sigue.

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