La batalla legal por el caso del almacén de gas Castor va a ser larga y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) no quiere cabos sueltos. El organismo que preside José María Marín Quemada ha aprobado la reclamación de 368,4 millones ya pagados a la empresa responsable del proyecto, Escal -ACS y Dundee-, a la compañía encargada de su mantenimiento, Enagás, y a las entidades que asumieron por cuenta del Estado la deuda de la gran obra: Bankia, Caixabank y Banco Santander. Y la reclamación cuenta con los dictámenes favorables del Consejo de Estado, aunque no ha habido unanimidad. El consejero Alberto Aza, exjefe de la Casa del Rey Juan Carlos I, ha emitido un voto particular contrario a la reclamación, según fuentes conocedoras del caso.
Competencia ha decidido reclamar lo cobrado por las cinco entidades apoyándose en la sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de diciembre de 2017 que declaró la nulidad e inconstitucionalidad del decreto por el que ACS y a sus socios cobraron 1.350 millones tras renunciar a seguir con el proyecto. Según la CNMC, la nulidad de la norma privó de base legal a las cantidades reconocidas y a los pagos efectuados.
La CNMC ha examinado las liquidaciones periódicas que realiza en el sector gasista y exige la devolución de 195 millones a Escal UGS; 71,9 millones al Banco Santander; 48 millones a Caixabank; 32,4 a Enagás y 21,1 millones a Bankia. Por supuesto, reclamar no equivale a cobrar. Competencia cuenta con que las cinco entidades interpondrán recursos a las resoluciones aprobadas. Sobre el voto particular del consejero Aza no hay más detalles. El organismo que preside la exvicepresidenta del Gobierno Maria Teresa Fernández de la Vega explica que los dictámenes, con fecha del 3 y el 4 de julio, pertenecen al demandante -la CNMC en este caso- y solo se harán públicos transcurrido un periodo de tiempo razonable.
Próximos pasos
Así pues, habrá batalla legal. Los bancos preparan sus próximos pasos. De momento, están analizando las resoluciones aprobadas por la Comisión. Confirman que habrá recurso. El bufete de abogados contratado por las tres entidades afectadas, Linklaters, está también manos a la obra. Santander, Caixa y Bankia contrataron al despacho, especializado en arbitrajes hace más de un año, cuando estuvo claro que el Estado no iba a abrir la mano con facilidad para recuperar el dinero adelantado y cubrir el agujero del almacén de gas fracasado.
Los tres bancos asumieron los 1.350 millones de deuda de manos del gestor del sistema gasista Enagás (20% de la SEPI) y después de que las firmas constructoras -ACS y su socio canadiense Dundee Energy- fueran compensadas por la clausura del proyecto en 2014. El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó la vía urgente del Real Decreto-Ley para dar luz verde a la compensación a las empresas, avalada por el Tribunal Supremo. Pero el Constitucional tumbó el decreto y, de paso, toda la operación de financiación de la deuda construida con la banca.
Es algo que escuece a las entidades que han visto cómo se ha evaporado lo que era un buen acuerdo (para sus intereses) con Enagás: compra de deuda a cambio de un 4,3% de interés durante 30 años. Era, en suma, un préstamo de 1.350 millones con un buen rendimiento -80 millones anuales- que pagarían los consumidores de gas en sus recibos.
La estrategia del silencio
Con el panorama político muy complicado, todo ha quedado en el aire. La reclamación de los bancos ante el Tribunal Supremo explica que la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley, no debe ocasionar "ninguna pérdida" a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. El Gobierno de Pedro Sánchez, como antes el del PP,- ha mantenido y mantiene el silencio como estrategia ante las reclamaciones. Fuentes bancarias admiten que el Ejecutivo socialista no tiene mucho que ganar en un caso que en suma, supone elegir entre Florentino Pérez (el presidente de ACS) o los bancos.
En la práctica, el Gobierno aplica la estrategia que ya utilizó el Ejecutivo del PP después de que el Tribunal Constitucional tumbara el decreto de indemnización: silencio administrativo y que se pronuncien los jueces. El almacén está sellado provisionalmente. Su vigilancia y mantenimiento corresponde a Enagás, que también ha dejado de cobrar tras la decisión del Constitucional y que también ha interpuesto una reclamación patrimonial al Estado.
Con el almacén de gas convertido en Guadiana informativo, el presidente de ACS, Florentino Pérez, intentó desviar la polémica. En el Parlamento catalán, que investiga el caso, Pérez indicó que ni él ni su compañía se ha embolsado dinero alguno por la indemnización: "Todo el dinero recibido se lo han llevado los bonistas y el Banco Europeo de Inversiones que, si no financiaban en estas condiciones, no hubieran prestado nada". A continuación, ha apuntado que, en realidad, ACS ha perdido dinero porque no se ha cubierto el 100 % de la deuda de los inversores. Seguirá.
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