En grandes ciudades como Madrid, el canto de los pájaros que podía escucharse cada mañana ha quedado sepultado de nuevo por el ruido de maquinaria pesada y tabiques derribados a mazazos. La construcción retomaba la actividad este lunes, tras dos semanas de la 'hibernación' impuesta para frenar el avance del coronavirus. Un regreso no exento de polémica: a la falta de consenso científico sobre la idoneidad de la medida se suman un protocolo que muchos ven como insuficiente para evitar nuevos contagios, falta de material para la prevención y sectores colindantes tan dañados que ni siquiera han podido retomar la actividad.
La guía de actuación y procedimientos a seguir pactada entre la patronal y los sindicatos -a partir de las recomendaciones de Sanidad y con el fin de garantizar la prevención y la seguridad ante el coronavirus- incluye un amplio abanico de medidas entre las que figura contar con termómetros a disposición de los trabajadores en las propias obras o la recomendación de no compartir herramientas y de no formar corrillos en los descansos. Sin embargo, la guía se limita a incluir las recomendaciones generales dictadas por Sanidad, tanto las referidas a trabajadores con síntomas y vulnerables, como las relacionadas con el higiene del empleado y el lugar de trabajo. Pero no prevé sanciones para quienes las incumplan o cómo dotar al personal del material preventivo correspondiente.
Y este es el punto clave, ya que incluso la CEOE reconoce que la mayoría de las empresas, especialmente las pymes, no cuentan actualmente con materiales de protección frente al coronavirus, lo que puede dificultar su apertura. Así lo expresaba este mismo lunes el vicepresidente de la confederación, Íñigo Fernández de Mesa: "En el mundo empresarial lo que entendemos es que posiblemente las empresas grandes sí que tienen capacidad y acceso a suministros de este tipo de materiales, mientras que las pequeñas y medianas empresas seguramente no tienen este tipo de materiales". Alertaba, además, de que actualmente el 95% de las empresas en España son microempresas o pymes.
En este sentido, a pesar de las medidas acordadas en el sector, la vuelta al trabajo supone un quebradero de cabeza más para las autoridades, incapaces hasta ahora de asegurar la distribución de mascarillas y otros materiales entre la población. Este lunes se iniciaba el reparto de 10 millones de mascarillas para quienes reanudaran su actividad y utilizasen transporte público; sin embargo, más allá de prevenir contagios en el metro o el autobús, la medida se antoja insuficiente especialmente para los sindicatos. Así, Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha emplazado a las pymes a cumplir los protocolos de seguridad, pero al mismo tiempo ha pedido a los trabajadores que, ante cualquier duda, acudan a denunciar al sindicato o a la Inspección de Trabajo: "Lo primero es la salud y queremos dejarlo claro hoy".
¿Vuelta escalonada al trabajo o cierre definitivo?
Desde los sindicatos se apunta a que el miedo está provocando que no se haya producido una reincorporación "masiva" de trabajadores a sus puestos, sino que la recuperación de la actividad se está dando "de forma bastante escalonada". Algo que se puede constatar con los datos de tráfico, que reflejan un aumento no tan significativo como se esperaba, o en el uso del transporte público: en Madrid, por ejemplo, el metro solo ha registrado un 34% más de viajeros que hace dos semanas, por debajo de las previsiones para el fin de la 'hibernación' económica de dos semanas.
Una explicación complementaria al miedo a la vuelta al trabajo es el cierre masivo de empresas: según los datos de Randstad, ahora mismo solo el 43% de las empresas españolas mantiene su actividad a pesar de que los datos del INE reflejan que dos de cada tres empresas prestan servicios esenciales, parcial o totalmente. De lo que se extrae que, desde el inicio de la crisis, hay más de un 20% de empresas que no han reanudado su actividad, a pesar de haber podido permanecer abiertas todo este tiempo al amparo del decreto del estado de alarma.
Una situación que se padece precisamente en el sector de la construcción y las reformas, donde el cierre de los proveedores está provocando una reacción en cadena que afecta a vendedores de material y, en última instancia, a las obras, que en algunos casos sufren severos retrasos. Por ejemplo, en Leroy Merlin se ha dado la orden de aplazar cualquier entrega relacionada con proveedores que han cerrado hasta que finalice el estado de alarma y las tiendas puedan abrir. Aún así, la situación es de absoluta incertidumbre, ya que muchos de estos proveedores (de puertas, de suelos, de material de obra) ni siquiera dan contestación a Leroy Merlin, tal y como explican fuentes internas de la compañía.
En medio de este embrollo se encuentran las decisiones del Gobierno, que cuentan con tan poco margen de tiempo que a veces pueden percibirse como atropelladas: este último domingo, horas antes del fin de la 'hibernación', la presión de Unidas Podemos incluía una matización importante en el texto final, que mantenía la prohibición de toda obra o construcción en la que no se pueda aislar al resto del edificio del contacto directo con los trabajadores. La medida se refiere principalmente, aunque no exclusivamente, a las reformas con inquilino en la vivienda. Un sector que podría parecer ínfimo, pero que representa aproximadamente un 21,5% del total. O, lo que es lo mismo, algo más de 380.000 trabajadores, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).
El resto, más de un 80%, sí han podido volver a la actividad, lo que implica la reocupación de casi 1,4 trabajadores o, lo que es lo mismo, "916.740 puestos directos y 472.260 indirectos vinculados a otros sectores industriales, con una producción diaria, en condiciones de trabajo normal, de 271 millones de euros", tal y como explica Seopan, a favor del fin de la 'hibernación' porque "la construcción es el sector productivo que genera la mayor actividad económica inducida de la economía española, dado que aporta el 10% PIB, una producción que el pasado año ascendió a 124.049 millones de euros".
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