Los responsables del gigante cementero francés Lafarge habrían pagado a grupos yihadistas para mantener en funcionamiento una planta en Siria.
Este sábado se ha sabido que la Justicia de Francia ha imputado por estas prácticas a Bruno Lafont, expresidente del grupo Lafarge (fusionado en 2015 con el suizo Holcim) y al que fuera su director general adjunto responsable de operaciones Christian Herrault, por "financiación de una empresa terrorista".
A los directivos del grupo franco-suizo se les señala por haber comprado petróleo al grupo Estado Islámico (Daesh), pese al embargo impuesto por la Unión Europea, y haberle entregado dinero a los terroristas entre 2013 y 2014 para poder mantener en funcionamiento su planta de Jalabiya.
En estos momentos ya son seis los directivos o antiguos ejecutivos de Lafarge y de su sucesor LafargeHolcim que han sido inculpados en relación con la estrategia para mantener en funcionamiento las instalaciones de Jalabiya.
Tanto Lafont como Herrault declararon bajo arresto y quedaron en libertad bajo fianza y sometidos a control judicial.
Dinero de sangre
La pista sobre las prácticas de la cementera gala en Siria salieron a la luz en junio de 2016, gracias a una investigación del diario Le Monde.
El rotativo desveló que la empresa había cerrado "pactos opacos e inconfesables con grupos armados, como la organización Estado Islámico (EI)", para mantener en funcionamiento su fábrica en Siria en 2013 y 2014.
La planta cementera de Jalabiya, a 150 km al noreste de Alepo, fue adquirida por Lafarge en 2007 y comenzó a funcionar en 2011, cuando estalla la guerra civil siria, pero la producción se mantuvo hasta 2013, pese a la inestabilidad creciente en la región.
A partir de la primavera de 2013, el Daesh se apoderó progresivamente de las ciudades y las carreteras en torno a la planta de Lafarge.
Una serie de mensajes electrónicos enviados por la dirección de Lafarge en Siria revelaron acuerdos con el grupo yihadista para mantener la producción hasta el 19 de septiembre de 2014, cuando el Daesh toma las instalaciones de Lafarge y ordena el fin de toda actividad.
Lafarge, que trataba de garantizar el acceso de trabajadores y mercaderías a la planta, había designado a un emisario, identificado como Ahmad Jaludi, "para obtener las autorizaciones de paso por los puntos de control del EI", proseguía la información.
Igualmente Lafarge recurrió a "intermediarios y negociantes que comercializaban petróleo refinado con el autodenominado Estado Islámico", desvelaba el periódico galo.
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