Las autopistas de peaje vuelven a la primera línea tras el anuncio de la liberalización de estas vías. El Ejecutivo popular de Mariano Rajoy tenía entre sus planes la obtención de 1.000 millones por las nuevas adjudicaciones. En cambio, tras la moción de censura, las tornas han cambiado y Sánchez ha decidido la eliminación de peajes a medida que venzan las concesiones. Esta medida tendrá importantes repercusiones sobre el presupuesto de infraestructuras del Ejecutivo que tendrá que hacerse cargo de las vías y dejará de percibir beneficios por ellas.
Precisamente en esta línea, el presidente de Seopán, Julián Nuñez, afirmaba este lunes en un curso de verano organizado por la UIMP y la APIE que será el contribuyente el que "pague la fiesta" de las autopistas de peaje. Lo cierto es que, más allá del lío sobre quién pagará o no esta liberalización, es necesario hacer foco sobre el estado de mantenimiento de las vías y el coste que esto puede suponer al Ejecutivo de Sánchez y, como consecuencia, para los contribuyentes españoles. En los últimos diez años, la inversión en estas vías supuso 6.184,8 millones de euros, algo a lo que ahora tendrá que hacer frente la administración pública.
En el momento en que las vías hasta ahora de peaje pasen a ser de gestión pública, el Gobierno de Pedro Sánchez deberá hacerse cargo de su mantenimiento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ya que hasta ahora esta partida correspondía a las concesionarias de cada tramo de vía. El coste de la supresión del peaje de las autopistas españolas que terminan su concesión entre este año y 2021 rondaría los 450 millones de euros.
Pero lo cierto es que el problema no termina ahí. Al incluir el total de las vías de peaje que existen actualmente en España, esta cifra aumentaría hasta los 1.000 millones de euros. Además, en los últimos años, la inversión en mantenimiento de estas infraestructuras ha descendido de forma notable y las vías no se encuentran en condiciones óptimas, algo que aquejan continuamente las asociaciones de conductores y las propias reguladoras.
Al tomar como referencia los últimos diez años se puede atisbar esta reducción de la inversión. Según datos de Seopán, en el año 2006 la inversión física en autopistas superaba los 1.180 millones de euros, mientras que en el 2016, última fecha de la que hay datos oficiales, apenas se situaba en los 170 millones. La caída del tráfico en un 35% en las vías de peaje y las pérdidas continuas en las concesionarias podrían estar detrás de la reducción de la inversión en el mantenimiento.
La cifra de mantenimiento que deberá asumir el Estado repercutirá directamente en los contribuyentes, tal y como comentaba Nuñez, que también destacaba que la aplicación de la medida podría "suponer despidos" y "frenar la actividad" del sector. "Nos sorprende un poco este anuncio, parece que vamos a una vía que es justo contraria a la estrategia de Europa", afirma el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.
La estrategia europea en materia de peajes
Lo cierto es que la mayoría de países europeos utilizan el sistema de peajes en sus autopistas y utilizan la recaudación para el mantenimiento de las vías. "Europa no invierte en carreteras, las paga el usuario", indica Nuñez. Algunos países como Austria utilizan un método de pago por tiempo de uso, llamado pago por viñeta, es decir, los vehículos compra una tarjeta por un periodo concreto, normalmente mensual o anual, con la que pueden utilizar cualquier autopista del país. Bélgica utiliza un método similar al de Austria pero a través de un sistema electrónico a bordo del vehículo.
En cambio, otros países, como Italia o Francia, continúan utilizando el sistema de pago por trayecto, lo mismo que ocurre en España y que pronto desaparecerá si se cumplen los planes del Gobierno de Sánchez. Lo cierto es que, en palabras de Julián Nuñez, "nada es gratis, se trata de decidir quien los paga".
Además, y más allá de la necesidad de recaudación del Gobierno para hacer frente a los gastos de esta y otras medidas aprobadas por el nuevo Ejecutivo socialista en los últimos días, esta decisión conllevará la destrucción de 1.300 empleos directos, según los sindicatos, al eliminar el personal de gestión de peajes.
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