Sigue el pulso entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento frente a las grandes constructoras por no aplicar una revisión de precios a los contratos públicos. Semanas después de que las firmas adjudicatarias de promociones públicas advirtieran del riesgo de parálisis en estos proyectos, las mismas afectadas vuelven a la carga. Con la esperanza de que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) finalmente revise los contratos y pueda reajustarlos a las circunstancias que marca la inflación actual, las compañías trasladan una nueva petición: el umbral a partir del cual podrán acogerse a este reequilibrio económico.
De momento, la Comunidad de Madrid sigue sin habilitar un marco normativo para que los contratos públicos de obras puedan revisarse con motivo del alza de precios. Es una anomalía si se atiende a las decisiones adoptadas por el resto de Ejecutivos autonómicos y que enfurece a las empresas damnificadas. El primer aviso llegó hace apenas tres semanas, cuando advirtieron del riesgo de paralización de 1.300 viviendas de distintas promociones de la ciudad de Madrid. Estas viviendas se ubican en los distritos de Vicálvaro y Puente de Vallecas y suman más de 150 millones de euros dinero licitado.
La nueva condición que trasladan las compañías, según fuentes consultadas por La Información, es que puedan acogerse a la revisión de precios cualquier adjudicatario que haya ejecutado, al menos, el 20% de su promoción en los dos últimos años. Esta exigencia, que todavía no ha sido trasladada en firme, estaría en línea de las reglas generales que rigen la corrección de precios en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Otra opción paliativa que se baraja es alcanzar una modificación contractual que amplíe el plazo de ejecución. De esta manera, el efecto del incremento de los precios podría diluirse en el tiempo al contar con un margen más amplio y poder, en consecuencia, retrasar ciertos acopios de material.
Las constructoras plantean también modificar los contratos de obras desde el calendario de compromisos con la EMVS
La EMVS, por su parte, ha querido desmarcarse del relato pesimista y explicó en abril que "por el momento" no había paralizado ninguna de sus promociones. El encargado de lanzar este mensaje de tranquilidad fue el delegado de Vivienda, Álvaro González, en la comisión de Desarrollo Urbano, quien añadió que el Ayuntamiento de Madrid, a través del área de Hacienda, estaba en conversaciones con la Comunidad para buscar la fórmula que modificara los precios de los contratos públicos.
De lo que no hay dudas es que el sector de la construcción no ha podido esquivar la inflación generada por la guerra en Ucrania. Anci, patronal de las constructoras no cotizadas, sitúa el encarecimiento de los materiales en prácticamente el doble respecto a los del primer trimestre de 2021. Esta organización muestra en un estudio cómo el índice de costes del consumo de materiales ha alcanzado incrementos nunca vistos. Y grandes compañías que sí pisan el parqué también se han pronunciado. Es el caso de Acciona, cuyo presidente José Manuel Entrecanales ha hablado de una subida de costes "sin precedentes".
Riesgo de judicialización
Ante una negativa constante de la Administración a no adoptar un mecanismo de reequilibrio, el pulso podría ir a mayores y terminar judicializado. Es un escenario que contemplan las constructoras y en el que podrían sacar ventaja al entender que la pasividad de la Comunidad de Madrid y del consistorio de la ciudad supone incurrir en "inactividad administrativa". El primer paso para litigar se podría dar tres meses después de que estos organismos hay recibido una primera reclamación formal.
Esta "inactividad" estaría motivada en que el Gobierno central sí ha habilitado ya un marco normativo para revisar los precios de los contratos públicos de obras. Se trata del Real Decreto Ley 3/2022 que fue aprobado el pasado marzo en el Consejo de Ministros y más tarde defendido en el Congreso de los Diputados. Uno de sus objetivos era precisamente reducir la litigiosidad. Esta regulación ha sido adoptada por gran parte de los Ejecutivos autonómicos como el de Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria y el Principado de Asturias.
Para las empresas, el real decreto "constituye legislación básica estatal" y, por tanto, el margen decisorio de la Comunidad Autónoma "se reduce al modo en que dicha revisión excepcional de los precios se lleve a efecto". En otras palabras, el Ejecutivo regional no tiene otra escapatoria. Por esa misma razón, añaden las mismas voces consultadas, "dicho mecanismo es aplicable a las entidades locales sin que pueda interferir en su cumplimiento la inactividad de la administración autonómica".
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