En el foro de la CEOE

Las constructoras piden a Sánchez un puente dorado a la inversión extranjera

Advierten de que hay una "grandísima cantidad de liquidez" en fondos de infraestructuras que buscan proyectos rentables pero "seguros y sostenibles".

Manuel Manrique, Sacyr
Manrique, presidente de Sacyr, pide 'puente de oro' para atraer a los fondos de infraestructuras.
Europa Press

Una "grandísima cantidad" de liquidez y un tiempo de "escasez de recursos públicos" ante el obligado ajuste fiscal por la crisis del coronavirus. Esos son los dos ingredientes que a juicio del presidente de Sacyr, Manuel Manrique, sirven para justificar un puente 'dorado' para atraer nuevas inversiones extranjeras a través, fundamentalmente, de 'megafondos' de inversión especializados en infraestructuras. Así lo reclamó durante una nueva jornada de la cumbre empresarial de la CEOE, en la que se volvió a mirar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en busca de medidas. "Necesitamos un plan de reactivación y hacer de España un territorio atractivo para la inversión", argumentó el primer ejecutivo de Ferrovial, Rafael del Pino.

Primero fueron la banca y las eléctricas, que apretaron al Ejecutivo para mantener un marco regulatorio estable y lograr una disminución de algunas cargas fiscales. Después llegaron las grandes empresas turísticas, ahogadas por la paralización del sector, que lanzaron un desesperado SOS para que se movilizara un 'rescate' público en toda regla para hacer frente a esta crisis. Un día después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido con un programa de 4.250 millones de euros con los que aliviar esta carga.

Este miércoles abrieron fuego las empresas constructoras vinculadas a las infraestructuras y las concesiones públicas. Y mientras que el mantra de las turísticas fue la necesidad de un plan para salvar a hoteleras o aerolíneas, la de éstas fue la necesidad de la colaboración público-privada para movilizar recursos con los que invertir y, sobre todo, facilitar la inversión extranjera por parte de otras compañías del sector o de vehículos de capital riesgo especializados.

"En el mundo existe una grandísima cantidad de liquidez", advertía Manrique. Esos fondos suelen buscar, según él, proyectos "moderadamente rentables, pero que sean seguros y sostenibles". Y en este contexto habló de conseguir que España sea un "foco preferencial" para todos estos vehículos. "España debe y puede dar seguridad jurídica, certidumbre y fiabilidad; cierta racionalidad y una rentabilidad razonable, con un riesgo controlado", apuntó. 

Uno de los ejemplos en este sentido hay que encontrarlo en el sector de las telecomunicaciones. Más concretamente en el de las torres de telefonía o la red de fibra. En los dos últimos años se han cerrado numerosos acuerdos de venta de esta infraestructura a grandes nombres del capital riesgo como KKR o Macquaire. No son los únicos que tienen pólvora. Esa liquidez a la que se refiere el primer ejecutivo de Sacyr reside en otros gigantes de la inversión como Blackrock, que acaba de levantar 5.100 millones de dólares para un fondo destinado a energía global e infraestructuras, o Brookfields, que ha hecho lo propio y se ha asegurado 20.000 millones recientemente.

Colaboración público-privada

El otro mantra utilizado por las constructoras es el de la colaboración público-privada. "En un tiempo de escasez de recursos públicos, con un ajuste fiscal que va a ser muy fuerte, va a ser imprescindible una colaboración público-privada que permita movilizar recursos privados para proyectos a largo plazo", advirtió Manrique. Su homólogo en Ferrovial también quiso justificarlo: "España sigue necesitando invertir en infraestructura de transporte o de agua". Y puso sobre la mesa la necesidad de un plan extenso de rehabilitación de edificios. "A las empresas españolas como Ferrovial nos va a resultar más difícil competir en mercados exteriores si el nuestro cae", advirtió.

A esa necesidad de invertir en infraestructuras le puso números el presidente de Agbar, Ángel Simón Grimaldos. Mencionó un estudio de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil que concluye que España debería invertir 18.300 millones de euros de media cada año en la actual década para subsanar las deficiencias en mantenimiento y conservación y rehabilitación, así como para evitar la degradación de las obras públicas, sólo en materia de agua.

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