El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), una pieza clave en el proceso de transición energética, está todavía pendiente de que finalice su proceso de evaluación ambiental, según confirman fuentes conocedoras del proceso. El primer borrador del plan fue enviado a Bruselas hace más de seis meses. La Comisión acogió favorablemente el documento, pero solicitó que el Gobierno concretara más las medidas adelantadas para lograr los resultados previstos en 2030: 42% de renovables en el consumo final de energía y recorte del 21% de las emisiones respecto a 1990, entre otras.
El nuevo PNIEC, revisado y evaluado, debería haber sido enviado a Bruselas antes de fin de año. Pero con un Gobierno en funciones, el proceso se ha retrasado. Ahora toca acelerar. Hay que ajustar el nuevo plan a la evaluación ambiental que marca la Ley de 2013 y que obliga a someter "a una adecuada evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización".
El ajuste del primer PNIEC es ya responsabilidad plena de la nueva secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, experta en cambio climático que, desde su papel de asesora de la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, tuvo un papel fundamental en la elaboración del primer borrador del plan. Bruselas lo recibió con guante de seda. La Comisión, de hecho, destacó que España fue uno de los pocos países, junto a Dinamarca, Estonia, Lituania y Portugal, que presentó un PNIEC con contribuciones "significativamente más altas" que el resto de países. También alabó la ambición para aumentar el uso de renovables.
Estudio a fondo
Halagos aparte, Bruselas solicitó al Gobierno más concreción en algunos puntos. En la comunicación, Bruselas apuntaba que España debería "estudiar más a fondo cómo deberían desarrollarse las medidas actuales para alcanzar sus objetivos de ahorro energético" y hacía hincapié en la necesidad de incrementar notablemente la capacidad de interconexión con países vecinos, que se sitúa en el 6%.
En los últimos meses, el equipo de Teresa Ribera, ha trabajado en ajustar el plan en dos frentes: satisfacer a Bruselas y precisar más las medidas para ajustarlas a los nuevos objetivos adelantados por la UE en la Cumbre del Clima celebrada en Madrid. En el borrador cerrado en junio pasado, los objetivos estaban claros. Recogía el aumento de la eficiencia energética del país para reducir la demanda global de energía; una importante sustitución de combustibles fósiles por otros autóctonos y la electrificación de la economía. Pero Bruselas exige más letra pequeña.
En opinión de algunos expertos, el PNIEC reelaborado debería cubrir dos notables agujeros del primer documento: la ausencia de objetivos en la mejora de la eficiencia energética de los edificios y la inexistencia de un plan de extensión de puntos de recarga para asegurar el funcionamiento de un parque de automóviles no contaminantes que debería alcanzar los cinco millones.
En el apartado de la eficiencia energética de edificios, España trabaja con un retraso de más de diez años en la legislación. El parque de edificios y de viviendas está obsoleto y marcado por los excesos del 'boom' del ladrillo. El antiguo Ministerio de Fomento, ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha aprobado un nuevo código técnico que sustituye al de 2006, para el que no existían las nuevas fuentes de energía renovable. Pero la realidad va muy por delante porque en mayo del pasado año, la UE ya había aprobado una nueva norma de eficiencia energética de edificios (Directiva 2018/844) para convertirlos en sostenibles 100%.
Rehabilitación de viviendas
En teoría, el nuevo PNIEC debería contener una nueva Estrategia de Rehabilitación de Edificios a Largo Plazo. El antiguo Fomento trabaja en ello en colaboración con estudios profesionales de urbanismo. Pero está por ver si los trabajos llegan a tiempo para incluirlos en el nuevo plan de energía. El papel del Ministerio de Transportes -antiguo Fomento-, con José Luis Ábalos en cabeza, en los planes para rebajar el consumo de energía y las emisiones alumbra una cuestión espinosa para el nuevo Ejecutivo: la dispersión de competencias en relación con la transición energética.
Aunque el presidente Pedro Sánchez ha ascendido a la ministra Teresa Ribera a una vicepresidencia "verde", la de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ábalos tiene competencias sobre el transporte y la edificación, los sectores llamados difusos, con más peso en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el vicepresidente segundo Pablo Iglesias -Derechos Sociales y Agenda 2030- tiene voz en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Es un reparto que obliga a una coordinación fina para obtener resultados en la transición energética.
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