La ruptura del frente sindical que negocia desde hace dos años el V Convenio Colectivo en la eléctrica Endesa compromete la recolocación de los 1.000 empleados que trabajan en las cuatro grandes centrales térmicas de carbón cuyo cierre ha anunciado la compañía. El sindicato UGT, mayoritario, ha acordado con la empresa someter las diferencias en la negociación a un arbitraje externo, algo con lo que no están de acuerdo los representantes de CC OO y de SIE. Pese a las discrepancias, las tres organizaciones enviaron en octubre una carta conjunta a la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, para solicitar su intermediación "a fin de que recomiende a la empresa el sometimiento a un arbitraje que permita dar salida a la situación de bloqueo".
La carta, firmada por los representantes en la empresa de UGT Manuel Jaramillo; de CC OO, José Manuel Falagán y de SIE, Carlos Vila, apunta a la cuestión clave: la ausencia de un marco laboral pactado en la empresa en un momento importante, cuando la eléctrica ha anunciado el próximo cierre de las centrales de Compostilla (León); Andorra (Teruel); As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería). Fuentes sindicales admiten que está en riesgo la recolocación de 1.000 trabajadores de las centrales abocadas al cierre.
En la misiva enviada al Ministerio de Trabajo, los tres sindicatos destacan "la situación de las centrales térmicas de carbón y la más que probable declaración de personal excedente que deberá ser recolocado, bien en su ámbito geográfico o bien en otros ámbitos, lo cual hace imprescindible disponer de una normativa laboral que permita dar una respuesta adecuada a dicha problemática".
Una cuestión sensible
La recolocación de empleados afectados por los cierres de centrales es una cuestión sensible. A lo largo de la negociación, con medio centenar de encuentros formales de la comisión negociadora, la empresa y los sindicatos llegaron a pactar un acuerdo de garantía de empleo y un plan de salidas para mayores de 55 años. Un compromiso que facilitaría la recolocación del millar de afectados por los cierres del carbón. La ruptura del frente sindical, con UGT intentando arrastrar a la empresa a un arbitraje al que se ha resistido y CC OO apurando el conflicto para "ablandar" a la dirección, deja más en el aire los compromisos de recolocación.
La inquietud en torno a los planes de cierre introducen un nuevo elemento de tensión entre la dirección de la empresa -asesorada por los especialistas del bufete Sagardoy- y unos sindicatos que intentan no perder todos los beneficios sociales pactados en los últimos años, desde las rebajas en la factura de la luz de los empleados, a las aportaciones a los fondos de pensiones. Sólo en lo que afecta a la tarifa eléctrica del empleado está en juego una partida de provisiones de 700 millones.
Las espadas se mantienen en alto, pero la empresa que dirige José Bogas, cuenta con dos armas a su favor. Las dos de peso. Una, la sentencia favorable de la Audiencia Nacional del pasado marzo que respaldó la retirada de los beneficios sociales a los jubilados y, dos, la integración en las cuentas de la compañía de las provisiones que aseguran las ventajas de empleados y jubilados en la factura eléctrica.
La compañía no valora la situación en la que se encuentra el convenio. Tampoco el impacto de la prolongada falta de acuerdo en sus planes de cierre y de empleo. No obstante, fuentes de la eléctrica admiten que un acuerdo con los sindicatos, preferiblemente con los tres, incluso por la vía del arbitraje, es clave para la estrategia de los próximos años.
Medio año al ralentí
El momento es importante. La eléctrica ha tenido que adelantar el anuncio del cierre de las centrales de carbón de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería) que llevaban más de medio año funcionando al ralentí. La actualización de los planes de la compañía recoge inversiones para las zonas más afectadas por los cierres -Teruel, Almería y Galicia- que rondan los 4.400 millones de euros en los próximos cuatro años.
La inversión prevista en las comarcas afectadas se centrará en el desarrollo renovable. En Almería, Endesa prevé una inversión de 1.800 millones; otros 1.600 millones se invertirán en Galicia y 1.000 llegarán a Teruel. Es dinero que forma parte de un plan a más largo plazo centrado en las energías limpias. El consejero delegado de la eléctrica, José Bogas, quiere que Endesa desarrolle hasta un 15% de los objetivos de energías limpias esbozados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
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