El consejero director general de Iberdrola y mano derecha del presidente, Francisco Martínez Córcoles, figura entre los posibles investigados que se manejan en la petición que la Fiscalía Anticorrupción prepara para el juez del caso Villarejo, a pesar de que las alusiones que sobre él aparecen en el sumario revelan que no era partidario de la contratación de Cenyt y prefería que los problemas con algunos ayuntamientos, como el de Arcos de la Frontera, se resolvieran con un recurso contencioso administrativo. El análisis de los equipos jurídicos de la eléctrica, ante las informaciones que apuntan a una citación inminente como investigados para él, junto a Ignacio Sánchez Galán y el exdirector general Fernando Bécker, alerta de que el nombre de Martínez Córcoles solo aparece en el informe que da lugar a la causa del excontroler José Antonio del Olmo, junto a otras cuatro alusiones en conversaciones o apariciones en listados sin ninguna trascendencia jurídica.
Martínez Córcoles sale mencionado en alguno de los documentos del sumario sobre las supuestas contrataciones de Iberdrola con la empresa de Villarejo para hacer trabajos de espionaje, además de en las declaraciones judiciales que realizaron en su día el exdirector de seguridad, Antonio Asensio, José Antonio del Olmo y el propio Villarejo. Pero desde el equipo jurídico de la empresa aseguran que, de todos esos documentos y declaraciones, se deriva que tuvo muy poco que ver con los hechos analizados. Es más, en el caso de los trabajos realizados para el llamado proyecto Arrow, sobre la instalación de una central térmica en Arcos de la Frontera, en los documentos internos de Cenyt analizados en el sumario queda claro que Córcoles era más partidario de la víua judicial directa que de contratar a una empresa como la de Villarejo.
La declaración ante el juez de Asenjo del mes de febrero de 2020 deja claro que cuando el exresponsable de seguridad habla del director de generación de Iberdrola en el proyecto Arrow, no se refiere a Martínez Córcoles, sino al responsable de ese área en el pueblo de Arcos de la Frontera. Ante la insistencia de las preguntas del fiscal, Asenjo reitera que no se refiere al número dos de la empresa: “La verdad es que con ese hombre he tenido una muy poquísima relación a lo largo de todos los años que he tenido en Iberdrola. Poquísima, diría casi nula, vamos”, ratificó.
En las otras tres ocasiones en las que el Ministerio Fiscal interroga a los tres directivos imputados hasta ahora en el caso -Jose Luis San Pedro, Pablo Insunza y Juan Carlos Rebollo-, todos ellos aseguran desconocer si Martínez Córcoles estaba al tanto de las contrataciones del excomisario por su cargo como responsable del área de Generación, primero, y de consejero director general, después. Incluso cuando se interrogó al propio José Manuel Villarejo, el 11 de marzo del año pasado, el fiscal le preguntó directamente si “el señor Asenjo le manifestó que en el ámbito de Iberdrola, alguno de sus jefes, en concreto el señor Córcoles, era partidario y aceptaba que usted siguiera colaborando como prestador de servicios para el cliente”, a lo que el comisario contestó muy claramente con un “Córcoles, yo que sé, no me acuerdo”.
En las puertas de la junta general
Precisamente, la próxima junta de accionistas de Iberdrola del 18 de junio tiene previsto ratificar a Francisco Martínez Córcoles como consejero director general, después de toda una vida profesional dedicada a la compañía. En el año 2004 fue director del departamento de generación hasta el año 2007, que pasó al departamento de negocio liberalizado en España, que dos años más tarde pasaría a llamarse Iberdrola Generación, dentro del área de Iberia y Latinoamérica, dirigida por José Luis San Pedro.
Para evitar la incertidumbre de llegar a la próxima junta pendientes de si la Fiscalía y el juez del caso van a promover la imputación de la cúpula de la empresa, la compañía comunicó un hecho relevante esta misma semana en el que ofrecía la declaración voluntaria del presidente y de todo su consejo y alta dirección para aclarar todos los flecos del caso.
Los equipos jurídicos de la eléctrica se mantienen alerta de la petición que la Fiscalía le pueda hacer al juez para imputar a los altos cargos de la empresa, con Sánchez Galán a la cabeza, a la vista de que en toda la documentación que han analizado las alusiones a la cúpula se fundamentan en audios y conversaciones con terceros, a excepción del informe inicial de Del Olmo, que nunca fue reconocido por la empresa porque no se registró en sus archivos, sino que fue depositado en una notaría para sacarlo a la luz más de una década después.
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