Pedro Sánchez anunció hace ya una semana la puesta en marcha de una batería de medidas económicas para paliar las posibles consecuencias del coronavirus. Una de ellas era una línea de avales de hasta 100.000 millones de euros que se estructurará con garantía del Instituto de Crédito Oficial -ICO-, pero cuya materialización y detalles quedaban supeditados a un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros. Este martes el Gobierno celebra su reunión semanal que se supone definitiva para conocer el alcance de una medida que, sin duda, es la clave de todo el decreto extraordinario de estímulo económico.
Banca, empresarios, pymes y autónomos esperan las noticias que saldrán de este Consejo de Ministros decisivo. A partir de hoy se podrá determinar hasta qué punto van a ser eficaces los multimillonarios avales que, según Pedro Sánchez, han supuesto la mayor movilización de recursos financieros en la historia de la democracia contemporánea en España. El objetivo no es otro que asegurar una palanca sobre la que proyectar un manguerazo de liquidez al tejido empresarial. El problema es que los avales no sirven de nada si la banca no activa el canal del crédito y las entidades financieras tampoco van a actuar a destajo si el Estado no asume una garantía efectiva y amplia que favorezca la asunción de riesgos en el mercado español.
Así lo confirmaba en rueda de prensa este mismo lunes Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, al señalar qué había flecos pendientes, justificando la dilación en concretar las condiciones del mdelo en el contexto europeo. Las entidades financieras españolas estuvieron durante varios días enviando propuestas al Ejecutivo, según confirman fuentes conocedoras a La Información, hasta que el pasado domingo, tras varias negativas, decidieron hacerse a un lado y el Gobierno siguió en solitario.
Según las mismas fuentes, el Ejecutivo habría puesto sobre la mesa el aumento del déficit que supondrían estas medidas si se llevasen al extremo que pedía el sector bancario. En este sentido, los avales del 80% podrían llevar incluso a que se entendiesen como una especie de 'rescate', algo que había causado previamente una discusión entre Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, y la propia Nadia Calviño en el seno de la reunión de la Autoridad Macroprudencial y con lo que el sector no está de acuerdo. "Aquí de lo que se habla es de la capacidad de dar crédito de las entidades", confirman fuentes financieras, "a más garantías, más se prestará". Y es que dan por hecho que de no contarse con un férreo apoyo público la banca no podrá llevar a llevar a cabo operaciones que impliquen un alto riesgo.
Las peticiones de la banca, tal y como ya adelantó este medio, se basaban en el modelo anunciado por Alemania y que después han seguido la mayor parte de los países de la Unión Europea, véase que el Estado avalase hasta el 80% de los préstamos, en pro de permitir a las entidades financieras poner sobre la mesa mayor liquidez. A Alemania la siguieron Francia y Reino Unido, entre otras, que pese a no cerrar todos los flecos de estas operaciones, anunciaron medidas en línea con la guía aprobada el pasado jueves por la Comisión Europea.
En cambio, en la madrugada del domingo Bélgica ponía sobre la mesa sus medidas de apoyo a las empresas que, en lo que tiene que ver con los avales a la banca, pasaban por establecer un sistema de tramos en función de los cuales se cubriría más o menos riesgo. Calviño en su intervención de este lunes, aludía directamente a este modelo, algo que ha hecho que las entidades se pongan alerta. Y es que el sistema belga deja sin apoyo público al primer 3% de morosidad, mientras que el riesgo se cubre a medias cuando esta cifra se sitúa en un tramo de entre el 3 y el 5%. Para llegar a los extremos del modelo alemán, es decir, a que el Estado cubra el 80% del riesgo, la morosidad debería superar el 5%.
El marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19 que puso sobre la mesa Bruselas lleva hasta el 90% los avales que pueden dar los estados a la banca en ciertos casos. Es el extremo que afectaría a autónomos y pymes, la base del tejido productivo español y la parte más afectada por esta crisis que desde el Ejecutivo califican de "temporal", para la que las entidades españolas piden avales de hasta el 90%. Las fuentes consultadas por este diario coinciden en que esta sería la mejor opción, pues una demora en la aportación de liquidez para este tipo de clientes podría terminar con su actividad.
Calviño dejó claro en su comparecencia de este lunes que priorizará la financiación a pymes y autónomos pero sin especificar en qué porcentaje será cubierta por el Estado. Fuentes financieras confirman a este medio que el apoyo público se quedará por debajo de lo solicitado, pese a que esperan que sea lo más alto posible. Lo que sí parece que está claro es que las garantías serán las más altas debido a la necesidad de capital que tendrá este segmento de actividad. A partir de ahí, y según confirman fuentes conocedoras, el apoyo será diferente para empresas y grandes empresas, en función del perfil de riesgo.
Sea como fuere, Calviño aprovechó su intervención de este lunes para animar a las entidades financieras a prestar dinero y flexibilizar las condiciones de devolución de los préstamos, tal y como ya han hecho algunas entidades financieras, argumentando que la cobertura pública llegará. Las entidades reclaman el apoyo del Estado para poder llegar a dar liquidez a todas aquellas empresas que lo necesiten y tratar de paliar así las consecuencias económicas.
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