En tres años

Fridman premia con un bonus de hasta 18 millones al CEO de Día por el 'despegue'

Karl-Heinz Holland, consejero delegado de Dia.
Karl-Heinz Holland, consejero delegado de Dia.
Archivo / L. I.

El grupo Dia parece haber dejado atrás la tormenta y afronta 2020 como una oportunidad de oro para recuperar el terreno perdido tras la crisis vivida en los últimos tiempos: tras cerrar en 2019 el 10% de sus tiendas (las que no eran rentables o arrojaban pérdidas, principalmente), renegociar su deuda y una ampliación de capital de 605,5 millones de euros, la compañía aspira a empezar a recuperar terreno especialmente a partir de este verano, cuando la actual crisis remita al menos parcialmente. Además, el crecimiento generalizado en el sector de los supermercados durante el estado de alarma puede suponer un adelanto significativo en el cumplimiento de objetivos a medio plazo de la compañía. Y, por eso, Mijaíl Fridman (propietario del 70% del grupo) ha decidido premiar a su número dos, Karl-Heinz Holland, con un bonus de 18 millones en tres años.

Así lo ha detallado la sociedad en su informe anual de remuneraciones de consejeros presentado ante la CNMV este miércoles, en el que  se establece para Holland una retribución fija anual por importe de 3 millones de euros brutos, así como una retribución variable a largo plazo para el período 2020-2022 vinculada a los objetivos estratégicos que el grupo aún no ha definido. En este sentido, el bonus del consejero delegado de DIA "no excederá en ningún caso del 200% de su retribución fija anual por el número de años del período 2020-2022", según el informe.

Es decir, que Holland podría llegar a los 18 de millones de euros (repartidos en tres tramos de 6 millones de euros anuales). Además, "una parte del mismo, que no superará el 25% del valor máximo del incentivo concedido, tendrá la consideración de retribución mínima o garantizada". O, lo que es lo mismo, que se asegura un mínimo de 4,5 millones de euros en tres años en variables.

Más certidumbre, pero aún hay cabos sueltos

A pesar de los brotes verdes que empieza a vislumbrar Dia, lo cierto es que la situación sigue siendo complicada en algunos aspectos. Primero, porque aún no ha concluido el proceso de transformación hacia un modelo de negocio: por un lado, la estrategia de reconversión de franquicias a tiendas propias afectó solo el año pasado a 385 tiendas (lo que se traduce en más gastos de personal y de explotación).

Por otro, la reducción del surtido de productos que oferta desde hace unos meses "en aras de conseguir una mayor simplificación, una mejora de la productividad y una mejor relación calidad-precio para los clientes" también es un movimiento arriesgado que aún no está claro cómo afectará al negocio a medio plazo... Aunque durante la crisis del coronavirus parece ser la decisión acertada, debido al aumento de demanda en productos de primera necesidad, sin que los clientes estén exigiendo demasiada oferta en la gama de productos.

Otro escollo en la estabilización de Dia es la imputación del exCEO del grupo, Ricardo Currás, por un presunto delito de administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la compañía en 2017 mediante "prácticas irregulares" que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros. La situación es tan compleja que la compañía ha llegado a presentarse como parte perjudicada en el proceso contra Currás y Antonio Coto, otro exconsejero delegados señalado en la investigación.

Es más, este mismo miércoles la cadena de supermercados utilizaba la presentación de su informe anual ante la CNMV para demandar a Currás más de 2,78 millones de euros en concepto de variables anuales e indemnizaciones tras activar las cláusulas 'clawback', que permiten a las empresas reclamar el reembolso de las retribuciones variables pagadas a los consejeros ejecutivos. En concreto, se le reclaman 616.620 euros correspondientes a la retribución variable anual de 2016 y otros 217.500 euros a la de 2017. A estas cantidades se suman 1,64 millones de euros de la indemnización por cese y 303.300 euros de la indemnización por falta de preaviso.

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