La distribución exige una reforma laboral para paliar pérdidas de 25.000 millones

España va a vivir una "tremenda caída del empleo impresionante en los próximos meses, va a ser un desplome del consumo sin precedentes". Es la advertencia que ha realizado este miércoles Alfonso Merry del Val, presidente de Anged -la principal asociación de los grandes distribuidores-, que también apunta a que la crisis del coronavirus va a provocar que el principal problema en los próximos meses sea de liquidez. "Las empresas ya tienen problemas de atender sus pagos", apunta, concretando que "ninguna empresa puede hacer frente al pago de salarios, impuestos o suministros básicos" en los meses que vaya a durar esta situación. De hecho, desde Anged ya tienen la primera estimación de las pérdidas acumuladas hasta ahora: 25.000 millones de euros. Y, por eso mismo, reclaman un paquete de medidas centrado en dos frentes: dotar de liquidez a las empresas y flexibilizar el empleo en un un nuevo marco laboral.

Según las cifras de Anged, el comercio minorista factura anualmente 250.000 millones de euros, de los cuales ya da por perdidos el 10%. En este sentido, Javier Millán-Astray, director general de la asociación, apunta que "el comercio, junto hostelería, van a ser los dos sectores más afectados por la crisis. Los datos de China revelan que se ha frenado el consumo de hasta un 50%. Vamos a perder más ventas con el coronavirus que todo lo que perdimos durante la crisis económica de 2008 a 2013".

Por eso, Anged detalla que el Gobierno debe implementar medidas urgentes de liquidez para evitar el cierre masivo de empresas. La más prioritaria, en su opinión, es "ampliar la línea de financiación ICO, que se ha quedado pequeña. Puede ser una solución para las empresas siempre y cuando los bancos lo apliquen adecuadamente", explica Millán-Astray, que reclama que lo ideal es que se tome como referencia la situación financiera en cada caso a fecha de 13 de marzo (antes del estado de alarma), no la actual. Hasta ahora, se ha aprobado una línea de avales del ICO con una dotación de 100.000 millones de euros. El primer tramo activado tiene un importe de 20.000 millones de euros.

Por otro lado, desde Anged se reclama una moratoria de las obligaciones fiscales de las empresas, que "también se debería extender a ayuntamientos y comunidades autónomas", así como "eliminar el impuesto a las grandes superficies que nos cobran en cuatro comunidades autónomas".

Pero son las medidas de flexibilidad que reclama Anged las más agresivas: "Si el objetivo principal es preservar los puestos de trabajo, primero hay que preservar las empresas [...]. En 2008 fuimos capaces de diseñar un mercado laboral mucho más flexible, pero manteniendo el empleo". En el nuevo marco laboral que reclama el sector, se incluiría modificar jornada y horario de los trabajadores, la activación de un mecanismo de entrada y salida de los trabajadores en los ERTES, y la flexibilización de los períodos para recuperar horas perdidas hasta más allá del 31 de diciembre, en previsión de las pérdidas acumuladas para entonces.