Las grandes del Ibex se plantean nuevas juntas sin obligación de aplicar dividendo

La crisis del coronavirus está pasando también factura a las compañías del Ibex 35. Las cotizaciones de las diferentes firmas del máximo selectivo español han caído llamativamente y varias de las juntas de accionistas que estaban previstas para estas semanas de estado de alarma y las inmediatamente posteriores, han sido pospuestas -como es el caso de Naturgy- o han sufrido cambios -tal y como ha hecho por ejemplo Iberdrola-. Es precisamente en este último punto en el que están trabajando desde hace ya unas jornadas las grandes sociedades cotizadas. Los servicios jurídicos de varias de las firmas más importantes de este país están buscando la posibilidad legal de celebrar estas reuniones de propietarios de títulos, aprobar las cuentas pero sin tener la obligación de aplicar los resultados de 2019 y poder retrasar, en su caso, el pago de dividendo a 2021. 

Las compañías que en las próximas semanas deban celebrar su junta de accionistas -pese a que con el último real decreto de medidas económicas que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado martes se han aumentado los plazos para hacerlo- buscan la forma de no obligarse a repartir dividendo por ahora. Algunas de ellas ya habían reseñado las cantidades a distribuir en un primer orden del día, pero si suspenden,  retrasan o hacen a puerta cerrada la junta deberán otra convocatoria. 

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Y es que la aplicación del resultado debe ser acordada por la sociedad pero condicionada a la legislación mercantil que lo canaliza con minuciosidad y acierto. En concreto, esta se orienta a la consecución de dos logros diferentes: por un lado la normalización de los beneficios y, por otro, el proteccionismo patrimonial de la sociedad. Es este último punto el más importante para las empresas, pues es necesario fortalecer las garantías con los acreedores para poder superar los difíciles momentos a nivel económico por los que en estos momentos están pasando las compañías. 

Este fortalecimiento es deseable en todas las circunstancias y más aún si cabe en la situación de crisis económica y financiera que ya algunos organismos y entidades financieras están previendo, confirman fuentes financieras. Sea como fuere, el objetivo de las grandes compañías españolas no consiste en no pagar dividendo. El debate interno se centra en la posibilidad de salvaguardarlo en una situación excepcional, como es esta de estado de alarma, y poder incluso traspasarlo al año que viene. 

Industriales, de servicios, hoteleras, financieras... todo tipo de compañías están valorando esta posibilidad, según confirman fuentes conocedoras a este medio, que pasaría por celebrar la junta de accionistas, aprobar las ampliaciones de capital y emisiones de deuda, y conseguir el respaldo al cierre económico del ejercicio de las cuentas pero sin tener que llevar a cabo la preceptiva aplicación de resultados que sería efectuada posteriormente una vez que se supere la excepcional situación de crisis que vive España. 

Compañías de sectores clave en España, como el turismo, están buscando la forma de sobrellevar la falta de ingresos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un hotel no solo no va a poder ingresar durante el periodo del estado de alarma -al igual que pasa con todas las pymes, autónomos u otro tipo de compañías obligadas a cerrar-. Durante el mes o meses inmediatamente siguientes al levantamiento de las prohibiciones la ocupación será mínima, señalan fuentes del sector a este medio, pues tendrán que recuperar la confianza y seguridad que tradicionalmente ha dado el mercado español al turismo. 

Sea como fuere, y pese a esto, hay compañías concretas -en las que el impacto no ha sido tan importante- que están tomando otro tipo de medidas para con sus accionistas. Es el singular caso de Naturgy que ha tenido que asumir decisiones excepcionales justo cuando se declaraba el estado de alarma. Esta misma semana la compañía que preside Francisco Reynés anunció la suspensión de su junta de accionistas 'sine die' casi al mismo tiempo que ponía sobre la mesa la entrega a los propietarios de sus títulos de otro diviendo. El tercer reparto de beneficios con cargo a los resultados de 2019 tiene como objetivo "evitar efectos negativos" a sus accionistas por la cancelación de la junta, según señaló la propia gasista.

Pese a ello, la cantidad que Naturgy repartirá entre los propietarios de sus títulos es levemente menor que la anunciada. En la convocatoria de junta posteriormente revocada se proponían 0,603 euros por acción. En cambio, este que ahora se da sin pasar por los votos de los accionistas es de 0,593, por lo que la compañía gasista comunicó a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la aprobación de la diferencia, un céntimo, "se someterá a la consideración de los accionistas" cuando sea convocada de forma difinitiva la junta.