Hacienda concede un balón de oxígeno a Correos. El Ministerio que dirige María Jesús Montero acaba de adjudicar el contrato centralizado de notificaciones administrativas y judiciales del Gobierno y sus organismos dependientes a la compañía pública de servicio postal. Se trata de todas las citaciones de los juzgados o de las oficinas administrativas que llegan a los afectados directamente a su domicilio por correo portal certificado.
De esta forma, Hacienda concede a la firma dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un servicio considerado especial por sus especificidades. Al tiempo, 'inyecta' una importante cantidad económica en la sociedad que desde el cambio de Gobierno dirige Juan Manuel Serrano y que el año pasado perdió 146,9 millones, según la auditoría realizada por Pwc.
Fue el pasado viernes 7 de septiembre cuando el Consejo de Ministros aprobó el "contrato centralizado para la prestación de los servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales en papel para los ministerios, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y organismos del Sector Público Estatal". Son 108,13 millones (impuestos incluidos) por un año prorrogable a otro más que va a recibir directamente Correos por este servicio.
El contrato se adjudicó el pasado jueves por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Hacienda justifica esta decisión, que no ha permitido un concurso abierto, en tanto Correos debe ser el "proveedor único" debido a las "razones técnicas" del servicio.
En esta línea, el Ministerio añade que solo la empresa pública de servicio postal puede garantizar la inmediatez del servicio de notificaciones de la administración y que en este caso no puede haber competencia entre ofertas. Hacienda, en definitiva, no quiere fallos ni demoras en las entregas, de ahí que únicamente confíe este servicio a Correos.
Como explicó Moncloa en el acuerdo del Consejo de Ministros, "dentro de los servicios postales, los servicios de notificaciones administrativas y judiciales incluyen aquellos envíos que se utilizan para comunicar actos o resoluciones administrativas y judiciales y en los que las administraciones tienen establecido normativamente un procedimiento tasado, con requisitos específicos para los intentos de entrega, que deben gozar de garantía de veracidad y certeza".
Correos comenzará a hacerse cargo de este nuevo contrato a partir del próximo 31 de octubre, dando así continuidad al contrato centralizado de notificaciones que ya aprobó el Gobierno del PP en el último Consejo de Ministros de 2016.
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