El lema de que quien contamina paga es eficaz y se ha extendido. Pero la cuestión es cuánto se paga... sus consecuencias. En los últimos dos años, el derecho a emitir CO2 a la atmósfera, que tiene su mercado y sus reglas, se ha encarecido. Las centrales eléctricas que utilizan carbón y gas para producir electricidad pagaban en agosto de 2016 menos de cuatro euros por tonelada emitida. El último cierre de agosto sitúa el precio de la tonelada de CO2 emitida en 17,62 euros, cuatro veces más que hace dos años.
Tras la subida, que repercutirá en la factura eléctrica de todos los consumidores, están los cambios en el mercado europeo de derechos de emisión de CO2. Ese mercado funciona, aunque no muy eficazmente, desde 2005. Engloba a 31 países —los 28 miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega— y a 11.000 centrales eléctricas e instalaciones industriales.
A partir del año próximo y para avanzar en el control de emisiones, la UE pretende reducir los derechos que pone en circulación, parte de los cuales reparten gratuitamente los Estados entre las grandes empresas. Habrá derechos, pero más escasos, lo que ha disparado los precios. Con los 17,6 euros por tonelada de CO2, el coste de contaminar se acerca -aunque áun no llega- a los límites que reclaman quienes piden señales más contundentes para disuadir a las compañías de quemar carbón. Por ejemplo, Iberdrola -con poco carbón- propone un precio del CO2 de 20 €/t en 2020 y de 30 €/t en 2025.
Un año más caro
La fuerte subida del CO2 es uno de los factores que está encareciendo el precio de la electricidad en toda Europa, pero especialmente en España. Los últimos datos correspondientes al mes de julio, recogidos en el Barómetro Energético que elabora la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) confirman que el año 2018 puede llegar a ser el más caro en dos décadas.
Según AEGE, el precio medio del mercado de energía diario el mes pasado se situó en 61,9 euros MWh, un 27,2% por encima del precio medio registrado en julio de 2017. Los contratos de futuros también apuntan alto: precios de cierre a fin de año de 57,9 euros MWh, un 11% más caros. Todo apunta a que este ejercicio puede acercarse mucho -y quizá hasta superar- el año más caro en dos décadas, que fue 2008, cuando el precio del MWh superó los 60 euros.
La consecuencia de la gran subida es una electricidad a precio de oro que consolida a España como el sexto país más caro en la UE -datos de Eurostat-. La suma de factores como los derechos del CO2 más caros; la menor producción eólica y la subida del petróleo ahogan los efectos positivos de un buen año hidráulico que, en teoría -sólo en teoría- debería haber moderado los precios. Más si se tiene en cuenta que la demanda eléctrica cayó en junio y en julio (0,5%) según datos de Red Eléctrica de España (REE). La realidad es preocupante y no todo cuadra. Por eso la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) investiga si ha habido comportamientos irregulares en la gestión del agua.
Especulación con el agua
Algunos especialistas apuntan al manejo especulativo de las reservas hídricas como la razón de que los precios no solo no hayan bajado sino que incluso hayan subido ligeramente. Iberdrola (23 centrales, 8.847 MW instalados) y Endesa (4.759 MW) son las empresas que controlan el negocio del agua y son las que están bajo la lupa de la CNMC.
Para el consumidor de a pie, las anomalías que tanto preocupan a la CNMC, ha supuesto una factura más cara. La factura de un consumidor medio con tarifa regulada (PVPC), con un consumo de alrededor de 3.500 kwh/año y una potencia de 4 Kw, se situó en julio en 66,5 euros, con un aumento del 12% desde el mes de marzo.
La subida del recibo coincide también con el descontrol del bono social, reformado en 2017 con nuevas condiciones para familias numerosas, hogares con bajos ingresos o pensionistas con retribuciones mínimas. Sólo una pequeña parte de los potenciales beneficiarios -más de dos millones- renovaron el bono a principios de año. El nuevo Gobierno ha anunciado que llevará a cabo una campaña masiva para extender el bono social en uno de los años más caros de las últimas décadas. ¿Llegará a tiempo?
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