La odisea de los créditos ICO: retrasos, seguros y malabarismos para refinanciar

"Me llamaron del banco el día 28 de marzo. Me ofrecieron un crédito de 10.000 euros para poder pagar los gastos de este mes que llevo sin trabajar y a día de hoy aún no he podido firmar". El que habla es Luis, un autónomo propietario de un pequeño negocio de restauración en una población de la España rural que como consecuencia del estado de alarma decretado el día 14 de marzo se vió obligado a cerrar. Pero como Luis hay miles de trabajadores por cuenta propia y pequeños empresarios que con el anuncio de los créditos ICO -préstamos con garantía pública para afrontar esta situación- vieron "la luz al final del túnel" y pensaron que sería "una tirita que no cubre la herida pero evita que te mueras". 

Esta última frase es de Laura -nombre ficticio-, otra autónoma, en este caso de Madrid, que regenta una pequeña tienda de ropa en un conocido barrio de la capital. A Laura, "que no debo ni un duro", la llamaron de su oficina de toda la vida para ponerle sobre la mesa 5.000 euros y poder hacer frente al alquiler del local, las facturas y "la cuota de autónomos, que como a todos, me la han cobrado". Ambos pasaron por situaciones muy parecidas desde la primera llamada de su gestor habitual: les ofrecen el crédito con el aval del Estado -una línea de hasta 100.000 millones de la que se han desbloqueado 20.000 y se hará lo propio con una cantidad igual este mismo viernes-, les muestran las condiciones, les piden documentación "y a esperar". 

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"El jueves pasado me llaman de mi banco y me dicen que la documentación está bien, pero que aún no podemos firmar", señala Luis. "Parece que hay algún problema. Me dicen que tengo que esperar a que el Gobierno firme con el banco", señala Laura, que conoce a su gestora desde hace años. El problema al que hace referencia es la tardanza con la que se llevaron a cabo la firma de los convenios entre el Instituto de Crédito Oficial y las diferentes entidades financieras. En concreto, la documentación no llegó hasta el pasado miércoles a manos de la banca y esta la devolvió, tras varios rifirrafes, dos o tres días después.

Paco, de 56 años, tiene una frutería en uno de los mercados tradicionales de la capital. Su trabajo es esencial y mantiene su negocio abierto, "pero viene mucha menos gente, prefieren ir al supermercado a comprarlo todo junto". El suyo es un caso paradigmático. "Yo estoy facturando, pero poco. Me ofrecieron un préstamo de estos que anuncia el Gobierno para cambiarlo por uno que tengo del año pasado y pregunté a ver cuánto me cobraban", señala. El gestor de su banco, una de las oficinas tradicionales, llamó a Paco hasta en cinco ocasiones en una semana, "y me convenció". El caso de las refinanciaciones es otro de los que está bajo el foco. Varias entidades están ofreciendo a sus clientes préstamos para cubrir otros anteriores y aumentar el capital mínimamente para ayudarles en esta situación, de tal forma que cargan el peso de una hipotética morosidad al aval público, tal y como señalan fuentes conocedoras. 

Pero cuando el viernes estaba a punto de firmar en su oficina "me dijo que tenía que contratar un seguro de vida", señala, algo a lo que se negó. "Yo ya tengo uno. O dos, que tengo también el de la hipoteca", recordó. La venta de productos cruzados es una de las bazas de la banca para obtener beneficios, pero las asociaciones y el Gobierno llegaron a un acuerdo para que, en este caso, no se puediera asociar un seguro a un crédito ICO. Este fue precisamente uno de los puntos en los que hubo mayor discusión a la hora de firmar los convenios con el Estado, señalan fuentes conocedoras, y que hizo que la comercialización real se retrasase hasta este mismo lunes. 

Fue justamente esta semana cuando a Laura y Luis les llamaron de sus respectivos bancos para cerrar sus operaciones. "La semana pasada me habían dicho que me daban el dinero al 1,5% y cuando el lunes hablamos para cerrarlo todo me dicen que es al 2,5%", señala la madrileña. "Le pregunté que qué había cambiado y me dijo que estaban haciendo cambios constantes", señala. La gran banca trabajaba desde un inicio con tipos de interés que se acercaban al 2,5%, según confirman fuentes financieras, e incluso lo sobrepasaban en función del perfil de riesgo de cada cliente. Tras conocerse las primeras operaciones, las entidades más pequeñas, que habían marcado intereses más bajos en un inicio, comenzaron a revisar sus operaciones en marcha y en algunos casos los igualaron a los de la competencia. 

El caso de Luis es más llamativo. "Cuando parecía que todo estaba cerrado, me dicen que tengo que aportar más garantías. ¿Pero no se supone que es el Estado el que garantiza esto?", señala, "mandé más papeles y sigo sin poder firmar", recalca. Lo cierto es que los contratos de las entidades financieras dan vía libre a que la banca pueda solicitar cuantas garantías considere, "hay que ser cautos, nadie quiere aumentar la morosidad, tampoco el Estado", señalan fuentes oficiales de una de las grandes entidades. 

Estas situaciones que narran estos tres autónomos son parte de las que se encuentran cada día aquellos que han tenido que cerrar y ver cómo sus ingresos se quedaban a cero durante semanas. Mientras tanto, en las oficinas bancarias y en las propias casas de los gestores de pymes de las diferentes entidades -muchos están teletrabajando- se vive una "locura" estos días. "Tenemos entre 20 y 30 operaciones cada uno y todas tienen mucha prisa", señala un trabajador de una de las grandes firmas del sector que prefiere no ser identificado y que trabaja desde su salón. "Nos están cambiando las normas cada día y en riesgos el tiempo pasa muy lento", señala otro empleado de una entidad del norte de España. 

"Entiendo que la gente necesite el dinero rápido, algunos tienen situaciones dramáticas, pero esto lleva tiempo y solo llevamos tres días", confirmaba una trabajadora de una entidad catalana. Es precisamente este hecho, la necesidad de un periodo de tramitación antes de la firma, lo que ha hecho que en los últimos días bailen las cifras de banca y Gobiernos. En este sentido, este mismo miércoles, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señalaba que en tres días se habían tramitado 31.000 expedientes de créditos con garantía pública, lo que suponía la movilización de menos de 3.000 millones de euros en avales. Al mismo tiempo, e incluso antes, algunos bancos ya habían dado la voz de alarma al señalar que habían agotado el dinero que les había sido asignado en función de la cuota de mercado, los primeros 20.000 millones. Los datos no cuadraban.

"La banca no ha tenido capacidad suficiente para firmar en solo tres días todo lo solicitado, pero el dinero que han pedido sobre todo pequeñas empresas y autónomos supera con creces el primer tramo que lanzó el Ejecutivo", confirman fuentes financieras a La Información. En este sentido, varios expertos apuntan a la falta de un mercado de capitales sólido más allá de la banca minorista en nuestro país y miran al ICO como una verdadera banca pública que pudiera desbloquear la situación en momentos excepcionales como el causado por la pandemia del coronavirus. Pero desde el sector bancario van más allá y apuntan a una descordinación de esta institución a la hora de traspasar la documentación que envían sobre las concesiones de préstamos. 

Sea como fuere y pese a que muchos de los créditos tendrán que esperar hasta la semana que viene para ser firmados, los autónomos y empresarios deberán salvar otro escollo, desplazarse a las oficinas bancarias para cerrar sus financiaciones. "No se puede hacer de forma telemática", denuncian varios de los afectados, y es que gran parte de las 86 entidades que ya comercializan los créditos ICO no cuentan con medios suficientes para que se puedan firmar a distancia, "los particulares pueden hacer este tipo de gestión desde el móvil, las pymes nos tenemos que exponer al virus", concluyen.