Los créditos con avales públicos del ICO que otorgaría la banca a pymes, autónomos y empresas para reforzar su liquidez ante la crisis del coronavirus fue una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de paliar los daños económicos de esta pandemia. Tras casi dos semanas desde el decreto del estado de alarma esperando a que las entidades bancarias firmasen los acuerdos con esta institución, el día 6 de abril se puso en marcha la comercialización. Desde entonces se han sucedido quejas de autónomos y pymes, los que concentran el mayor número de solicitudes, por los retrasos en la concesión de los créditos o en las dificultades para llegar a recibir el dinero aprobado.
A los despachos de los consultores y asesores han llegado en los últimos días no pocos casos de empresas y autónomos que aseguran disponer del ok'de su entidad financiera a la financiación solicitada, pero que sin embargo aún no han empezado a recibir los ansiados recursos en cuestión. El Consejo de Colegios de Economistas de España puso esta situación en conocimiento del presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, en un encuentro digital celebrado esta pasada semana, con el anejo de que se trataba de un fenómeno que había hecho crecer la inquietud respecto a la agilidad de la línea de financiación dotada con 100.000 millones de euros y cubierta con el aval del Estado del ICO.
El presidente del instituto de crédito oficial atribuye este fenómeno a un cierto desacoplamiento entre el 'timing' con el que el Gobierno está liberando los fondos de esa línea de crédito y las necesidades reales que manifiestan las empresas a las entidades financieras. "Los bancos continúan comercializando las líneas ICO aunque ya hayan agotado la cuota que tenían asignada de los dos tramos de 20.000 millones de euros ya autorizados por el Gobierno, a la espera de que se active el siguiente tramo", explica García de Quevedo, que precisa que en esas situaciones se puede dar que las entidades hayan aprobado la solicitud de financiación de una empresa o autónomo, pero no puedan liberar fondo alguno hasta que se abra un nuevo tramo de la línea ICO.
En esta situación se encuentran entidades como Santander, cuyo CEO, José Antonio Álvarez, reconocía el pasado martes en la presentación de resultados del primer trimestre que ya había agotado los dos primeros tramos habilitados y solicitaba la apertura de más líneas de avales. Por su parte, Gonzalo Gortázar, su homólogo en Caixabank, hablaba en términos similares y señalaba que tienen peticiones por unos 11.140 millones de euros, muy por encima del cupo asignado que ronda los 3.000 millones. Esta situación se hace extensible a todos los grandes bancos que cotizan en el Ibex y que ya han solicitado la puesta en marcha de más garantías públicas para que el dinero "pueda llegar cuanto antes".
El ICO ha impuesto a los bancos en esa situación una serie de cautelas para evitar que la misma acabe perjudicando a las empresas que han solicitado la financiación avalada por el Estado. Por un lado, ha exigido a las entidades que no carguen ningún tipo de gasto a los solicitantes en tanto no estén en disposición de proporcionar de manera efectiva esa financiación; y en ese mismo orden de cuestiones han prohibido que empiece a andar el contador de los intereses mientras no activen el pago de la financiación comprometida.
Según el presidente del ICO son varias las entidades que han agotado ya la cuota que les correspondía de los dos tramos activados hasta la fecha. Sin embargo no hay fecha definida para la activación del tercer tramo. "Es una decisión que compete al Gobierno", asegura García de Quevedo. Según el ICO, de las 304 entidades financieras registradas como tal en el Banco de España, 90 están trabajando con las líneas ICO.
¿Son suficientes 100.000 millones?
Las entidades tienen claro que es necesario que el dinero llegue cuanto antes a aquel que lo ha solicitado, pero la sobredemanda con respecto a los cupos que les corresponden por cuota de mercado ha hecho que se bloqueen las operaciones hasta que no se liberen nuevas garantías públicas. "El dinero llega al autónomo cuando tiene la autorización del ICO", señalaba el pasado jueves Jaime Guardiola, CEO de Banco Sabadell. Cuando un cliente solicita uno de estos préstamos y una vez que tenga el visto bueno del banco la información se envía al ICO, es esta institución la que da una segunda luz verde y libera los avales. En ese momento cada entidad verifica la información y pone el dinero a disposición del solicitante.
El desfase de cifras, que también se puede ver en la diferencia entre los datos de las entidades y los del Ministerio de Asuntos Económicos, hace que sea muy difícil calcular si estos 100.000 millones en avales prometidos por el Ejecutivo serán suficientes para cubrir la demanda, pero desde la banca urgen a la liberación de más garantías. "Es lógico que con tantas operaciones de créditos del ICO podamos estar cometiendo algún retraso o error", explicaba José Sevilla, CEO de Bankia el pasado miércoles. Lo que está claro es que las grandes entidades se desmarcan de las críticas que les han llovido por este motivo: "Los ICO no son un negocio para la banca, es algo que tenemos y debemos hacer", espetaba Gortázar.
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