El Gobierno y la Comisión Europea se han topado con un nuevo escollo que podría frenar la puesta en marcha del gaseoducto MidCat. En Moncloa trabajan mano a mano con Bruselas en un intento por resucitar todos los permisos administrativos del proyecto de interconexión gasista entre España y Francia, permisos que caducaron en 2020. Estas licencias implican trámites que podrían retrasar varios años la construcción de esta infraestructura que, a día de hoy, la Unión Europea considera clave para blindar su emancipación del suministro de gas ruso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado la iniciativa en este asunto. Según fuentes próximas al gabinete presidencial, el proyecto de interconexión entre Martorell y Barbaira (Francia) será uno de los asuntos que el líder del Ejecutivo abordará en su próxima gira internacional de dos semanas, un viaje ideado para recabar apoyos entre sus homólogos europeos más reticentes a las reformas estructurales que sugiere la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Entre las cuestiones que marcarán la agenda de Sánchez se incluye el despliegue de interconexiones energéticas.
El primer objetivo de las negociaciones sobre el Midcat es hallar una fórmula que permita revalidar las licencias del proyecto sin volver a pasar por un "infierno burocrático". "Tramitar de cero conllevaría como mínimo dos o tres años y uno adicional para la fase de construcción", señalan fuentes del sector. Entre los permisos caducados de incluyen, por ejemplo, licencias de obra o la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El Gobierno se volcará en esta última, puesto que entraña una gran complejidad. Varias fuentes del sector coinciden en que el proceso será arduo.
Existe la posibilidad de volver a poner en vigor el citado informe de forma rápida, por ejemplo, a través de una orden ministerial, pero esta vía solo es posible si la infraestructura que se pretende construir es la misma que la que se planteó en el momento en que se otorgó ese primer informe favorable. No es el caso. El creciente interés de la UE por este gaseoducto hace indicar que Bruselas, que deberá correr con buena parte de los gastos de la infraestructura de más de 235 kilómetros, podría exigir una ampliación de la capacidad respecto a la prevista en el proyecto inicial.
Cualquier modificación del diseño primario supone un problema añadido. Con la ley en la mano, el certificado de impacto ambiental tendría que actualizarse en el momento en que el proyecto sea modificado. La idea es que esta interconexión esté alineada con los planes comunitarios de transición energética, por ejemplo, tomando las medias oportunas para que, llegado el caso, esta 'autopista' pueda servir para transportar gases renovables como el hidrógeno verde. El proyecto inicial no tenía en cuenta este escenario.
Cualquier modificación respecto al proyecto original supone una dificultad añadida, pues obliga a empezar de cero en la tramitación de los permisos
El hecho de que el gaseoducto tenga una salida verde ha sido determinante para persuadir a Ribera de la conveniencia de su construcción, dado que el proyecto nunca ha encajado con los planes de la vicepresidenta tercera. La responsable de política energética ha dudado públicamente y en diversas ocasiones de la utilidad a futuro de esta interconexión gasista, una postura de la que se han alejado otros de sus homólogos dentro del Gobiernoo. Es el caso del titular de Exteriores, José Manuel Albares, quien en el contexto de la ofensiva del Kremlin en Ucrania se había convertido en el interlocutor del Ejecutivo, dentro del círculo europeo, en lo concerniente al Midcat.
La entrada en escena de Sánchez sirvió para amortiguar las reticencias de Ribera. El presidente ha incluido el Midcat en su lista de prioridades dando ejemplo a la titular de Transición Ecológica, que ha matizado su discurso respecto al gaseoducto. Ahora, Ribera vincula la viabilidad del gaseoducto a la determinación de la Unión Europea de contribuir de manera relevante a su financiación, en tanto que se trata de una inversión estratégica para el conjunto de los Estados miembros.
La consideración del gaseoducto como una iniciativa estratégica podría marcar la diferencia, tanto en la agilidad de su tramitación como en el esfuerzo inversor que deberá asumir la Unión Europea. El presupuesto original del MidCat se estimó en más de 3.000 millones de euros. La idea del Gobierno era que el gaseoducto se incluyese en la lista de Proyectos de Interés Común (PIC), algo que habría asegurado el apoyo financiero de Europa.
En 2019, la CE excluyó la infraestructura de este listado, tras un informe desfavorable de la consultora finlandesa Pöyry. Tras el batacazo de Bruselas, Enagás, compañía promotora del proyecto por la parte española, se posicionó a favor del MidCat y aseguró que podría volverse a analizar una vez resueltas ciertas diferencias con el Gobierno francés. Algunas de las fuentes consultadas aseguran que las autoridades españolas competentes podrían haber aprovechado ciertas vías para evitar la prescripción de las licencias, una posibilidad que no se llegó a aprovechar.
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