La reforma hipotecaria puede llegar a servir de ‘plataforma’ para aliviar las inasumibles deudas para familias en situación de extrema vulnerabilidad. Ciudadanos, el socio de investidura del Gobierno, ve en su tramitación una ‘ventana’ para introducir reglas asimilables a una solución concursal para hogares. Se encuentra bajo análisis de la Ejecutiva naranja, muy interesada en aprovechar la ocasión para colar uno de sus proyectos estrella o, al menos, redoblar el celo sobre la protección al consumidor.
Fuentes de Ciudadanos aseguran que valoran "incorporar aspectos" de la ley de segunda oportunidad "en el plazo de enmiendas", que hoy ve su ve su primera etapa con las modificaciones a la totalidad de un proyecto parlamentario que el Gobierno pretende agilizar para dar transposición a una directiva por la que Bruselas amenaza con multar a España por encontrarse ya fuera de plazo.
Ciudadanos, en coordinación con el PSOE, logró el apoyo del Congreso hace pocos días para aprobar una proposición no de Ley que conmina al Gobierno a tomar cartas sobre el asunto. Pero la formación dirigida por Albert Rivera sopesa acelerar el paso. Su intención es reforzar los mecanismos de ‘segunda oportunidad’ para personas físicas, al estilo de la ley de insolvencias existente desde siempre para las compañías.
La iniciativa ataca la deuda existente con entidades y la Administración: persigue que se exonere o negocie de manera extrajudicial las deudas con la Seguridad Social y el Fisco, por ejemplo, y que una deuda condonada desaparezca sin que pueda ser exigible transcurridos cinco años como ahora -los acreedores pueden reactivarla si prueban que el deudor actuó de mala fe-. Una opción sería su cancelación con la entrega de la vivienda, es decir, con la dación en pago.
Una vieja reivindicación de la banca
La ley de insolvencia para personas físicas es una vieja reivindicación, incluso, de la industria bancaria. Su instrumentación fue, de hecho, una de las demandas de las entidades financieras cuando el Gobierno articuló un amplio paquete de medidas para paliar la situación de extrema fragilidad de familias a punto de perder sus viviendas por impago. Bajo ese abanico incluyó la creación del fondo de viviendas sociales, una moratoria de varios años en las ejecuciones hipotecarias o reestructuraciones obligadas de su deuda, entre otras medidas.
La ley concursal para compañías les ofrece la oportunidad de reestructurar sus deuda, llegando a acuerdos con sus acreedores, pudiendo evitar en muchos casos su liquidación. Sería el espejo para una ley de ‘segundas oportunidades’ o insolvencia para individuos y familias, de frecuente implantación en países europeos.
En otros países el ciudadano que no puede encarar la losa de su deuda se pone en contacto con un mediador, que hará de interlocutor con los bancos y fijará la estrategia. Puede, fijarle un plan de pagos para encarar con éxito su sobreendeudamiento dándole más tiempo con cuotas inferiores o directamente renegociar la deuda, incluso con quitas.
En los países donde existe esta figura es frecuente que el mediador, que garantiza la búsqueda de una solución extrajudicial, intervenga los recursos del deudor y fiscalice sus gastos, decidiendo qué puede o no gastar la familia endeudada y, en caso de incumplir los pagos, pudiendo liquidar o vender su patrimonio. Son soluciones extremas, pero al menos permiten a la persona deshacerse del problema y que la deuda no le persiga siempre.
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