El Consejo Superior de Deportes (CSD) se resiste a arbitrar los últimos minutos del partido entre LaLiga y CVC contra el 'G3'. La institución que preside José Manuel Franco ha optado por renunciar a los más de 100 millones de euros que le aseguraba el acuerdo entre Javier Tebas y el fondo de private equity que capitanea en España Javier de Jaime, inyección que convertiría al organismo en juez y parte de la batalla del fútbol español, que vivirá su momento más crítico en la Asamblea General de este viernes, donde ambos bandos se enfrentarán cara a cara.
El CSD se ha puesto de perfil desde el inicio de la pugna entre Javier Tebas y los tres clubes que se rebelaron contra su acuerdo con el fondo de private equity, el Real Madrid, el Barcelona Club de Fútbol y el Athletic Club de Bilbao. Este reservaba al CSD una partida de más de 100 millones de euros del total de 2.100 millones que CVC ingresaría a la competición, a cambio del 11% del capital de una sociedad de nueva creación a la que LaLiga traspasaría todo su negocio comercial, incluidas filiales y joint ventures. El plazo de vigencia del acuerdo es de 50 años.
El CSD carece de competencia jurídica para revisar o dar su visto bueno a dicha operación financiera, bautizada como LaLiga Impulso. Así se desprende del informe que la Abogacía del Estado elaboró al respecto del acuerdo a petición del CSD, como adelantó La Información el pasado agosto. Pero los servicios jurídicos del Estado han lanzado una advertencia al organismo que dirige Manuel Franco.
En el momento en que el CSD acepte los 100 millones que LaLiga y CVC le habían reservado según el pliego de términos de su acuerdo (term sheet en la jerga financiera), como beneficiario por el reparto de los ingresos obtenidos y según reza el citado informe, "el CSD pasaría a tener la consideración de interesado y por tanto estaría legitimado para realizar las actuaciones y ejercitar las acciones pertinentes en defensa de sus derechos, como acreedor". Dicha vinculación pondría al organismo público en la tesitura de verse obligado a romper su equidistancia, por ejemplo, si en un futuro acabase saliendo perjudicado por el acuerdo económico.
Este eventual escenario no ha terminado de convencer al CSD que ha preferido renunciar a la lluvia de millones que le aseguraba LaLiga y mantener sus ingresos actuales, tal y como aclaró este jueves el propio Franco en una rueda de prensa ante los medios. Dicha comparecencia estaba previsto que sucediera a una reunión a puerta cerrada entre el presidente del CSD, Real Madrid, Barça y Athletic. Pero los clubes suspendieron la cita poco antes de la hora prevista ante la equidistancia que mostró el CSD y la negativa del organismo público a suspender la Asamblea de este viernes, tal y como le exigían los tres clubes.
La Abogacía del Estado ha advertido al CSD que, de aceptar los 100 millones que le ofrece Tebas, deberá posicionarse como parte interesada del acuerdo económico
Despejada la incógnita del CSD, queda conocer la posición del resto que el resto de clubes adoptarán en la Asamblea después de que el G3 pusiera sobre la mesa su contraoferta, conocida como Proyecto Sostenible, el pasado jueves. Se trata de la propuesta que ha impulsado el presidentes del Real Madrid, Florentino Pérez, quien se ha convertido en el mascarón de proa de la cruzada contra LaLiga Impulso, junto a sus homólogos en el Barça, Joan Laporta, y el Bilbao, Aitor Elizegi.
El plan de los tres socios se estructura en el pago de un importe fijo anual de 115 millones de euros durante los próximos 25 años por parte de los clubes, con cargo exclusivamente a sus ingresos por derechos audiovisuales de la competición, a cambio de un ingreso único total de 1.994 millones de euros. La oferta permitiría a los equipos disponer de esta inyección de liquidez en la presente temporada y estaría financiada por Bank of America, JP Morgan y HSBC. Para armar la propuesta, el 'G3' ha contado con el asesoramiento jurídico de Clifford Chance.
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