El Gobierno plantea que haya más fútbol en abierto en esta crisis, en la que los estadios de fútbol estarán vacíos durante meses, al jugarse a puerta cerrada por el riesgo de contagio y de rebrotes del coronavirus. Y el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha tanteado a La Liga de Fútbol Profesional (LFP) para que se ofrezcan más partidos sin tener que pagar a las operadoras privadas por sus televisiones de pago. El planteamiento al organismo presidido por Javier Tebas está sobre la mesa pero aún no ha habido una decisión de manera oficial, si bien el Gobierno considera fundamental esta iniciativa en el actual proceso de desescalada.
Hoy por hoy sólo se ofrece en España un partido en abierto en la Primera División y dos en la Segunda. Esos encuentros son retransmitidos a través de Gol TV, el canal cuyo propietario es el grupo Mediapro. Lo hace hasta el año 2021, gracias a la adjudicación que se hizo de este paquete durante el verano de 2019 a un precio relativamente bajo -no alcanzó el mínimo exigido por la patronal de los clubes de fútbol en el proceso de subasta-, después de más de un año de retraso.
Pero desde el Gobierno exploran las diferentes posibilidades para que se ofrezcan más. Como contraprestación a acelerar la reanudación de La Liga, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha planteado la necesidad de al menos un partido más en abierto, según han confirmado fuentes conocedoras de las conversaciones a La Información. Es decir, de los diez encuentros, un 20% se podría ver a través de canales en la Televisión Digital Terrestre (TDT) sin ningún coste adicional para los españoles.
El sostén jurídico que tiene este movimiento hay que encontrarlo, según explican las mismas fuentes, en la legislación audiovisual. El origen está en el año 1997, cuando la conocida como 'Ley Cascos' establecía el fútbol como un acontecimiento de "interés general". Esa ley fue derogada en sustitución de la ley general de Comunicación Audiovisual aprobada en el año 2010. En ella se mantiene la potestad del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales de excluir de la emisión codificada a los partidos de fútbol. Pero con una salvedad importante que previsiblemente obligaría a hacer modificaciones: ese blindaje sólo corresponde para un solo partido por jornada de la Primera División, designado por la LFP con una antelación mínima de diez días, y la final de la Champions League y la Copa del Rey.
Este movimiento del Consejo Superior de Deportes, liderado por Irene Lozano, se enmarca en las conversaciones que se iniciaron a tres bandas junto al presidente de la Real Federación de Fútbol, Luis Rubiales, y el de La Liga, Javier Tebas, el sábado 18 de abril en el madrileño Palacio de Viana. Esa negociación maratoniana, que se alargó durante más de ocho horas, desembocó en una serie de medidas destacadas. La primera: la creación de una fundación de ayuda al deporte no profesional que estaría dotada con los 50 millones de euros anuales financiados con los derechos de retransmisión del fútbol. Una fundación que arranca con dudas sobre su legalidad, dada la imposibilidad de que las federaciones deportivas cedan la explotación a terceros.
La segunda medida destacada tiene que ver también con los derechos de retransmisión del fútbol, principal fuente de ingresos de los clubes. Javier Tebas arrancó en ese pacto una vieja reivindicación: se ampliará el periodo de comercialización por encima de los tres años que se fijaron en la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015. Ahora, el Ejecutivo quiere sondear la posibilidad de incorporar ese partido 'extra' en abierto como tercer pilar.
Una vuelta por fases
Hoy los derechos de los principales partidos de La Liga están en manos de Telefónica y Mediapro. La operadora española compró la exclusiva de El Partidazo y los ocho principales partidos de Primera División para el sector residencial y le recompró al grupo presidido por Jaume Roures los que permiten emitir los partidos en los bares y restaurantes. Estos contratos están firmados desde hace casi dos años. Y estarán vigentes hasta finales de la próxima temporada. Entre ambos pagan unos 1.200 millones de euros de media por temporada. La teleco paga más de 900 millones. Queda por ver cuál es la posición de Telefónica y Mediapro en esta propuesta, quién tendría la potestad para elegir el partido que se emitiría en abierto y quién afrontaría, al menos en lo que queda de temporada, el coste de ese partido 'extra'. Y sobre todo falta por saber si esa declaración de "interés general" a la que se agarra el Gobierno obliga a acatar sin más.
Todas estas medidas se están precipitando al haber ya un horizonte de reanudación de las competiciones deportivas profesionales y, por ende, de La Liga española. La propuesta elaborada por el propio CSD incluía entre los beneficios de este regreso a la actividad a uno: la reputación de España. "Las dos marcas españolas más conocidas internacionalmente son el Real Madrid y el FC Barcelona; que la liga española (una de las dos mejores del mundo) se reanudase, repercutiría positivamente en nuestra reputación", apunta el documento de la entidad que dirige Irene Lozano. Esa desescalada tiene tres escenarios que, sin cambios ni rebrotes, desembocaría en un reinicio a lo largo del mes de junio.
Precisamente ante la eventualidad de que el fútbol regrese a casa es cuando se impone ahora por parte del Gobierno la conveniencia de que haya partidos en abierto y dichos encuentros sean los más interesantes de cada jornada. Lógicamente, la buena voluntad del CSD y la supuesta mejor intención de la LFP deberá tener en consideración los intereses económicos de entidades que tienen comprometidas inversiones multimillonarias en el negocio del fútbol. Lo que es bueno para todos no lo será tanto si no se tiene en cuenta la seguridad jurídica que compete al Gobierno y a los clubes de fútbol.
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