Martes, 17.09.2019 - 13:20 h
Por tercer año consecutivo

Hacienda detecta un caos contable en las cuentas del CSIC y señala falta de datos

El organismo encargado de auditar el balance de la compañía pública ha emitido una opinión favorable pero con varias salvedades. 

CSIC
Las cuentas del CSIC, en el punto de mira de Hacienda. / EFE

Hacienda sigue con la lupa puesta sobre las cuentas del CSIC -el Consejo Superior de Investigaciones Científicas-. Ya el año pasado, al auditar los balances correspondientes al ejercicio de 2017, había encontrado varias inexactitudes e incumplimientos, tal y como reflejaba el organismo en el informe publicado en el Boletín Oficial del Estado. En cambio, este año han ido más allá y además de estas imprecisiones también se observa, según la documentación que aparece este viernes en el BOE, "omisiones" de información sin haber mejorado los problemas encontrados el año anterior.

El organismo dependiente del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que dedica su actividad a la investigación científica, ha llevado a cabo la regularización del inventario patrimonial de la agencia con el fin de regularizar las inexactitudes halladas en el ejercicio anterior y en el de 2016. En cambio, y según señala la documentación, este hecho "no ha sido suficiente para asegurar el objetivo de imagen fiel". 

En concreto, uno de los principales problemas de las cuentas de 2017 era la afloración contable de bienes a través del cual se regularizaron activos por valor de 242 millones de euros, sin aportar documentación suficiente del ajuste. En cambio, en las cuentas de este último ejercicio, siguen detectándose numerosos bienes adquiridos antes del 2015 por causas distintas a la ejecución del gasto -por compra, como donaciones, adscripciones, compras con entregas no dinerarias u otras causas-, "cuya amortización está pendiente de regularizar, que de acuerdo con los criterios de la memoria ya deberían estar totalmente amortizados, sin embargo, contribuyen al valor neto contable", señala el informe. 

Como consecuencia de este hecho, el informe de Hacienda señala que en las cuentas de 2018 los epígrafes del balance inmovilizado intangible y el de inmovilizado material "están sobrevalorados", con contrapartida en el patrimonio neto. Además, confirma que se siguen aplicando criterios de amortización incorrectos al superar su vida útil los limites delimitados. 

Hacienda ha hecho además ciertas pruebas sobre partidas concretas comparándolas en documentación diferente. Así, han evidenciado que "no coinciden los datos del balance con el valor neto contable" que se deduce de los listados facilitados por la unidad responsable de inventario que se utilizan para realizar las amortizaciones correspondientes, existiendo una diferencia de once millones y 64 millones en dos partidas diferentes, según los datos que señala este organismo.

Existe omisión de información

Pero no solo se trata de inexactitudes. Según señala la documentación que el auditor anexiona a las cuentas, se observa una "omisión de la información relevante prevista en el artículo 32.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, ya que no se refleja el cumplimiento del requisito de actividad". Concretamente, se refiere a que según esta norma, más del 80% de las actividades del ente destinatario del encargo se deben llevar a cabo por el poder adjudicador y dejarlo reflejado en la memoria de las cuentas anuales.

En cambio, esta información no se especifica, por lo que, según el auditor, "da lugar a una salvedad" y afecta a la imagen fiel de las cuentas. Como consecuencia de esta falta de información, Hacienda también señala que "existe un riesgo de incumplimiento del requisito de actividad" lo que deriva en una imposibilidad de que se sigan realizando encargos.  Así, Hacienda cree que el CSIC debería modificar una parte de su estatuto para eliminar lo que concierne a la condición de medio propio.

En este sentido, se quedaría sin la posibilidad de adjudicarse trabajos de otros ministerios de forma directa -como por ejemplo la elaboración de informes-, y perdería la exención del pago del IVA de estos servicios con la que cuenta la compañía pública. 

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