El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene previsto debatir en junio el informe técnico sobre la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca), según confirman fuentes del organismo. En julio 2015, el Consejo informó a favor del emplazamiento del silo, aunque el permiso del Gobierno está pendiente de la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Para que el polémico ATC sea una realidad necesita tres autorizaciones gubernamentales: de emplazamiento, de construcción y de explotación.
Si el calendario se cumple, el CSN habrá avanzado antes del verano dos de los tres informes técnicos que deben servir de base a las tres autorizaciones del Ejecutivo. El organismo precisa, no obstante, que nunca habla de tiempos ni de plazos y que, en el caso del ATC, como en el resto, se limita a cumplir con las exigencias que marca la ley. La concesión de las autorizaciones de instalaciones nucleares corresponde al Ministerio de Energía con el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear.
Los pasos del CSN, lentos pero seguros, contrastan con el enredo legal que rodea el proyecto del ATC. La Junta de Castilla-La Mancha, que se opone a la instalación, bloqueó durante más de un año el almacén nuclear con normas medioambientales. El Gobierno recurrió la norma y el Tribunal Supremo desbloqueó la situación. Pero hubo contraataque y la Junta anuló el plan urbanístico del Ayuntamiento de Villar de Cañas. El TSJ de Castilla-La Mancha ha avalado la anulación. El ayuntamiento anunció que no recurrirá la decisión que, en su opinión, no impedirá la construcción del silo.
El ATC acumula retrasos, pleitos y debate político -la oposición reclama la paralización del proyecto- mientras el problema de los residuos crece. Las piscinas y almacenes provisionales de las centrales españolas rebosan. Las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones de entorno al 40%.
No hay solución definitiva y global para los residuos. Enresa, la empresa pública que los gestiona, no espera soluciones antes de 2024. Eso en el mejor de los casos. Mientras, la factura crece. El 1 de julio de 2017 finalizó el acuerdo de España con la compañía francesa Areva (ahora Orano) para almacenar en Francia los residuos radiactivos de la central VandellósI, clausurada en 1989. Cada día transcurrido sin que España repatríe la basura nuclear conlleva una penalización de 73.000 euros. El próximo julio, la factura superará los 26 millones.
Preocupación y penalizaciones
La factura no preocupa demasiado en el Gobierno. Energía sostiene que la penalización que aplica Francia será devuelta -descontados los costes de almacenamiento y logística- cuando los residuos vuelvan definitivamente a España. Para eso, el Gobierno no tiene fecha concreta. El futuro Plan de Residuos Nucleares -el vigente data de 2006-está pendiente de la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es la norma que establecerá el mix energético español y que concretará el papel que jugará en el mismo la energía nuclear.
Pero como sucede con la tramitación de los permisos ambientales del ATC, en la Ley de Cambio Climático los ministerios de Energía y de Medio Ambiente no trabajan al unísono. Los dos departamentos manejan proyectos, comités de expertos y calendarios de aprobación distintos. Esa falta de coordinación hace temer a los partidos de oposición que la norma clave para la transición energética no verá la luz en esta legislatura. Y sino no hay ley, no hay plan de residuos.
No se trata sólo de los residuos enviados a Francia y por lo que la antigua Areva cobra cada día. El Ejecutivo español alcanzó un acuerdo con Gran Bretaña hace 14 años para evitar la vuelta de los residuos reprocesados de Garoña a cambio de 34,5 millones de euros. El año pasado dio un paso más. Transfirió la titularidad del plutonio generado en el reprocesamiento de los desechos a la compañía pública International Nuclear Services (INS), según detalla la memoria de Enresa. El coste "en el ejercicio 2017" fue de 50,4 millones de euros.
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