Mientras el PSOE y el PP perfilan un "preacuerdo" para renovar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ni el tiempo, ni la Bolsa, ni el dinero se detienen. El organismo que preside Fernando Marti, cuyo mandato de seis años acabó el 28 de diciembre pasado, tiene que analizar en los próximos meses si autoriza o no la construcción de la planta de fabricación de concentración de uranio en Retortillo (Salamanca). Es un permiso clave para el proyecto que el grupo australiano Berkeley desarrolla en España desde hace 15 años y que discurre entre el escepticismo de los analistas y la abierta oposición del Gobierno de Pedro Sánchez. El examen va a sorprender al CSN en plena renovación ya que en marzo habrán finalizado mandato cuatro de los cinco consejeros y los trámites para sustituirlos son largos y complejos.
En el proyecto minero de Berkeley, los informes del CSN son vitales. No son vinculantes para el Gobierno -la última palabra la tiene el Ministerio de Transición Ecológica-, pero cada visto bueno del CSN a las etapas del plan de Berkeley es un espaldarazo para la compañía minera. Sobre todo en Bolsa. Cada noticia sobre la mina -como sucedió en septiembre y en diciembre de 2018- provoca fuertes oscilaciones en el precio de las acciones, lo que en Bolsa equivale a buenas opciones de ganar dinero.
En el CSN, la mina de Berkeley se ha convertido en un asunto muy sensible. En diciembre, el Consejo aprobó dos informes de impacto radiológico y medioambiental sobre el proyecto minero. Lo hizo con el voto en contra del consejero Jorge Fabra, que vive su última semana en el organismo por haber alcanzado los 70 años, el límite de edad previsto en el CSN para los miembros del consejo.
Unificar proyectos
Fabra se opuso a la aprobación porque, en su opinión, no se deben avalar los planes de Berkeley sin unificar y armonizar todos los procedimientos que tiene en marcha. La oposición de Fabra provocó que tres de los Consejeros -el presidente Marti, la vicepresidenta Rosario Velasco y el consejero Fernando Castelló- elaboraran un escrito en defensa de su actuación. Javier Díes, el único consejero con mandato en vigor -fue elegido a instancias del PP en 2015- no se sumó al escrito de Marti y los otros dos consejeros.
Con el consejo dividido y en su mayor parte en la rampa de salida, dentro y fuera del CSN hay temor a que un consejo en funciones siga hinchando lo que algunas fuentes en el sector nuclear consideran un proyecto especulativo. La realidad del plan de Berkeley -que consiguió autorizaciones preliminares en 2013- depende de una licencia urbanística de construcción local que no tiene y de otra de la autoridad nuclear, dependiente a su vez del Ministerio para la Transición Ecológica, que tampoco tiene al completo.
Por eso fue tan importante para la empresa -y para su cotización en Bolsa- que el CSN aprobara en diciembre dos pasos intermedios para la autorización: el Programa sobre Vigilancia Radiológica Ambiental y el Programa de Vigilancia y Control de las Aguas Subterráneas. Y por eso la pelea en el seno del consejo es tan intensa. A estas alturas, el proyecto de la mina salmantina está envuelto en una auténtica telaraña administrativa.
Según la respuesta enviada el 21 de mayo de 2018 por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy a una pregunta de Podemos en el Congreso, el Proyecto Salamanca de Berkeley cuenta desde hace cinco años con una declaración favorable de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León y desde 2015 dispone, además, de una autorización previa como instalación radioactiva de primera categoría de combustible nuclear.
Diversidad de permisos
El proyecto discurre entre permisos autonómicos, municipales y medioambientales. No hay visión de conjunto, según denunció el consejero Fabra en su voto particular: en su opinión, el proyecto Berkeley debería ser "licenciado en su conjunto de manera coherente y consistente, no como piezas separadas unas de otras entre mina y planta, explotación en zona 7 y almacenamientos en huecos mineros, en relación con las cuales se presentan programas o se realizan solicitudes cuya apreciación favorable de unas u otras por el CSN podrían llevar a confusión reguladora en relación con la resolución final de este proyecto".
Confusión no falta. Pero en el CSN, se van quemando etapas. La próxima, la autorización de la fábrica, es clave. La renovación del CSN lleva su tiempo incluso si los partidos llegan a un acuerdo sobre los candidatos, por lo que cabe la posibilidad de que sea un consejo en funciones el que vuelva impulsar el proyecto de la minera australiana.
En Bolsa, el año no ha empezado mal para Berkeley. Las acciones de Berkeley Energia Limited han subido con fuerza en las Bolsas de Sidney, Londres y Madrid. A finales de 2018 las acciones de la firma tocaron fondo, con un precio por acción de 0,07 euros tras haber estado a 3,27 euros en agosto. Esta semana han empezado a cotizar a 0,32 euros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios