La enmienda al proyecto de Ley de Cambio Climático pactada por el PSOE y Unidas Podemos para prohibir la minería del uranio en España es un golpe al proyecto que la multinacional australiana Berkeley intenta desarrollar en Salamanca desde hace diez años. Pero no supone un frenazo inmediato. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que informó favorablemente en julio sobre la autorización provisional de emplazamiento de la mina, seguirá informando sobre las solicitudes de la compañía minera hasta que el Ministerio de Transición Ecológica ordene lo contrario, como sucedió con la paralización del cementerio nuclear (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) hace dos años.
El Consejo de Seguridad Nuclear, según fuentes conocedoras de los trabajos del organismo, está elaborando un informe sobre la solicitud de Berkeley para construir una planta de concentrados de uranio en Retortillo. La conclusión del informe está prevista para fin de año y cuenta con posibilidades de ser favorable al proyecto de Berkeley como ya lo fue el pronunciamiento del CSN sobre la autorización provisional de emplazamiento.
La tramitación del proyecto de Ley de Cambio Climático, con la enmienda contra la minería del uranio pactada entre los dos socios de Gobierno, no será aprobada antes de 2021, según explican fuentes de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso. Eso quiere decir que Berkeley puede sumar una nueva licencia a los permisos que ya tiene antes de que la norma entre en vigor y antes de que el Gobierno pueda ordenar la paralización de los trámites relacionados con la polémica mina.
Archivo de procedimiento
La enmienda precisa que a partir de la aprobación de la norma se proceda "al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales". La situación en torno a Berkeley y a los reguladores recuerda lo sucedido con el ATC nuclear de Villar de Cañas. El CSN trabajó sobre el proyecto del almacén nuclear hasta que el Gobierno intervino. El Ministerio de Transición Ecológica tuvo que enviar una carta al Consejo de Seguridad Nuclear solicitando que suspendiera la emisión del informe de avaluación del proyecto.
En el caso de Berkeley, el departamento que dirige Teresa Ribera tiene todavía pendiente decidir si acepta o deniega la prórroga de la autorización provisional de emplazamiento de la mina sobre la que el CSN ha informado favorablemente. Formalmente, la autorización expiró el día 17 de septiembre al haber transcurrido cinco años desde que se aprobó la orden (Orden IET/1944/2015) que dio cobertura al proyecto en la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Pero la prórroga de plazos administrativos a causa de la pandemia y el estado de alarma ampara el silencio ministerial.
Mientras el Congreso debate sobre el futuro de la mina de Retortillo, Berkeley opta por el silencio. La Información ha tratado, sin éxito, de obtener la versión de la compañía sobre la enmienda pactada por PSOE y Unidas Podemos y sus posibles consecuencias. La Bolsa, donde Berkeley cotiza desde hace dos años, ha registrado fuertes caídas del valor a raíz de la publicación de la enmienda.
Ponencia en el Congreso
La mayoría de los partidos políticos son favorables a la paralización de Berkeley. Así lo manifestaron en junio de 2018 en la ponencia del Congreso para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En el pasado, Berkeley demostró que se mueve bien en los tribunales. En 2012, el grupo australiano llevó a la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) ante la Corte de Arbitraje Internacional por haberse echado atrás en el proyecto de explotación conjunta del uranio salmantino. Entonces reclamó 200 millones de dólares (150 millones de euros). El caso se cerró con un acuerdo sobre derechos de explotación en la zona, pero demostró que Berkeley defiende hasta el final el terreno conquistado.
Según las comunicaciones públicas de la compañía australiana, Berkeley lleva invertidos en el proyecto ahora en cuestión más de 86 millones de euros desde 2012. Sus planes de inversión alcanzaban, siempre según la empresa, los 400 millones de euros. Además, se comprometía a promocionar el empleo local y a aportar ingresos de 1,5 millones de euros a los ayuntamientos en los que se encuentra el yacimiento, más 23 millones de contribución a la Hacienda Pública en concepto fiscal.
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