Abril de 2019. Mike Pompeo, Secretario de departamento de Estado de EEUU, anunciaba el levantamiento de la suspensión el título III de la Ley de Helms-Burton. Esta normativa, en vigor desde 1996 como consecuencia de las sanciones del país norteamericano a Cuba, tenía sin efecto de forma temporal una de sus partes. En concreto, se trataba de los artículos que permitían demandar ante tribunales de EEUU a empresas extranjeras que estuvieran presentes en el país caribeño y que gestionasen bienes nacionalizados tras la revolución cubana por parte del régimen castrista. El levantamiento de esta suspensión permitió dar el pistoletazo de salida a una batalla legal contra las multinacionales, sobre todo en el mundo del turismo, que operan en la isla. Pero lo que se prometía como una victoria para los expropiados, ha terminado siendo un revés poco fructífero (al menos por ahora).
Un total de 39 demandantes actuaron contra firmas de la talla de Meliá, American Airlines, BBVA, Amazon y Booking. Pero de todos ellos, a día de hoy, solo una sigue adelante, de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso La Información. La última en quedarse en el camino es la demanda presentada contra la hotelera española Meliá. Cecilia M. Altonaga, jueza encargada del caso, decidió este mismo jueves apartar de la causa a la compañía y paralizar el juicio previsto para el próximo día 10 de enero, de acuerdo con la citada documentación.
Con ella, también la juez apartó de la causa a las compañías de venta online de viajes Expedia, Trivago -que retiró parte de los hoteles en Cuba de su plataforma-, Booking y Hotels.com. También dejaba fuera de las reclamaciones judiciales a otros implicados, como las hoteleras Gran Caribe, Cubanacán, y Gaviota. Del mismo modo, cerraba las reclamaciones presentadas contra 'Raul Doe' y 'Mariela Roe' -ciudadanos cubanos, según destaca la prensa local-, tal y como consta en el mismo documento.
Esta decisión deja fuera de la causa a la mayor parte de los demandantes que se habían unido de forma colectiva capitaneados por el despacho de abogados Rivero Mestre LLP y Manuel Vazquez PA. Así, y según confirman fuentes conocedoras del procedimiento judicial, solo sigue adelante un demandante, Maricela Mata -perteneciente a una familia de exiliados en Miami- centrado en las compañías americanas.
Así, existe otra reclamación contra Expedia y Booking, compañías norteamericanas que se dedican a la intermediación en los viajes. Las mismas fuentes confirman que la estrategia de centrarse solo en las firmas americanas, dejando de lado el resto de compañías extranjeras, permitirá agilizar los procedimientos debido a que una de las diferencias encontradas a nivel judicial se basaba en la división en jurisdicciones.
Este es precisamente uno de los argumentos que utilizaron Booking y Expedia en su último escrito para tratar de desestimar la demanda que caía sobre sus espaldas. También fue utilizada en su momento por la propia Meliá, que ahora ha conseguido desgajarse de los procedimientos judiciales en Estados Unidos, para calmar a los mercados frente a las incertidumbres que este proceso pudiese suponerles. Así, en su informe de cuentas señalaba que declinaba las demandas interpuestas contra sus hoteles en Cuba por "falta de jurisdicción y competencia judicial internacional".
En este sentido, en un documento fechado el 23 de diciembre al que ha tenido acceso este medio los representantes legales de Booking y Expedia alegaban tres razones: los acusados no están sujetos a la jurisdicción de Florida en la que se está llevando a cabo el procedimiento legal; no hay nexo alguno entre las supuestas confiscaciones de bienes en Cuba, de las que dicen "los demandantes no han probado daños", y la actividad que estas firmas desarrollan; y que la demanda no establece una pretensión jurídica que pueda ser admitida bajo esta norma.
Revés en Europa
Más allá de las decisiones judiciales que se están tomando en Estados Unidos, en Europa también se ha ido moviendo ficha para proteger a las empresas con sede en el Viejo Continente. En concreto, en un inicio, el Gobierno español se había mantenido al margen de las demandas que varias empresas nacionales habían recibido como consecuencia de este cambio normativo.
En cambio, el Gobierno fue trasladando a las compañías afectadas por las demandas en Estados Unidos y a sus asesores legales un mensaje de tranquilidad basado en el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea. De acuerdo con esta norma, se podrán bloquear las notificaciones enviadas desde los tribunales norteamericanos basadas en la Ley Helms-Burton. Ahora, las grandes firmas españolas han quedado fuera de este procedimiento pese a haberse visto afectadas por un lío judicial que ha durado varios meses.
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