Es el fin de una época. Quedan cuatro meses para que la decena de empresas mineras que a duras penas se mantienen en España decidan entre echar el cierre o mantener la persiana abierta pero previa devolución -así lo exige Bruselas- de las ayudas que han cobrado desde 2011.
El sector no es lo que era: apenas da empleo a 2.300 personas, pero todavía marca la vida de comarcas enteras en Asturias, Castilla-León y Aragón. Las autonomías más afectadas empujan para que el Gobierno negocie en Bruselas fórmulas que permitan a las empresas mantener la actividad, sin tener que devolver de golpe las ayudas recibidas, que superan los 500 millones de euros. La estatal Hunosa, en pérdidas, es la más afectada.
La cuenta atrás está en marcha. La Unión Europea ha ido aprobando normas para luchar contra el cambio climático y la contaminación. Y todas apuntan hacia un mismo lugar: el fin del uso del carbón para generar electricidad. Con esa idea, Bruselas estableció en 2010 que a partir de 2019 ninguna mina de carbón podría seguir recibiendo ayudas. Las minas que quisieran seguir operando deberían devolver todas las ayudas para el cierre que las empresas han recibido desde 2011.
En ese marco, el fin de la minería del carbón parece cada vez más cercano. En la actualidad, según la patronal del sector Carbunión, la mayoría del mineral que se consume es importado (85%). Con ese mineral se produce el 17% de la electricidad -dato de REE de 2017- y con ese mineral también se generaron el 14% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el mismo año.
El CO2 en máximos
Con los precios de la tonelada de CO2 en máximos, el futuro del carbón parece más oscuro que nunca. Los derechos de emisión se han encarecido en los últimos meses de forma espectacular y están detrás de la subida del recibo eléctrico. Según los expertos, por cada euro que sube el precio de la tonelada de CO2 el precio mayorista de la electricidad aumenta entre 0,5 y 0,6 euros/megavatio hora (MWh). El último cierre en el mercado de derechos fue a 18,08 euros la tonelada.
A esos precios, a las compañías eléctricas propietarias de centrales de carbón no les salen las cuentas. En España hay 15 centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad. Suman alrededor de 10.000 MW de potencia. Endesa Generación es la empresa operadora con el parque generador más grande (5.167,8 MW). Le siguen Naturgy (1.909,3 MW) y EDP (1.224 MW). A continuación se sitúan Viesgo (869,9 MW) e Iberdrola Generación (833,5 MW).
El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera estima que a partir de 2020 cerrarán al menos siete de las 15 centrales térmicas de carbón que funcionan en el país. Para seguir produciendo Bruselas exige costosas inversiones en el control de emisiones o limitar la actividad a menos de 1.500 horas al año. Pero los cierres de centrales pueden ir más allá de lo que asume el Gobierno hasta ahora.
Los debates de la transición
Fuentes del PSOE que han participado en los debates sobre la transición energética y sus consecuencias consideran más que probable que a partir de 2021 sólo se mantengan activas cuatro centrales localizadas en Asturias, Galicia y Andalucía. Serán las de Aboño y Soto de la Ribera, ambas propiedad de EDP Energía y ambas en Asturias y las de As Pontes (Galicia) y Carboneras (Andalucía), propiedad de Endesa.
El cierre de las centrales más contaminantes tendrá un efecto positivo en el control de las emisiones, disparadas con la recuperación de la economía y la actividad industrial. En 2017, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aumentaron en un 4,4% respecto al año anterior. Fue el mayor incremento interanual desde el año 2002, según datos del Avance del Inventario de Emisiones de GEI del Ministerio para la Transición Ecológica.
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