Es la prueba de fuego para el sector de las VTC. El gran punto de inflexión que marcará las reglas. Queda menos de una semana para el 'macrojuicio' por el que el Tribunal Supremo deberá decidir si declarar nulas todas las limitaciones a la actividad de un mercado copado por plataformas como Uber o Cabify o mantener el 'statu quo' en la regulación. De su decisión dependerá el devenir de muchas de las inversiones que suman varios cientos de millones de euros y que se han llevado a cabo en los dos últimos años, especialmente en la compraventa de permisos en el mercado secundario.
Los taxistas claman por que se mantengan esa ratio de 1 licencia de VTC por cada 30 taxis (aunque hoy por hoy sea historia con el aluvión de sentencias del propio Supremo dando luz verde a la concesión de las solicitadas entre 2013 y 2015), mientras que compañías como Uber o la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia exigen una liberalización. Mientras esto sucede, particulares y empresas siguen solicitando permisos en las grandes ciudades, confiando en que esta batalla judicial acabe en desregulación.
La CNMC como precursor
Todo arranca en el año 2016, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pasa a la acción y recurre ante la Audiencia Nacional el reglamento y el Real Decreto aprobados por el Gobierno de Rajoy 'in extremis' en noviembre de 2015 para resucitar de una vez la limitación de una licencia VTC por cada 30 taxis, tras años de 'agujero' normativo por la llamada 'ley ómnibus'.
Su posición: las restricciones en el número de licencias, en los requisitos exigidos a los conductores (por ejemplo, con una flota mínima de 7 vehículos) o en los lugares en los que poder operar esos permisos (sólo el 20% de los servicios se pueden operar fuera de las 'fronteras' de la comunidad autónoma donde se ha concedido) limitan la competencia efectiva y "carecen de justificación económica" y "blinda el régimen de monopolio en los servicios de taxi, frenando la innovación en el sector".
Después de que el Tribunal Supremo asumiera la responsabilidad del caso, se incluyeron como partes a Uber, Cabify y la patronal Unauto VTC, como partes recurrentes, y a diferentes asociaciones del taxi (Fedetaxi, Élite Taxi...), el Estado, las administraciones locales y regionales de Madrid y Barcelona.
La limitación geográfica y de número de licencias, en juego
En juego está, por tanto, la limitación del sector. Por un lado en el número de licencias. El decreto y reglamento de 2015 trataba de rescatar la ratio 1-30. Sin embargo, las autorizaciones pedidas entre 2009 y finales de 2015 han ido siendo concedidas, tras el recurso en balde de la administración, por el Supremo.
Hoy ese ratio es historia: según los datos del Ministerio de Fomento, hoy hay un permiso para VTC activo (se ha superado la barrera de las 7.000 entre estas últimas) por cada 9 de taxis (estancadas desde hace años). Y lo será aún más cuando entren los casi 10.000 permisos pendientes de sentencia. Desde las organizaciones del taxi defienden: el fallo del Supremo favorable a los postulados de la CNMC inundaría de manera definitiva de autorizaciones el mercado.
La geográfica es la otra gran limitación contra la que claman la CNMC y las plataformas del sector junto con algunos operadores de flotas de coches que pretenden con este fallo judicial igualar el valor de las licencias circunscritas a Baleares, Andalucía o la Comunidad Valenciana, con las de Madrid o Cataluña. Hoy existe lo que se conoce como 'habitualidad': sólo el 20% de los servicios pueden llevarse a cabo fuera de la comunidad.
El ejemplo de Ares Capital, adquirida por el fondo de inversión King Street Capital por unos 140 millones de euros en una operación a la que acaba de dar luz verde la CNMC, es uno de los más palpables. De las más de 50 sentencias de Ares Capital pendientes del pronunciamiento del Supremo consultadas por este medio -que suman más de 3.200 licencias-, 16 son referidas a otras comunidades fuera de Madrid o Barcelona (en total 1.600 licencias). Al menos sobre el papel, estos permisos tienen menos valor, al estar en zonas con demandas que, en teoría, van a ser inferiores a grandes núcleos como las dos capitales.
Qué se juegan Uber y Cabify
Uber y Cabify se la juegan. Sus posiciones, pese a partir del mismo mercado, son diferentes. La primera ha defendido en numerosas ocasiones la liberalización total del sector, con una transición ordenada en la que se plantearan ayudas al sector del taxi. Esperan que el Tribunal Supremo falle a favor de tumbar esas limitaciones de hoy.
¿Y Cabify? Su posición es diferente. Desde su arranque en el mercado español, hace ya siete años, ha necesitado licencias que operar y es por ello que ha tenido que acudir al mercado de las VTC a adquirirlas. Hoy tiene varios cientos de ellas y eso afecta a su posición, que no ha sido en todo este tiempo muy favorable a la eliminación de todas las limitaciones (en ese caso, sus licencias valdrían mucho menos).
¿Y el taxi?
Por su lado, el taxi es uno de los que más se juega en esta batalla. Hasta ahora, la irrupción de estas plataformas como Uber o Cabify ha hecho temblar sus cimientos en ciudades como Madrid o Barcelona desatando una 'guerra' que dura hasta hoy. Pero si finalmente el Tribunal Supremo falla a favor de la liberalización del sector, el impacto en su negocio puede ser importante.
Pero el impacto referido a los ingresos no es el único que hace temblar al sector del taxi. También el que tiene que ver con el valor de sus licencias hoy activas. Muchos de sus dirigentes han defendido que esos permisos, adquiridos en el mercado secundario en numerosas ocasiones por precios superiores a los 100.000 euros, configuraban su propio plan de jubilación. Si desaparece la limitación a la VTC, lo lógico es que esos activos valgan mucho menos. Desde Fedetaxi advierten: hay casi 8.000 millones de euros en juego por este capítulo.
Desde la asociación Élite Taxi, la más beligerante y extremista del sector, no se muestran especialmente optimistas. "No tenemos muchas razones para confiar en la Justicia", asegura a este medio el líder de la organización en Barcelona, Tito Álvarez, quien alerta de la "burbuja" que se ha creado en el sector.
Los 'señores' de las VTC, a la expectativa
La otra gran parte del sector que no estará presente en la vista pero que se juega mucho en este 'macrojuicio' es el de los gestores de flotas. Hasta ahora, el sector de la VTC estaba marcado por una mayor atomización, que ha ido girando hacia una configuración en el que un puñado de operadores controlan buena parte del mercado. Estos, que en no pocos casos han invertido millones de euros en la adquisición de licencias, se juegan buena parte de sus desembolsos. King Street Capital, Gesstaxi (con el 'ex jefe' del taxi, José Antonio Parrondo, a la cabeza), Rosauro Varo...
Algunos de los grandes operadores que controlan buena parte de las licencias que hoy por hoy están en el mercado han decidido acudir a la administración durante los últimos meses para reclamar licencias, confiando en que el Tribunal Supremo tumbaría la limitación y, por tanto, se abriría la puerta a la concesión de todas esas licencias por vía judicial.
Según confirman a La Información fuentes oficiales de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, desde el año 2015 se han solicitado 10.600 licencias en esta comunidad (todas ellas denegadas), aunque no precisan si muchas de estas han sido reclamadas durante los últimos meses. Varias fuentes del mercado aseguran que ha habido un incremento importante de peticiones durante los últimos meses cifrando el número de solicitudes pendientes en más de 30.000.
¿Qué pasaría con todas ellas? Esa es la gran incógnita. Si el Tribunal Supremo decide tumbar la limitación, volvería a haber un nuevo 'agujero' por el que recurrir todas las denegaciones a esas licencias. Sin embargo, ya hay quien en el sector da por hecho que el Gobierno no lo permitirá. Habrá limitaciones. Desde el Ministerio de Fomento aseguran fuentes oficiales que no está sobre la mesa ningún decreto ley que aprobar con el que tratar de poner coto al aluvión de licencias por la sentencia del TS. Sin embargo, otras fuentes del mercado aseguran que es una posibilidad que se contempla.
El Tribunal Supremo deberá pronunciarse en su sentencia más importante. Mientras tanto, el sector aguanta la respiración.
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