Apenas dos semanas para que el pleno del Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre uno de los asuntos clave para el sector del transporte urbano. El próximo 8 de junio se leerá la sentencia tras la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre si realmente la limitación en el número de licencias VTC, utilizadas por Uber y Cabify, es contraria al derecho europeo. Desde que el Tribunal Supremo decidiera abrir este ‘melón regulatorio’ a mediados de 2021 ha admitido más de una treintena de recursos que suman más de 25.000 licencias solicitadas, especialmente en Madrid.
Hace más de seis años, el Supremo se encontraba en una situación similar. Optó por abrir la mano e instaurar una jurisprudencia que hizo saltar por los aires el sector: la llamada ‘ley ómnibus’ permitía que se otorgaran licencias solicitadas antes de 2015. Después siguió un aluvión de autorizaciones que dejó obsoleta la ratio de 1-30. Se pasó de unas 2.000 autorizaciones en 2014 a más de 11.000 en 2018 (hoy hay activas casi 8.800 después de las regulaciones autonómicas). Ahora se enfrenta a una situación similar. De su decisión dependen miles de licencias reclamadas por particulares y empresas en Madrid o Barcelona.
El primer recurso que admitieron a trámite fue en julio de 2021. Tal y como avanzó La Información entonces, abrió la puerta a estudiar un nuevo caso con el objetivo de “reforzar, completar, matizar o corregir” su propia sentencia de 2018 en la que respaldó la ratio de 1 VTC por cada 30 de taxis. Aseguraba que en ese pronunciamiento no se analizó si respetaba la libertad de establecimiento de las empresas o si suponía una ayuda de estado al sector del taxi en base al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No lo hacía ‘motu proprio’, pues ya varios meses antes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había presentado cuestión prejudicial a Europa poniendo precisamente sobre la mesa este asunto. El Alto Tribunal pidió que se unificaran ambos casos. No habría sido así, pues el pronunciamiento del próximo 8 de junio se refiere a la cuestión planteada por el TSJ de Cataluña. Lo lógico es que en este primer 'round' se hagan extensivas las conclusiones al del Supremo.
La Sala de lo Contencioso ha ido calcando los autos de admisión uno tras otro durante estos casi dos años. En concreto, según ha podido comprobar La Información, se han admitido un total de 34 reclamaciones por parte de empresas y particulares tras el ‘no’ de los respectivos tribunales de comunidades autónomas. Cabify, a través de su filial principal en España y de Vector Ronda Teleport SL, suma más de 23.000 autorizaciones pedidas. Las resoluciones de la Comunidad de Madrid -todas están pedidas en la capital- denegando la ‘luz verde’ se sitúan entre abril y diciembre de 2018.
El resto de las licencias hasta sumar más de 25.000 son reclamadas en Cataluña por parte de usuarios particulares y algunas sociedades. Hay un par de paquetes relevantes de 250 y 300 solicitadas por personas. Pero estas, previsiblemente, no son las únicas que están a la espera de sentencia. Hay más recursos presentados ante tribunales superiores de justicia que han sido recurridos ante el Tribunal Supremo y aún no han llegado a la Sala de Admisión. Es decir, se trataría de una cifra elevada teniendo en cuenta las que hoy por hoy hay activas.
La admisión de esas licencias está sobre la mesa del TJUE, pues si se elimina la restricción de 1 a 30, podría darse luz verde a las licencias. Pero hay que tener en cuenta que hoy por hoy existe el ‘decreto Ábalos’, una medida que da vía libre a las comunidades para regular con una potencial segunda licencia. Y es eso justo lo que también dilucidará el tribunal el próximo 8 de junio. Pues hay dos cuestiones que se unifican: la del TS y la del TSJ de Cataluña en la que no sólo le pide que se pronuncie sobre el 1-30 sino también sobre si esa normativa europea se opone a una norma nacional (el ‘decreto Ábalos’) que “sin motivo plausible alguno establece una segunda autorización y requisitos añadidos”. Es decir, en manos del tribunal europeo está la regulación prácticamente al completo del sector.
El TJUE no sólo estudiará si la normativa europea permite la ratio 1-30 de VTC y taxi sino también si se puede imponer una segunda licencia
Hoy existen regulaciones más laxas con la VTC como la de Madrid o la de Andalucía y más restrictivas, como la de Valencia o la de Barcelona. En esta última ciudad la situación se ha complicado para algunas grandes flotas de VTC, pues decenas de sus licencias no se han renovado porque la Consejería de Transportes confirma que no cumplen con la normativa y no puede contar con esa segunda licencia que ahora el TJUE podría tumbar. Ha sucedido con Auro New Transport y también con Cabify (a través de Prestige and Limousine y Vector Ronda Teleport). Si el TJUE vota a favor de mantener las restricciones, éstos quedarán sin opciones de operar allí. Todos los ojos están puestos en Luxemburgo.
También los ojos del sector del taxi. Las principales asociaciones han presionado para que se mantenga esta regulación que restrinja la actividad de las VTC en las principales ciudades. Especialmente en Barcelona han sido muy beligerantes contra las plataformas que utilizan estas autorizaciones, como Uber, Cabify o Bolt. Quedan apenas unas semanas para que el tribunal ponga negro sobre blanco. La alargada sombra de miles de licencias sigue sobre el sector.
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