Diez años. Un puñado de huelgas, seis decretos-ley, decenas de protestas y centenares de sentencias judiciales. Es el resultado de la guerra del taxi contra las llamadas licencias VTC (arrendamiento de vehículos con conductor). Una guerra que arranca en 2009 con una Ley Ómnibus que abre la puerta a la liberalización -germen del enfrentamiento actual- y que acaba con el segundo paro indefinido de los taxistas en las dos grandes ciudades españolas.
2009: Con Ómnibus empezó todo
A las puertas de la Navidad de 2009, el Gobierno aprueba en el Congreso de los Diputados la llamada 'Ley Ómnibus', con la que modifica diversas leyes para su adaptación a la normativa liberalizadora impulsada por Europa. Uno de los sectores afectados era el de las VTC. Las numerosas protestas del taxi no fueron obstáculo para su 'luz verde'. El sector advertía de lo que podía suceder con la eliminación del artículo 21 de la Ley de Transportes: las VTC podían convertirse en una competencia real para ellos en un posible aluvión de licencias.
María Antonia Trujillo, exministra de Vivienda y diputada del PSOE, fue la encargada de defender Ómnibus en el Congreso. En aquel 2009, argumentó algo que suena muy familiar hoy: "Taxi y alquiler de vehículo con conductor (VTC) son productos diferentes". Relacionaba a la VTC con un vehículo de lujo cuyo cliente no chocaba con el del taxi. En ese tiempo, Cabify y Uber -que democratizaron el acceso a estos servicios y eliminaron los tiempos de espera para la contratación de estos servicios- eran entelequias en España.
2011: las primeras sentencias
Algo menos de dos años después tuvieron lugar las primeras consecuencias de esa 'Ley Ómnibus'. Salas de lo Contencioso de Tribunales Superiores de Justicia de comunidades autónomas daban los primeros pasos de lo que posteriormente sería un aluvión de licencias. Las primeras sentencias favorables se dieron en Madrid y beneficiaron a compañías históricas del sector y particulares que vieron el 'agujero' en la ley. Los fallos se dieron en 2011, tras el 'no' de las comunidades un año antes. La tendencia era evidente. Aunque quedaba mucho por llegar.
2013 y 2014: primer decreto y aterrizaje de Uber
Desde ese año 2011 hasta 2013 se emitieron por los jueces, al menos, una decena de sentencias favorables a otorgar varios centenares de licencias VTC que, evidentemente, echaban por tierra la famosa ratio 1-30. La reacción del Gobierno de Rajoy no se hizo esperar y aprobó una nueva modificación de la LOTT para parar la sangría.
En el sector del taxi empezaba a cundir la incertidumbre. Y el culmen fue el aterrizaje de Uber en Barcelona. La compañía estadounidense llegaba en abril de 2014 con su servicio más polémico y agresivo: Pop. Con él no requería autorizaciones al conductor, que podía ser un particular. Tras meses de durísimos enfrentamientos en las calles de la ciudad condal, un juez de lo Mercantil de Madrid lo suspendió cautelarmente mientras decidía si ejercía o no competencia desleal.
2015 y 2016: más sentencias y mucha batalla en la calle
Tanto en 2014 como en 2015 los más avispados del sector de la VTC siguen reclamando vía judicial las licencias. ¿La razón? Entienden que el decreto del Gobierno para modificar la Ley de Transportes no es suficiente y la falta de un reglamento hace que desde 2013 siga existiendo el 'agujero'. El Gobierno se da cuenta y decide frenarlo con otro decreto más para poner en marcha las 'reglas de juego' a finales de 2015.
Mientras todo esto sucede, Uber se reconvierte. En un movimiento que cambia el panorama en el sector, la compañía decide internarse en el sector de las VTC, al igual que su competidor español Cabify. Los dos gigantes empiezan a dar los primeros pasos a las puertas del gran aluvión de licencias, del que se beneficiarían meses después.
Lo que siguió después, en los primeros meses de 2016, fue una dura batalla en las calles de Madrid y Barcelona, con fuertes protestas del sector del taxi en las que ganó mucho peso una organización, Élite Taxi, que hasta entonces era desconocida y hoy es clave para entender el devenir de los acontecimientos. Las quejas no sólo iban dirigidas contra el Ministerio de Fomento, sino contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo presidido por José María Marín Quemada se convirtió en uno de sus grandes enemigos debido a un polémico informe -que finalmente no vio la luz oficialmente- en el que exigía una liberalización total del taxi para "derribar el monopolio" construido durante décadas.
2017: sentencia clave y la creación de grandes grupos
En 2017 se mantuvo la fuerte presión en las calles de los taxistas. Pero en paralelo, el sector de la VTC se organizó. El mayor dueño de licencias, Ares Capital (de los hermanos Ortigüela), negoció la venta de la compañía a un megafondo de inversión. Una operación que acabó firmándose a principios de 2018. Pero no era el único movimiento. Inversores de capital riesgo vinculados con empresas de internet -Félix Ruiz, Zaryn Dentzel, Kibo Ventures...- y con sectores más tradicionales -Jaime Castellanos, Manuel Puga, Rafael García-Tapia- crearon sendos grupos (Auro New Transport y Moove Cars).
Para cerrar el círculo, el exdueño de Pepephone, Rosauro Varo, unió fuerzas con Cabify e inyectó decenas de millones de euros en una de las filiales de la española que se acabó convirtiendo en la empresa Vector. Lo que en un principio era un mercado de conductores autónomos que se conectaban a las plataformas Uber y Cabify se convirtió en un puñado de grupos que controlaban buena parte de la actividad.
A finales de año sucedió algo clave: el Tribunal Supremo confirmaba en dos sentencias clave que el decreto de 2013 fue un fracaso y no cerró el 'agujero' para reclamar licencias. Abría la puerta así a miles de licencias reclamadas entre ese año y 2015. Más permisos para calentar aún más el mercado.
2018: el aluvión se consuma... y administraciones se mueven
El arranque del año 2018 puso de nuevo el foco en el Tribunal Supremo. La CNMC iniciaba una batalla contra el Gobierno: quería eliminar las limitaciones impuestas durante años a la VTC. El juicio acabó en una sentencia que sorprendió al propio Ejecutivo (y al sector del taxi). Respaldó claramente el ratio 1-30.
Mientras el aluvión de licencias en los tribunales se mantenía, Barcelona trató de blindar al taxi tras la presión. Un intento el de Colau que acabó en suspensión cautelar y la primera huelga indefinida. Unos meses después, en octubre, Fomento salió de nuevo en defensa del taxi y planteó un decreto para restringir aún más la VTC. Un decreto que no ha tenido efecto inmediato en la regulación en las autonomías, lo que ha llevado a los paros que hoy hay convocados en Madrid y Barcelona. Unos paros que coronan diez años de batalla desde que el Congreso de los Diputados aprobara la Ley Ómnibus en aquel lejano 2009.
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