Han pasado siete meses desde que el Banco de España activó el registro de proveedores de criptomonedas y, desde entonces, apenas nueve empresas han sido capaces de superar los controles antiblanqueo aplicados por el supervisor. Bitbase, Bit2Me (Bitcoinforme), CriptoCambio (C.R. Tecnología), Blox, Trade Republic, Globalstar, Onyze, BTC Direct y BitGo han conseguido el aval del supervisor, aunque todavía siguen en cola y bajo análisis varios exchanges como los polémicos Binance o Huobi, según han trasladado fuentes conocedoras a La Información.
Es previsible que el goteo de altas en el registro continúe, aunque no de forma masiva. El Banco de España tiene un plazo de tres meses para resolver las solicitudes de inscripción, si bien durante el proceso las peticiones de documentación adicional están siendo abundantes. La mayoría de estas empresas no están acostumbradas a 'navegar por estas aguas' enfrentándose a requisitos de información tan arduos y complejos, por lo que es común que presenten sus solicitudes de forma incompleta.
En realidad, entrar en el registro de la autoridad presidida por Pablo Hernández de Cos no es obligatorio. La mayoría presenta su petición de alta como acto de buena fe y para demostrar transparencia, aunque lograr la autorización también les permite mejorar su carta de presentación de cara a la entrada de potenciales inversores. Igualmente supone una credencial frente a los clientes, sobre todo en un contexto en el que no existe supervisión regulatoria alguna sobre esta actividad.
La mayoría presenta su solicitud de registro como acto de buena fe, para mejorar su carta de presentación de cara a atraer inversores y como credencial ante los clientes
En todo caso, para muchos de estos exchanges la regulación y la obtención de todas las certificaciones posibles suele ser siempre una prioridad a nivel global para evitar en última instancia controversias como las padecidas por Binance en Reino Unido, donde la FCA -el homólogo de la CNMV- ordenó su salida inmediata del mercado británico a finales de junio del año pasado ante las preocupaciones acerca de la protección al consumidor. El gigante chino se alió hace unos meses con Paysafe, un proveedor de pagos con sede en Londres, para reabrir sus operaciones en el país y esquivar el veto de la autoridad de conducta.
Por el momento no existe ninguna normativa que regule y supervise la actividad de los proveedores de monedas virtuales, ni a nivel nacional ni comunitario. Sin embargo, en España se han establecido dos herramientas de vigilancia. La primera es mediante el control de la publicidad, un poder en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La segunda es el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, cuya potestad la ejerce el Banco de España y en virtud del cual se garantiza únicamente que existen los procedimientos y órganos adecuados para la prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
En todo caso, para el Banco de España es importante aclarar que el visto bueno de entrada al registro no implica autorización prudencial. El propio De Cos ha reiterado en diferentes actos públicos que la inclusión de una entidad en este listado no garantiza que el proveedor sea solvente o tenga las capacidades técnicas necesarias para el correcto desarrollo de su actividad. Tampoco impone requisitos específicos de transparencia frente a los clientes. "Esta iniciativa es solo un paso adelante. No debe interpretarse como una autorización equiparable a la que se conceden a los bancos, ni implica supervisión alguna", indicaba el gobernador recientemente durante su intervención de clausura del Masters in Finance de Esade.
En Europa se trabaja desde el otoño de 2020 en poner en marcha el Reglamento para un Mercado de Criptoactivos, conocido como MiCA, que permitirá contar con un respaldo legal, aunque su entrada en vigor tiene tintes de dilatarse en el tiempo. No fue hasta mediados de marzo de 2022 cuando el Parlamento Europeo decidió iniciar las negociaciones interinstitucionales sobre el borrador final, si bien existen muchas discrepancias. De Cos es consciente de las dificultades inherentes a cualquier trabajo de coordinación internacional, a lo que se suma la tarea que ocupa, que por sus características, es particularmente compleja: dinamismo, carácter descentralizado, complejidad y riesgos asociados, carencias de información, confiabilidad y consistencia.
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