El decretazo de Moncloa contra el impacto de la guerra en Ucrania ha puesto contra las cuerdas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se ha visto abocada a trabajar por encima de sus capacidades ante el exceso de funciones que le atribuye el reciente plan de choque. Ante esta situación, el organismo supervisor no descarta pedir refuerzos para cumplir con el conjunto de responsabilidades que le ha atribuido el Gobierno.
El real decreto 6/2022 que aprobó el Consejo de Ministros este martes alude en 68 ocasiones al organismo que preside Cani Fernández. El dato es anecdótico, pero no su impacto. La máxima responsable de la CNMC ha admitido, en conversaciones con La Información, que el organismo está analizando el real decreto para cuantificar el impacto de la nueva norma en la actividad de la institución y que, en caso de considerarlo necesario, pedirá refuerzos a las autoridades pertinentes.
Moncloa espera que la CNMC articule varios puntos clave del plan de choque. Entre ellos, se contempla que sea Competencia quien proponga al Ministerio para la Transición Ecológica que preside Teresa Ribera las cuantías a financiar en concepto de bono social y coste de suministro de los consumidores que le corresponde a los distintos operadores en virtud del reciente decreto. A mayores de la polémica que históricamente ha levantado esta medida -el lobby eléctrico la ha tumbado hasta en tres ocasiones en los tribunales, con importantes consecuencias económicas para el Estado-, el Gobierno ha dado al supervisor un mes de plazo para culminar la tarea.
La presidenta del supervisor ha asegurado que la asistencia técnica de la CNMC es crucial para garantizar la plena eficacia de las recientes medidas, una labor en la que el organismo va a poner su todo su empeño, pero no ha dejado de admitir que el supervisor está trabajando al máximo de sus posibilidades. La lista de tareas es amplía. Competencia deberá velar por que las distribuidoras de luz apliquen el recorte del 80% de los peajes que pagan los consumidores electrointensivos.
El real decreto también otorga al supervisor la función de controlar que las petroleras cumplan con la aplicación, a todos sus consumidores, del descuento de 20 céntimos por litro de carburante en surtidor a la que se ha comprometido el Ejecutivo. La CNMC se encargará, además, de adaptar las liquidaciones del llamado Recore (renovables, cogeneración y residuos) al ajuste adelantado que ha aprobado el Gobierno. Las 160 páginas del real decreto incluyen otras tareas adicionales al supervisor.
Competencia ya se vio desbordada por el exceso de funciones que le encargó el Gobierno el pasado otoño, en el marco de la primera reforma que impulsó Ribera
No es la primera vez que la lucha del Ejecutivo contra la escalada de los precios en el mercado energético deriva en una carga de trabajo adicional para el supervisor. Ya ocurrió con el primer intento del Ejecutivo de minorar los beneficios extraordinarios de las eléctricas el pasado otoño. Entonces, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, encargó a Competencia que examinase los contratos de las eléctricas para detectar qué compañías habían cobrado por la luz un precio superior al tope marcado en el real decreto 17/2021. Por encima de este umbral quedaban todos los contratos que hubieran incorporado un coste del gas superior a 20 euros.
La CNMC se opuso a sumir esta ingente tarea cuando fue llamada a filas por la responsable de política energética. Ya entonces la institución que dirige Fernández alegó una acuciante falta de recursos propios, como avanzó La Información. El Gobierno acabó mandatando a Red Eléctrica (REE) para este trabajo, lo que puso a la empresa que preside Beatriz Corredor en el foco de la polémica. El caso sentó precedente. No se descarta que el Ejecutivo vuelva a recurrir a la empresa semipública para aliviar la carga de la CNMC.
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