Las decisiones de los agentes económicos son especialmente sensibles a los vaivenes políticos. Más en un sector como el inmobiliario. Quedó claro cuando el Gobierno tuvo que intervenir el mercado hipotecario ante la parálisis que provocó el caos sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y lo hemos vuelto a comprobar ahora con el real decreto ley visto y no visto que introducía cambios significativos en el alquiler de vivienda. En apenas un mes en vigor se ha llevado por delante más del 30% de las firmas de contratos, según diversos datos a los que ha tenido acceso La Información.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de diciembre su Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. El texto se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 18 de diciembre y entró en vigor al día siguiente. Desde entonces, y hasta que el Congreso de los Diputados tumbó la nueva normativa en la jornada de ayer, 36 días después, las firmas de contratos de alquiler de viviendas han registrado una caída superior al 30% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos recopilados por Alquiler Seguro para este medio.
Esta empresa privada dedicada a la gestión integral del alquiler de vivienda y especializada en la protección a propietarios ha monitorizado la evolución del mercado durante la treintena de días de vigencia del real decreto ley que, entre otras medidas, ampliaba de 3 a 5 años el plazo mínimo legal del contrato y limitaba a dos meses el máximo de fianza, y ha constatado un fuerte frenazo en la firma de contratos de alquiler.
Una tesis que también comparten otros grandes actores del mercado del alquiler, tanto tenedores de vivienda como gestores de propiedades. "La incertidumbre del mercado siempre provoca dudas en los consumidores", señalan. "Por ambas partes -tanto el propietario como el cliente- se han retrasado operaciones en este periodo de tiempo", confirman, pero declinan dar datos más concretos al considerar que el periodo no es lo suficientemente representativo.
El cambio normativo a favor de los inquilinos impactó de lleno en la oferta de viviendas e hizo replantearse a una gran cantidad de propietarios la venta de sus activos. Así lo explica el consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, que revela que "muchos propietarios paralizaron las firmas previstas, a la espera de la convalidación del decreto en el Congreso", a la vez que la incertidumbre generó un "miedo al alquiler" en algunos inquilinos que se decantaron por la compra. En este sentido, muchos fueron directamente "expulsados del mercado", aseguran desde la compañía.
Carroza recuerda que "el arrendador busca estabilidad, una renta fija y una rentabilidad a largo plazo". Unas condiciones que, a su juicio, no se han dado en el último mes. "Estábamos pendientes del posicionamiento de los diputados ante un texto legal que se ha elaborado sin el consenso entre los partidos políticos y sin consultar al sector, y esta inseguridad jurídica ha frenado tanto la oferta como la demanda", explica. Sobre todo, porque "ni propietarios ni inquilinos van a firmar unas condiciones sin saber a qué situación se enfrentan", concluye Carroza.
Esta parálisis que refleja la base de datos de la firma y que constatan otros miembros del sector tardará aún unos meses en constatarse en los registros de agencias inmobiliarias como Idealista, que registra las tendencias a medio plazo. Por el momento, su jefe de Estudios, Fernando Encinar, considera que el resultado de la votación en el Congreso "pone de manifiesto que el decreto no contaba con el consenso de partidos, inquilinos ni propietarios. En su opinión, se abre ahora "un periodo de reflexión que debería llevarnos a tomar medidas encaminadas a aumentar la oferta, a mejorar la calidad de la ya existente y a que los precios se sitúen en niveles razonables".
Del mismo modo, otras firmas también dedicadas al alquiler de vivienda, como Blackstone, confirman la vuelta a la normativa anterior como algo "positivo para el funcionamiento del mercado", señala a La Información Eduard Mendiluce, CEO de Anticipa y Aliseda, dos de las marcas de Blackstone en España.
Avance contrario al del resto de Europa
La normativa que este martes fue rechazada por el Congreso de los Diputados avanzaba en sentido contrario a la de otros países europeos, algo que han recalcado los expertos del sector desde su planteamiento inicial. "Nos alejaría definitivamente de Europa en el objetivo de consolidar una oferta de vivienda en alquiler profesionalizada y de calidad", continúa Mendiluce.
"Cualquier intento futuro de alargar el plazo de los contratos o de imponer límites a las rentas de los alquileres tendrá efectos contrarios a los que persigue: la sobrerregulación del mercado del alquiler provocaría una reducción de la oferta de viviendas, aumentando las dificultades para los ciudadanos para acceder a casas en régimen de arrendamiento", señala el ejecutivo.
El ejecutivo del mayor tenedor de vivienda del país apremia a los partidos a abrir un debate con el sector que establezca un "un marco normativo sensato que favorezca el acceso a los ciudadanos a la vivienda y la seguridad jurídica tanto para los arrendadores individuales como para los profesionales".
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