Primero sucedió en Madrid. El decreto aprobado por el Gobierno atrajo a los primeros oportunistas que ofrecían 20.000 euros por cada licencia VTC, que pasaban a tener una fecha de caducidad de cuatro años. Y ahora pasa en Cataluña, tras el decreto de la Generalitat que han obligado a suspender sus servicios a Uber y Cabify. Algunos ya ofrecen entre 5.000 y 10.000 euros por permisos en esta comunidad, hasta diez veces menos de lo que se llegó a pagar hace un año.
Todos los actores en el sector de la VTC dan por hecho el desplome del valor de las licencias como activos, que dispararon su precio en los tres últimos años. La opacidad en este mercado secundario es casi total, al igual que en el taxi. Las transacciones -normalmente a través de la compra de sociedades que ostentan estas licencias- no son públicas. Pero diferentes fuentes consultadas señalan que se llegaron a pagar más de 50.000 euros por permisos individuales y precios sensiblemente más bajos por paquetes de decenas o centenares de ellos. Ahora, surgen los primeros ofrecimientos con precios de derribo. En los portales de anuncios especializados ya han aparecido los primeros ofrecimientos de hasta 5.000 euros.
"Pueden anunciarse lo que quieran, pero nadie va a vender a esos precios... sería absurdo, porque nadie se va a deshacer de un activo por el que, con toda seguridad, te van a acabar indemnizando con miles de euros", explica una fuente de uno de los grandes grupos gestores de flotas del sector, quien insiste en que no conoce ni una sola transacción que se haya completado en las últimas semanas, a la vista del decreto catalán, con precios de este tipo.
Esa indemnización es lo que buscarían estos oportunistas. Invertir una cantidad ridícula para después poder ingresar ese pago por parte del Estado o las comunidades en forma de compensación. Hay otra opción, según explican otras fuentes del sector: que empresarios 'tradicionales' que trabajan al margen de Uber y Cabify que no se vean afectados por el decreto (trabajan con reservas de días e incluso horas de sus servicios) busquen hacerse con esos activos a precio de ganga.
1.200 millones de indemnización
Más allá de estas ofertas, la realidad es que desde las 00:01 horas de hoy, el decreto de la Generalitat entra en vigor y las grandes plataformas suspenden su actividad. La reacción no se va a hacer esperar: los equipos jurídicos de las grandes empresas del sector preparan demandas individualizadas para cada empresa o grupo. Pedirán daños y perjuicios por dos conceptos. Por un lado, el lucro cesante, es decir, el dinero que no dejará de ingresar durante la vida útil de sus activos. Por otro, el daño patrimonial precisamente por el desplome del valor de las licencias.
En total, todas las compañías del sector buscan reclamar a la comunidad autónoma en torno a 1.200 millones de euros, según confirma Pedro Rodero, socio director del bufete Ontier y asesor legal del grupo Vector Ronda Teleport, que cuenta con cerca de un millar de licencias sólo en Barcelona. Pero no será la única vía que utilizarán en esta ofensiva legal lanzada a partir de esta entrada en vigor del decreto.
Quieren lograr la suspensión cautelar. Y esta no la van a tener tan fácil. Desde un punto de vista procesal es mucho más complejo. ¿Las alternativas? Hay dos. Una, aprovechando lo que llaman 'acto de aplicación' del decreto, es decir, una sanción o expediente iniciado contra el titular de la licencia. Éste podrá interponer recurso en el marco del cual se puede solicitar al juez la suspensión de ejecución. La otra herramienta es el propio reglamento que haga cada uno de los municipios: frente a las ordenanzas municipales se puede interponer un recurso contencioso que plantee medidas cautelares.
11.000 reclamaciones al Estado para 4.000 millones
El de Cataluña es un frente que se abre hoy viernes, con la entrada en vigor del decreto. Pero el del Estado ya se abrió hace más de un mes. Justo antes de que acabara el año 2018, los empresarios presentaron más de 11.000 reclamaciones por cada una de las licencias VTC. ¿Por qué configurarlo así? El ejército de abogados de todas estas compañías siguieron el mismo procedimiento que el decreto planteaba para pedir una ampliación de los cuatro años de 'periodo de gracia'.
En total, las peticiones de indemnización ascenderán a algo más de 4.000 millones de euros. Pero, ¿cómo 'atacarán' al llamado Decreto Ábalos? Varios abogados consultados entienden que vulnera la Constitución en la forma en que se delegan las competencias de regulación de las VTC a las comunidades autónomas; que incumplen normas de derecho de la competencia. "Es una expropiación y los justiprecios no se respetan", aseguran.
Cataluña amenaza con recuperar las VTC inactivas
Ante la marcha de los principales gestores de flotas, el Govern ha movido ficha la mañana de este viernes. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha amenazado con recuperar las licencias VTC que queden inactivas, planteando una batalla jurídica.
"Estas empresas han anunciado que se van, pero las licencias se quedan. Hay vida más allá de Uber y Cabify. Estudiaremos la manera de que no secuestren las licencias, de que no las retengan de manera casi especulativa", ha dicho.
Parrondo, el último en rendir cuentas de 2017
¿En cuánto valoraban sus activos los grandes grupos de la VTC? No hay cifras actualizadas, pero después de que Auro New Transport -la flota liderada por el exjefe de los taxis, José Antonio Parrondo- acabe de presentar cuentas en el Registro Mercantil, sí se pueden analizar las de 2017, el año de su aterrizaje en el sector.
Auro adquirió nueve sociedades propietarias de licencias VTC durante ese ejercicio 2017, en el que aterrizaron en el consejo algunos de los inversores de internet como Félix Ruiz (Jobandtalent), Zaryn Dentzel (Tuenti) o Hugo Arévalo (Hawkers)-. El valor contable de todas ellas sumaban 38,6 millones de euros. La propia matriz añadía 7 millones de euros de un activo intangible que, con toda seguridad, serían las propias licencias que tenía a su nombre.
Lo llamativo de sus cuentas no es el negocio -ingresó 4,3 millones con 320.000 euros de pérdidas-, sino las deudas financieras. En total, a cierre de 2017, contaba con 4,9 millones de euros de deuda a través de 'leasing' de los coches con bancos. Pero la cifra más llamativa es la de 'Deuda con características especiales', sin precisar a qué se refiere. Aquí se incluyeron 39,2 millones de euros, para lo que se pignoraron todas las participaciones de las compañías adquiridas. Esta y otras deudas son las que tuvo que refinanciar y abordar con la nueva ronda de financiación que cerró 'in extremis' hace casi dos meses.
¿Y los otros grupos?
Los otros dos grandes grupos ya presentaron cuentas de 2017. Moove Cars, donde se encuentra Jaime Castellanos (Lazard) y otros empresarios, cerró con 10 millones de ingresos y pérdidas de 1,5 millones. Admitía 1,7 millones de euros del valor meto de sus 75 licencias (algo más de 23.000 euros cada uno) e informaba de la compra de una docena de empresas con permisos que sumaban una inversión de 21 millones (y de los que se desembolsaron apenas 2,9 millones).
Vector es el otro gran grupo. Liderado por el empresario Rosauro Varo, con Cabify como accionista minoritario, ingresó 8 millones con pérdidas de 2,9 millones. Declaró 14,8 millones de valor de sus licencias a cierre de ese año, junto con los 12 millones a los que tasaban contablemente dos de sus primeras adquisiciones de sociedades.
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