Dos Españas separadas por una regulación. El decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez el año pasado ha dividido al país por las restricciones impuestas a las plataformas Uber y Cabify. Andalucía y Madrid se mantienen como los dos grandes 'oasis' para estas compañías, mientras que Cataluña, Valencia y Euskadi han levantado murallas en forma de precontratación de estos servicios.
Era el mes de octubre. Tras una dura huelga del sector del taxi, el Gobierno aprobaba con los votos de los partidos nacionalistas vascos y catalanes y Podemos un decreto ley que imponía una serie de límites a los dueños de licencias VTC -explotadas en Uber y Cabify-. El más importante: otorgaba un periodo de gracia de cuatro años para convertir estas licencias en interurbanas -no podrían hacer servicios en la ciudad, lo que supone más del 95% de todos los realizados por ambas compañías-. Y otra, que ha resultado ser más decisiva en el corto plazo: habilitaba a las comunidades para regular dichos servicios.
Ese último movimiento abrió la puerta a una palabra que hasta ese momento había pasado muy desapercibida: precontratación. Como ha sucedido en otras ocasiones, Cataluña fue la pionera. La Generalitat fue la primera que aprobó un decreto por el que se imponía un tiempo previo de espera de 15 minutos -que posteriormente se ha ampliado a una hora en un reglamento impulsado por Barcelona- entre que se contrataba el servicio de transporte en coche con chófer privado y se hacía efectivo. Supuso la 'muerte' para estas dos compañías, que vivían de las reservas inmediatas de coches. Era sólo el principio.
Después de Cataluña muchas de las comunidades en las que Cabify y Uber están presentes o tienen una importante flota de licencias VTC intentaron seguir sus pasos. O, al menos, tuvieron sobre la mesa la posibilidad de introducir el cambio. Los que aprobaron formalmente esa precontratación y algunas restricciones más sobre captación de usuarios y utilización de la geolocalización de los vehículos en las diferentes aplicaciones fueron Valencia (una hora de espera), Euskadi (una hora), Baleares (30 minutos) y Aragón (15 minutos).
Obviamente, por número de licencias y por expansión de Uber y Cabify allí, Cataluña y la Comunidad Valenciana han sido los mayores golpes para el sector de la VTC. En Barcelona y Valencia, solo sigue operando Cabify, que decidió desafiar a ambas administraciones públicas con una fórmula en la que se saltaba esa precontratación previa (hacía firmar un contrato anual para sólo respetar ese tiempo en el primer servicio) y que ya han merecido varias sanciones por parte de la Generalitat catalana. El caso del País Vasco es más curioso, pues esta regulación más restrictiva fue más una medida preventiva. Ninguna de las grandes plataformas tecnológicas han aterrizado aún en las principales capitales y las limitaciones fueron pactadas por taxi y VTC. Éstos últimos son, en su mayoría, empresarios tradicionales del sector.
Madrid y Andalucía se niegan
Las dos únicas plazas importantes que se resisten a implantar esa precontratación son Madrid y Andalucía. La primera decidió no aprobarla pese a la presión del sector del taxi, con más de dos semanas de dura huelga en pleno Fitur del mes de enero. De hecho, liberalizó al taxi el pasado mes de abril, permitiendo pactar un precio fijo en los taxis antes del trayecto y compartir el vehículo. El cambio de Gobierno sigue en el aire y depende de las negociaciones entre PP, Ciudadanos y Vox. Todos estos partidos son partidarios, precisamente, de una regulación más favorable a Uber y Cabify.
Mientras tanto, la Junta de Andalucía, gobernada también por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, sigue en un 'tira y afloja' con el taxi. El Ejecutivo negocia el nuevo decreto con el sector con un primer borrador en el que se negó a incluir la precontratación. En cambio, lo único que ha planteado es la creación de estaciones base en las principales ciudades a las que los coches de Uber y Cabify deberían volver después de cada uno de los servicios. Pero con una condición que abre una puerta enorme para estas plataformas: ese regreso se hará solo si no tienen otro servicio precontratado. Mientras se aclara definitivamente la regulación, ambas siguen presentes en Sevilla, Málaga o Granada pues no hay ninguna restricción aún aprobada.
Otras comunidades como es el caso de Galicia -cuyo Ejecutivo planteó una precontratación de 3 horas el pasado mes de febrero- están en tramitación una regulación restrictiva. Y el resto son territorios que aún no tienen sobre la mesa limitaciones debido al escaso peso de la VTC y la ausencia de las grandes plataformas en esos mercados.
Demandas judiciales en marcha
Esta es la fotografía regulatoria del sector. Pero mientras continúa su configuración, en la trastienda se mantiene una batalla judicial soterrada. Los grandes dueños de licencias VTC ya han presentado demandas contra el 'decreto Ábalos' y contra la regulación impuesta en Cataluña. La judicialización es otro de los capítulos.
Con todo, desde ese mes de octubre del año pasado el sector ha vivido una particular sacudida regulatoria que ha dividido a España en dos. Madrid y Andalucía siguen ejerciendo de 'oasis' para las grandes compañías. Valencia y Cataluña exhiben sus murallas para tratar de frenar su rápido avance.
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