El Ministerio de Defensa ha ganado en la Audiencia Nacional la pugna que mantenía con Indra, Santa Bárbara y Sapa por los retrasos que se acumularon en la entrega de los prototipos del nuevo blindado del Ejército. La Sala de lo Contencioso ha ratificado la resolución en la que se imponían pagos por daños y perjuicios de varios millones de euros por esta causa. Los jueces entienden que no queda justificado por parte de las compañías que estas dilaciones fueron culpa precisamente de la administración. Los primeros vehículos de combate fueron entregados tres años después, en diciembre de 2022.
El origen del caso se fija en el verano de 2019. Las tres empresas solicitaron en esa fecha la tercera ampliación de plazo de entrega de esos prototipos que eran el paso previo antes de encargar la fabricación de los vehículos de combate. El Ministerio de Defensa, en una resolución firmada en noviembre y ratificada dos meses después tras el rechazo del recursos presentado por las compañías, autorizó esa petición y trasladó la fecha tope al 30 de mayo de 2020. Pero al contrario de lo que sucedió en las dos anteriores, lo hizo activando las penalidades contempladas en el contrato.
En concreto, según queda reflejado en la sentencia consultada por La Información, eran 14.715 euros diarios desde el 10 de julio de 2019 y de 18.400 euros a partir del 30 de noviembre. Es decir, para el primer periodo superaría los 2 millones de euros. En la sentencia no se hace referencia a cuándo fue el día exacto de entrega. Si fuera en la fecha tope marcada en la resolución, la multa ascendería a un máximo de algo más de 3 millones 'extra'. El contrato inicial tenía un importe de 89,2 millones de euros. Con los dos modificados rozó los 92 millones. Las empresas presentaron un recurso ante la propia administración imputando a ésta de las actuaciones que impidieron alcanzar los plazos y la inexistencia de incumplimiento culpable, junto con un desajuste de esos pagos impuestos.
Las compañías señalaban la "especial complejidad jurídica y técnica" del contrato. También defendían el "carácter no esencial" de los plazos de cumplimiento del contrato. Todas estas alegaciones fueron rechazadas por los magistrados. Respecto a las causas alegadas por las recurrentes con las que señalaban al propio Ministerio de Defensa, también fueron rechazadas. La Sala de lo Contencioso entiende que no están suficientemente justificadas. Da por buena la atribución del incumplimiento a la falta de recursos planteados por parte de la unión de empresas o la falta de celeridad en las negociaciones con los subcontratistas.
Descartada la posibilidad de 'tumbar' esas penalidades, las empresas también alegaron que había desproporción en las mismas. Creen que se acudió al 'tope' marcado por la ley y por las cláusulas del contrato, sin entrar a valorar las circunstancias o la falta de intencionalidad. La Audiencia insiste en que estos pagos no se impusieron por el defectuoso cumplimiento de la prestación objeto del contrato, sino por el retraso en los plazos.
"Ninguna de las razones en que se basa merece favorable acogida", concluye la Sala. Esta sentencia de la Audiencia Nacional, que está fechada el pasado 12 de abril, cierra la puerta a anular definitivamente esas penalidades. Pero aún queda margen ante el Tribunal Supremo. Las empresas españolas cuentan aún con la posibilidad de recurrir ante el Alto Tribunal y así agotar todas las vías. Tienen de margen hasta mediados del próximo mes de mayo para hacerlo.
Un vehículo de combate clave
El Vehículo de Combate sobre Ruedas 8x8 es una por la modernización de la infraestructura del Ejército. Estos nuevos Dragón van a sustituir a los obsoletos BMR. Su necesidad se puso de manifiesto en el año 2007. Un vehículo BMR sufrió un ataque en Líbano en el que murieron seis soldados españoles. Fue ahí cuando se puso en marcha el programa para sustituir la flota de blindados sobre ruedas. Sin embargo, el proceso se fue retrasando.
En diciembre de 2018 se autorizó un gasto de 2.100 millones de euros entre 2020 y 2025 para la entrega de una primera fase de 348 vehículos. Finalmente, el contrato, tras los retrasos, se firmó en agosto de 2020 con TESS Defence, la UTE conformada precisamente por Santa Bárbara, Indra, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering. El plazo de fabricación para los primeros 348 era de siete años y con un importe final de 1.740 millones de euros. El pasado mes de diciembre se entregaron de las siete primeras unidades.
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